Procuraduría pide a Hidroituango revelar todos los informes reservados

Procuraduría pide a Hidroituango revelar todos los informes reservados

Fernando Carrillo insta a la empresa a hacer público un estudio hecho por el ejército de EE. UU.

Fernando Carrillo, procurador general

Fernando Carrillo, Procurador general de la Nación.

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Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

Por: Yamid Amat
17 de febrero 2019 , 01:06 a.m.

“El Presidente de la República no puede objetar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”. Esa consideración la hace el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, quien explica por qué esas objeciones serían inconstitucionales si las presenta.

El alto funcionario, por otra parte, le pide a la JEP que cree una segunda instancia para que esa sala revise todas sus decisiones. Sobre Hidroituango afirma que se deben revelar todos los informes hasta hoy reservados, incluyendo uno del cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Y habla de acusaciones que se le han hecho en el sentido de que está haciendo política partidista.

El Presidente de la república ha anunciado que piensa objetar parcialmente la ley que creó el estatuto de funcionamiento de la JEP, ¿usted qué opina?

La Jurisdicción Especial para la Paz es la columna vertebral del proceso de paz y es un compromiso de Estado. Esta jurisdicción ya tiene la bendición de la Corte Constitucional, que avaló esa justicia especial. El momento de las objeciones terminó. Y es muy importante tener eso en cuenta.

Es decir, ¿el Presidente no puede objetar ningún artículo de la ley?

No. No cabe en este momento ninguna objeción. Esta ley tiene un régimen constitucional propio. Su adopción se dio por vía de lo que el país conoció como ‘fast track’. Solo el Gobierno podía presentar el proyecto y solo el Gobierno podía modificarlo en el trámite legislativo. El Congreso tenía un término para aprobarla. Por lo tanto, ya no cabe objeción alguna.

Pero tengo entendido que la ley otorga 20 días de plazo para objetarla…

En este caso particular, no. Por las condiciones específicas de la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, como un mecanismo transitorio, el término de hacerlo ya pasó.

Dicen que los expertos juristas que asesoran al Presidente están divididos con respecto al tema. Hay quienes creen que sí se puede objetar y otros que no. ¿Qué pasa si el Presidente les hace caso a quienes dicen que sí?

La responsabilidad es del Presidente, pero lo que cree este Ministerio Público que representa la sociedad y es garante del Estado de derecho es que esa oportunidad ya caducó.

Si se llegara a objetar el estatuto de la JEP, ¿sería inconstitucional?

Sí. No se ajustaría a la constitución. Yo invitaría a los contradictores de la JEP –y yo he sido crítico de algunas decisiones de la JEP– a que abandonen la polarización.

¿La polarización está afectando a la JEP?

Tanto activismo de extrema derecha o de extrema izquierda le está haciendo un daño enorme al país. Ojalá que no sea irreparable para la paz. La Procuraduría mantendrá independencia frente a la JEP, como balanza y garantía en la defensa de los derechos de las víctimas frente a la JEP. No se le olvide que nos hemos opuesto a algunas de sus decisiones, por ejemplo, presentamos una acción de tutela para que las decisiones de la Sala de Revisión, en cuanto a la garantía de no extradición, puedan ser revisadas en apelación.

¿Por qué cree que la JEP debe tener una sala de segunda instancia?

La doble instancia es una institución reconocida por los instrumentos internacionales de derecho. Creemos que la decisión de una sala, por sólida que pueda ser, siempre debe tener el recurso de la segunda instancia. Acá no nos estamos inventando nada, ni proponiendo nuevas estructuras. Se trata de un tema de seguridad jurídica y de garantía de derechos.

El caso de Santrich, por ejemplo, ¿ahí operaría una segunda instancia?

Indiscutiblemente. Si la Corte acepta nuestros argumentos en la tutela ante la JEP, se procedería a establecer ese mecanismo de segunda instancia.

Hay una versión según la cual el concepto que usted va a dar en el caso del señor Santrich es favorable a la extradición...

No puedo decirlo en este momento. Una decisión en este campo no debe afectar la cooperación judicial internacional.

Usted ha expresado estar en desacuerdo con la solicitud de pruebas que la JEP le hizo a Estados Unidos sobre Santrich…

Exacto.

Sin embargo, la Corte Constitucional dijo que puede pedirlas, pues la JEP no puede fallar sin ellas...

No cuestionaré una decisión de la Corte Constitucional. Existe disparidad de criterios. Hay que respetar la decisión de la Corte.

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le pidió a la JEP acelerar la extradición de Santrich...

Hay un principio elemental del Estado de derecho: el respeto a la independencia del Poder Judicial, y la Jurisdicción Especial para la Paz hace parte de él. Hay que respetar los tiempos y los procesos.

Hidroituango

Pasando a otro tema, ¿qué le parece lo de Hidroituango?

Toda Colombia quiere que el proyecto siga adelante; sin embargo, es muy preocupante lo que está ocurriendo. Decisiones en la construcción de la hidroeléctrica han terminado por afectar poblaciones y el medioambiente. Estamos hablando de cuatro departamentos, 120.000 personas solo en el cauce del río Cauca, más de 35.000 pescadores, y temas fundamentales como el derecho a la vida, derecho a la integridad, derechos económicos y sociales.

En este país, la defensa del medioambiente sigue siendo la cenicienta de los procesos de desarrollo

Por eso abrimos una investigación disciplinaria para establecer si hay responsabilidades en este caso y conocer la verdad de lo sucedido. Ni las poblaciones ni el medioambiente resisten una crisis más. En este país, la defensa del medioambiente sigue siendo la cenicienta de los procesos de desarrollo.

¿Es cierto que hay informes reservados?

Existe un reporte del cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos al que se le ha dado el carácter de reservado. Es hora de quitarle ese secreto, para conocer sus conclusiones. Le pedimos a la empresa que levante la reserva de los estudios técnicos que se entregaron desde el año 2009, porque este es un proyecto de interés nacional. Estoy citando una audiencia el próximo 27 de febrero, para que todas las autoridades que han tenido parte en la toma de decisiones le den una explicación al país y quede claro el rumbo del proyecto. Y que lo hagan de frente a la comunidad.

Pero ¿no emprenderá la Procuraduría ninguna acción ante tribunales?

Esta semana vamos a presentar una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, junto con los gobernadores de las regiones afectadas, para que haya decisiones de la justicia sobre cómo proteger las poblaciones y el medioambiente y garantizar la reparación del daño causado. No podemos seguir basados en la imprevisión, porque siempre lleva a la improvisación; hay que romper ese círculo vicioso.

¿Quién debe esclarecer lo que ha pasado en Hidroituango?

Hay que solicitar una comisión de investigación independiente, una comisión con expertos nacionales y extranjeros, que no sea contratada por Empresas Públicas de Medellín, sino por el Gobierno Nacional, porque esto es un problema de Estado. Los organismos de control debemos cumplir con nuestras obligaciones.

¿Y el riesgo de politización y regionalización?

Con 120.000 personas en riesgo y dudas sobre la estabilidad energética futura, sería una traición a la patria que la crisis de Hidroituango sea utilizada para obtener réditos políticos, venga de donde venga. Hidroituango no puede terminar como rehén de la fractura política de este país.

Y en las crisis del medioambiente, ¿cómo está Hidroituango? ¿Cómo juegan las corporaciones autónomas regionales?

Las CAR son la punta de lanza de la clase política regional y en su mayoría han sido inferiores a las responsabilidades de salvaguardar el medioambiente. Hay una gran necesidad de reformar las CAR, porque son el punto de partida de temas nefastos, como el manejo de los POT, que se convirtieron en la gallina de los huevos de oro de la corrupción en Colombia. Sobre las corporaciones tenemos 250 actuaciones de la Procuraduría a nivel de quejas, indagaciones, investigaciones y sanciones; ya hemos retirado a tres directores de CAR.

¿Por qué no presenta un proyecto reformándolas?

En esas estamos.

¿Para hacer qué?

Modernizarlas y someterlas a una serie de controles, así como despolitizarlas.

Campaña política

En el gobierno del presidente Duque, ya un ministro anunció su decisión de ser candidato presidencial en el 2022. El expresidente Uribe respondió que está muy bien que todos los ministros lancen sus candidaturas desde ahora; no hizo ninguna objeción. ¿Usted qué opina de eso?

El servidor público que en Colombia quiera hacer campaña electoral, que renuncie. Ese es el mandato de la Constitución que construimos en 1991.

Usted así lo dijo en una carta que le envió al Canciller...

Al Canciller le pedí que se abstenga de hacer cualquier manifestación de carácter político electoral y le recordé la debida diligencia que deben observar los servidores públicos en ejercicio y, de manera especial, los ministros, por su investidura.

Pero ¿usted mismo no hace política para ser candidato sin decirlo?

Yamid, si yo soy quien debe velar porque los servidores públicos no hagan política electoral, cómo voy a estar haciendo política. Quiero ser claro, no ando en esas. Alguien dijo que yo estaba en campaña, me imagino que era un chiste o una trampa para empañar los resultados de mi gestión en la lucha contra la corrupción.

Plan de desarrollo

¿Cuál es su opinión sobre el hecho de que en el Plan de Desarrollo no se haya incluido la financiación del posconflicto?

Esa es una preocupación válida, porque es necesario buscar mecanismos que garanticen el cumplimiento del acuerdo y recursos de financiamiento para la institucionalidad de la paz.

Las víctimas, que son la parte más vulnerable en todo este proceso de consolidación, tienen derecho a que se les repare integralmente

Las víctimas, que son la parte más vulnerable en todo este proceso de consolidación, tienen derecho a que se les repare integralmente. Pienso alzar la voz por las víctimas en la discusión del Plan de Desarrollo.

Existe la idea por parte del Ministerio de Hacienda de que las funciones de planeación que tienen que ver con planes de inversión pasen al Ministerio de Hacienda. ¿Usted qué opina?

El Departamento Nacional de Planeación siempre se ha concebido como un verdadero ministerio de planeación, y creo que ha dado muy buenos resultados. Lo sano siempre ha sido eso. Concentrar todo tipo de potestades en el Ministerio de Hacienda puede tener graves inconvenientes. Planeación debe contar con suficiente autonomía.

Si usted fuera exdirector de Planeación, ¿habría firmado la carta de los exdirectores de oposición a la idea?

Sin duda.

YAMID AMAT
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