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Investigación

Los $ 70.000 millones que debe explicar el Grupo de Energía de Bogotá

Esta fue la sede del Grupo de Energía de Bogotá que el CTI inspeccionó, dentro de la investigación por espionaje.

Esta fue la sede del Grupo de Energía de Bogotá que el CTI inspeccionó, dentro de la investigación por espionaje.

Foto:Archivo EL TIEMPO

Contraloría dice que violó la ley al pagar un laudo con recursos del erario. La entidad responde.

A las oficinas del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) llegó hace 8 días una carta en la que la Contraloría de Bogotá le notificó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal que asciende a más de 70.000 millones de pesos.
Según el documento, el proceso de responsabilidad fiscal está vinculado a un laudo arbitral en el que el GEB se vio involucrado en Perú. En efecto, en noviembre de 2017, la empresa Contugas S.A.C., fue sancionada a pagar 41 millones de dólares al Consorcio GyM-Conciviles, por el incumplimiento de cronograma, retrasos en la obra, no pago oportuno de facturas y negación de la ampliación del plazo en un contrato que se había firmado para realizar obras en varios frentes en Perú.
La Contraloría comenzó a rastrear el caso porque el GEB es dueño del 68,58 por ciento de la firma, y el restante 31,42 por ciento pertenece a Transportadora de Gas Internacional (TGI), empresa de la cual la posee un 99,9 por ciento.
Tras revisar el pago, los investigadores concluyeron que el GEB terminó pagando con dineros de la capital una buena parte de esa multa en Perú, lo cual viola las leyes internas que prohíbe acudir al erario de Bogotá –cimentado en el pago de impuestos de sus habitantes– para subsanar litigios internacionales.
Para respaldar esa hipótesis, el organismo de control fiscal le pidió al GEB levantar la reserva sobre sus diarios contables y fiscales para inspeccionarlos, y en ellos encontró un rastro que llamó su atención y derivó en el proceso: parte del dinero que se usó para pagar el millonario laudo habría salido de los procesos de capitalización que se han hecho en los últimos 11 años y que representan unos 207 millones de dólares, cerca de 493.555 millones de pesos colombianos.
“Se considera que la junta directiva del GEB y la administración comprometieron el patrimonio del Distrito Capital por el pago vía capitalización, de lo ordenado en el Laudo Arbitral expedido por la Corte Internacional de la Cámara de Comercio Internacional”, se lee en uno de los apartados del informe de la Contraloría distrital.
Lo que dice la entidad es que luego de verificar el desarrollo del proceso arbitral, junto con las decisiones adoptadas en Bogotá por el GEB, se pudo establecer que en este último se halló una posible incidencia fiscal y disciplinaria por un daño a las arcas del distrito que asciende a 48.100 millones de pesos. Y que, por los lados de TGI, el monto comprometido llega a 22.062 millones de pesos.
Ante estos hallazgos, voceros del GEB le informaron a EL TIEMPO que el laudo venía de administraciones anteriores y que con sus abogados en Perú agotaron todos los recursos jurídicos para evitar el pago. Pero, agregan, debieron realizarlo para evitar que se registraran multas que finalmente sí golpearan los recursos de la ciudad, y que en eso basaron el pago vía capitalización.
“Ninguna empresa puede desatender un fallo, así el motivo venga de administraciones anteriores. Y mucho menos una empresa que maneja recursos públicos, porque la mora o la omisión de pagar afecta, eso sí de manera indebida, el patrimonio público”, precisaron los voceros del GEB, que también ratificaron que colaborarán en todo el proceso.
Sin embargo, a la Contraloría también le llama la atención en los balances de Cortugas: “Los indicadores de liquidez 2017-2018 muestran insuficiencia en la generación de recursos para solventar las obligaciones de corto y largo plazo”. Por eso, no descarta que este asunto pueda ser objeto de una vigilancia especial y de nuevos requerimientos al GEB, su verdadero dueño.
UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
En Twitter: @uinvestigativa
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