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La verdadera justicia es políticamente incorrecta / Opinión
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Gobierno, jueces y magistrados deben hacer prevalecer siempre los derechos de las víctimas.

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La verdadera justicia es políticamente incorrecta / Opinión

Gobierno, jueces y magistrados deben hacer prevalecer siempre los derechos de las víctimas.

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Las mujeres arhuacas y las de todas las etnias tienen derecho a que el Estado las proteja.

Por cuenta de cinco siglos de relegación social y económica, de exterminio y, cómo no, de racismo, nuestros conciudadanos indígenas siguen reclamando del Estado y del resto de los colombianos un verdadero reconocimiento de sus derechos y la reparación, al menos simbólica, de una deuda histórica que no para de crecer.

Avergonzados del ‘indio’ –como si no lo lleváramos todos en la sangre, en el idioma y en la cultura–, muchos son los colombianos (y entre ellos numerosos políticos y gobernantes) que ven a los pueblos indígenas como ciudadanías de segunda clase, cuando no como una molesta presencia en los territorios del país.

(No deje de leer: Colombia y la ‘guerra fría’ con el Sistema Interamericano)

La certeza de esa deuda pendiente ha llevado a una paradoja: la prevalencia en lo público, en lo político y hasta en lo jurídico de un discurso políticamente correcto que ha inducido a convertir casi en tabú la discusión sobre situaciones de inequidad, de clara violación de los derechos humanos o incluso abiertamente delictivas que se viven en algunas comunidades indígenas.

Un informe de No es Hora de Callar acaba de poner el dedo en la llaga de uno de esos episodios. La campaña contra la violencia sexual liderada por Jineth Bedoya visibilizó a valientes mujeres de la comunidad arhuaca que reclaman que la justicia colombiana las proteja efectivamente de los abusos y violaciones cometidos por hombres de sus comunidades, entre ellos reconocidos líderes indígenas de la Sierra.

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La defensa de la autonomía de la justicia indígena frente a la del Estado fue uno de los grandes desarrollos de la carta del 91. Pero el mandato constitucional y los primeros avances jurisprudenciales establecían claramente que había delitos que no entraban en esa autonomía. En la última década, el asunto incluso dio lugar a una suerte de ‘choque de trenes’ entre la Corte Constitucional y la desaparecida Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que en una de las pocas actuaciones que podrían destacarse en su opaca existencia intentó imponer la tesis de que la violencia sexual no debía quedar en la justicia indígena.

Y la razón es clara: fuetazos, baños de hierbas o aislamientos temporales impuestos al violador no reparan, y menos protegen, a la víctima, y tampoco previenen nuevos crímenes sexuales. Las mujeres arhuacas y las de todas las etnias del país tienen derecho a que el Estado colombiano cumpla con su deber de protegerlas. A riesgo de parecer políticamente incorrectos frente a la autonomía de los pueblos indígenas, Gobierno, jueces y magistrados deben hacer prevalecer los derechos que casi siempre pasan de agache: los de las víctimas.

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JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET

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