La Procuraduría sienta a esta hora su posición sobre la petición de la Fiscalía de precluir la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesal.
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Luego de escuchar a las víctimas acreditadas en la investigación, que se opusieron a la petición de la Fiscalía de cerrar el caso, ahora el turno es para el ministerio público.
La posición de la Procuraduría no es vinculante pero su concepto es importante pues se parte de que el ministerio público no tiene interés puntual en el caso, como si lo tienen las víctimas y la defensa del procesado, por lo que sus consideraciones dan una idea de la legalidad de la petición del ente acusador.
El procurador del caso Jorge Enrique Sanjuán Gálvez señaló que solo se referirá a hechos posteriores al 18 de febrero de 2018, que hacen referencia al proceso puntual que es investigado y por el que se pide la preclusión.
Indicó que la Fiscalía incurrió en una omisión al pedir la preclusión por hechos y no por delitos y que eso tiene unas consecuencias jurídicas.
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Sostuvo que aunque se han fallado varias tutelas en el caso esto no compromete en nada la presunción de inocencia del procesado.
El funcionario indicó que la Procuraduría se pronunciará solo en los términos de la ley y de forma imparcial sin ningún interés particular para que "se llegue a una decisión justa y en derecho".
Añadió que la Procuraduría no es un apéndice de la Fiscalía y tiene total independencia del ente acusador.
En un aparte de su intervención dijo que si el ente acusador hubiera querido manipular el proceso no lo hubiera adecuado al nuevo sistema en el que la decisión final la adopta un juez y lo hubiera llevado por el viejo sistema en el que la resolución de la preclusión es autónoma del fiscal del caso.
Recordó que la Fiscalía pidió la preclusión por tres causales, la atipicidad de la conducta, la ausencia de intervención del investigado y la imposibilidad se desvirtuar la presunción de inocencia del procesado.
Sanjuán Gálvez indicó que se aparta de lo dicho por la Fiscalía sobre la pérdida de vigencia de los argumentos que llevaron a la medida de aseguramiento que en su momento ordenó la Corte Suprema de Justicia contra Uribe Vélez.
La diligencia se levantó y continuará mañana a las ocho de la mañana.
En el caso ya intervino como víctima el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y el abogado Miguel Ángel del Rio quien representa a la testigo Deyanira Gómez.
Y el despacho rechazó la acreditación como afectada de la abogada Laura Valentina Muñoz Osorio quien no se pudo pronunciar de fondo sobre la petición.
Lluego de la intervención de la Procuraduría le corresponderá el turno a la defensa del expresidente Uribe y al mismo exsenador si así lo considera. Al finalizar esa intervención la juez del caso tomará una decisión sobre la preclusión del proceso.
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