Tras las grabaciones reveladas por Noticias Uno sobre las alertas que recibió en el segundo semestre del 2015 -en su condición de abogado privado- del controller de la Ruta del Sol sobre posibles irregularidades en contratos de Odebrecht, el fiscal Néstor Humberto Martínez, aseguró que para ese momento no se tenía certeza de que se trataba de sobornos y que esa fue una de las razones por las que entonces no se procedió a denunciar penalmente el hecho.
En un comunicado, Martínez Neira señaló que en el 2015, "por virtud de una vieja relación de amistad", Jorge Enrique Pizano -quien murió el jueves- lo buscó para "hacerle llegar al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo el resultado de unas investigaciones sobre contratos del Consorcio Ruta del Sol, dado que en la administración (del consorcio) 'no le paraban bolas' al respecto".
Odebrecht y Corficolombiana, de la organización Sarmiento Angulo, eran socios en el megaproyecto de la Ruta del Sol II. Para ese momento, Martínez Neira y su bufete asesoraban a Corficolombiana.
Por su condición de socio mayoritario, Odebrecht tenía bajo su responsabilidad la administración del proyecto.
En agosto pasado, EL TIEMPO reveló cómo desde mediados del 2015 Corficolombiana se opuso a varios contratos de la concesión -entre ellos el de Profesionales de Bolsa, que después terminó siendo cuestionado por la justicia colombiana- pero que la posición dominante de Odebrecht terminó imponiéndose.
Según el hoy Fiscal, "con el fin de cumplir el encargo cabalmente", preguntó a Pizano si las platas de esos contratos aparentemente irregulares podrían ser “coimas”, y que la respuesta que recibió fue que no había "certeza”, pues incluso el controller no descartaba un eventual "pago a paramilitares" enmascarado en un contrato. Según Martínez Neira, "la duda que le asistía (a Pizano) explica la razón por la cual no presentó denuncia alguna ante las autoridades".
Agregó que "de manera inmediata" entregó a Sarmiento Angulo "toda la investigación que preparó Pizano", y que ese informe fue la "base en la cual los consorciados llegaron a un acuerdo por virtud del cual Odebrecht se obligó a reintegrar al Consorcio Ruta del Sol la suma de $33.000 millones de los contratos cuestionados".
Y agrega: "Para ese fin, me fue confiada la redacción del contrato de transacción, previa advertencia de que la empresa brasileña no reconocía que dichos pagos fueran ilícitos, al extremo que –se me dijo- habían presentado un informe de una firma de auditoría internacional en ese sentido, pero que para mantener el acuerdo de asociación se había llegado a dicho reintegro".
Con la información disponible en ese momento --que no era concluyente sobre pagos delictivos y con el informe de la auditoría internacional presentado por Odebrecht-- Corficolombiana asumió que no se habían registrado pagos ilegales y procedió entonces a exigir la restitución para el consorcio de los dineros de los contratos cuestionados. También logró que los brasileños accedieran a mayores controles sobre los manejos administrativos del consorcio y a la conformación de un comité de ética. La base de ese acuerdo fue la garantía de Odebrecht de que sus actuaciones siempre fueron legales, situación que no correspondía a la realidad, como lo demostraría después la justicia.
El Fiscal señala que "sólo con la investigación de la Fiscalía en el año 2017 se pudo establecer con certeza que los 'hallazgos' de Pizano estaban relacionados con 'coimas', al punto que fue la Fiscalía la que dio a conocer que el monto de las mismas pasó de lejos de los $33.000 millones, suma a la que habían aludido inicialmente las autoridades extranjeras, y por ello se obtuvieron órdenes de captura contra todos los partícipes, incluidos los representantes legales del Consorcio y la Constructora Ruta del Sol".
En el mismo documento Martínez recordó que se declaró impedido para actuar en el caso Odebrecht y que Pizano nunca fue investigado por la Fiscalía en relación con este asunto.
En relación con la conversación que sostuve en mi oficina particular el segundo semestre del año 2015 con el doctor Jorge Enrique Pizano, que se ha hecho pública en el día de hoy, me permito INFORMAR:
1. Como se desprende de la noticia publicada en Noticias UNO, por virtud de una vieja relación de amistad, el doctor Pizano acudió al suscrito con el fin de hacerle llegar al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo el resultado de unas investigaciones sobre contratos del Consorcio Ruta del Sol, dado que –según me dijo- en la administración “no le paraban bolas” al respecto.
2. Con el fin de cumplir el encargo cabalmente, le pregunté al doctor Pizano si podía asumirse que se trataba de “coimas”, a lo cual me contestó “Hombre…pues no tengo certeza”; de hecho, una de las hipótesis que contemplaba Jorge Enrique Pizano era que se trataba de pagos a “paramilitares”. La duda que le asistía explica la razón por la cual no presentó denuncia alguna ante las autoridades.
3. De manera inmediata el doctor Sarmiento Angulo recibió de mis manos toda la investigación que preparó Pizano, con base en la cual los consorciados llegaron a un acuerdo por virtud del cual Odebrecht se obligó a reintegrar al Consorcio Ruta del Sol la suma de $33.000 millones de los contratos cuestionados. Para ese fin, me fue confiada la redacción del contrato de transacción, previa advertencia de que la empresa brasilera no reconocía que dichos pagos fueran ilícitos, al extremo que –se me dijo- habían presentado un informe de una firma de auditoría internacional en ese sentido, pero que para mantener el acuerdo de asociación se había llegado a dicho reintegro.
4. Sólo con la investigación de la Fiscalía en el año 2017 se pudo establecer con certeza que los “hallazgos” de Pizano estaban relacionados con “coimas”, al punto que fue la Fiscalía la que dio a conocer que el monto de las mismas pasó de lejos de los $33.000 millones, suma a la que habían aludido inicialmente las autoridades extranjeras, y por ello se obtuvieron órdenes de captura contra todos los partícipes, incluidos los representantes legales del Consorcio y la Constructora Ruta del Sol.
5. El suscrito no ha actuado como fiscal en la investigación de Odebrecht. Por el contrario, me declaré impedido en la oportunidad debida y así lo aceptó la Corte Suprema de Justicia.
6. El doctor Jorge Enrique Pizano nunca fue investigado por la Fiscalía en relación con este asunto. Desde el 2014, antes de mi ingreso a la Fiscalía, se le vinculó a una investigación en relación con el contrato Tunjuelo-Canoas suscrito por la Empresa de Acueducto de Bogotá, de la cual había sido su gerente. Mi relación personal con el doctor Pizano, no podía interferir en la indagación que ya adelantaba la unidad encargada de las irregularidades del “Carrusel de la Contratación de Bogotá”.
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