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Así funcionaba la isla donde paramilitares torturaban a sus víctimas
Grupos paramilitares, disidentes y de narcotráfico se disputan la droga en Valle, Cauca y Nariño.

Grupos paramilitares, disidentes y de narcotráfico se disputan la droga en Valle, Cauca y Nariño.

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Archivo EL TIEMPO

Así funcionaba la isla donde  paramilitares torturaban a sus víctimas

Sentencia contra Ramón Isaza documentó el horror de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

Todos la conocían como ‘La isla'. Es un pedazo de tierra de unas 50 héctáreas en medio del río Magdalena, en jurisdicción de Puerto Boyacá, ya en el límite con Antioquia. El lugar, según documentó la Sala de Justicia y Paz, se convirtió en un centro de castigos, secuestro, tortura y trabajos forzados bajo el mando de los paramilitares.

La historia de la barbarie en la isla aparece en una reciente sentencia contra Ramón Isaza Arango y otros 59 exmiembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM).

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La decisión, conocida por EL TIEMPO, está consignada en un fallo de 4.914 páginas, que tuvo como ponente a la magistrada Teresa Jiménez López.

Y además de encontrar a Isaza culpable de crímenes de lesa humanidad y condenarlo a ocho años de prisión, revela los horrores que el exjefe paramilitar y los hombres bajo su mando sembraron en la región del Magdalena Medio, un valle extenso enclavado entre los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Santander, Caldas, Cundinamarca y Tolima.

De acuerdo con el tribunal, desde los años ochenta la propiedad de la isla estuvo en cabeza de Henry Pérez, uno de los precursores de las ACMM.

Ramón Isaza, excomandante paramilitar.

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EL TIEMPO

Tras su muerte en 1991, Ramón Isaza (conocido bajo los alias ‘El Viejo’, ‘Moncho’ o ‘El Patrón’) convirtió el terreno en “un centro abastecimiento para su grupo armado ilegal y de reclusión que buscaba ‘resocializar’ a niños, jóvenes, adultos e integrantes del grupo paramilitar que actuaran en contra del orden social impuesto y la disciplina interna de la organización armada, a través de esclavitud, trabajos forzados y otros delitos de lesa humanidad”.

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En el lugar había dos tipos de viviendas: la del comandante paramilitar y las destinadas a los castigados.

El control de las autodefensas era tal que, según la sentencia, retenían a las víctimas delante de los familiares, de la comunidad, los profesores, el sacerdote, la policía, y los funcionarios de la administración municipal.

Mientras las víctimas realizaban las actividades eran custodiadas por  integrantes del grupo paramilitar, quienes permanecían con armas de fuego y azotes para golpear

En el fallo aparecen los relatos de dos niños de 12 años que, en 2001, por haberle roto el vidrio a una vecina, fueron sacados de sus casas en Puerto Triunfo, llevados hasta el muelle a pie frente a todos los pobladores, y conducidos en lancha hasta la isla.

El lugar estaba a cargo de un comandante paramilitar designado por Ramón Isaza, que contaba con otros lugartenientes que vigilaban y cultivaban el terreno.

Otro grupo operaba en los cascos urbanos de los pueblos cercanos y se encargaban de elaborar listas, retener a las víctimas y conducirlas al centro de castigo.

Allí duraban, en promedio, noventa días, durante los cuales eran sometidos a jornadas de trabajo forzado y agricultura que empezaban a las 5 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde.

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“Mientras las víctimas realizaban las actividades agrícolas forzadas eran custodiadas por uno o varios integrantes del grupo paramilitar quienes permanecían con armas de fuego y azotes para golpear a quienes se rindieran o declinaran físicamente a las tareas a las que eran obligados, así como vigilar una posible fuga”, se lee en el documento.

Los testimonios de quienes estuvieron en la isla revelan la crueldad de los armados. Por negarse a alguna labor, los inmovilizaban y amordazaban. Incluso, a algunos los habrían amarrado a árboles hasta por una semana, y les untaban miel para atraer insectos.

“También se estilaba enterrar las víctimas, dejando la cabeza sobresaliendo de la tierra, siendo orinados por los paramilitares”, evidenció la Fiscalía en la investigación sobre la isla.

El el 18 de abril de 1997, las ACMM, junto con otros grupos paramilitares, se unieron para formar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

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La cruel experiencia de una menor, de apenas 14 años, deja ver la barbarie que se cometía en el lugar: habría sido obligada a desnudarse y realizar trabajos forzados de agricultura. Por la dificultad para desempeñarlos, los paramilitares la habrían sumergido en un hoyo de lodo hasta la altura de los senos, al rayo del sol, desde las 6 a.m. hasta las 6 p.m.

Por estos hechos, el paso de los pescadores y transportadores por la zona cercana a la isla habría sido vedado. El 30 de septiembre de 1995 encontraron los cuerpos de dos lancheros que habrían sido asesinados por transitar por el sitio.

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Llama la atención que la isla fue utilizada por los paramilitares para cometer estos actos durante más de una década, sin que las autoridades lo impidieran.

Un análisis cuantitativo que involucra a 82 víctimas permitió concluir que por lo menos entre 1994 y 2004 en la isla ese registraron delitos como reclutamiento, secuestro, tortura, trata de personas en modalidad de trabajo forzado y tratos inhumanos y degradantes.

En el Magdalena Medio, la existencia de lugar era un secreto a voces. La isla era tan conocida que algunos de los familiares de los recluidos allí pudieron visitarlos bajo ciertas condiciones.

Por negarse a alguna labor, los inmovilizaban y amordazaban. Incluso, a algunos los habrían amarrado a árboles hasta por una semana, y les untaban miel para atraer insectos

Además, indica el tribunal que la recurrencia de esta clase de violencia por parte de las ACMM no discriminó género ni edad.

El 85 % de las víctimas fueron hombres, mientras que el 15 % de los ataques se dirigieron en contra de mujeres. La edad de los retenidos osciló entre los 10 y 17 años (un 50% de las víctimas fueron menores de edad); seguido por jóvenes entre 18 y los 30 años con un 39% y, un 11 % eran mayores de 30 años.

Algunas de las víctimas también fueron obligadas a hacer trabajos criminales para el grupo de autodefensas, y varios niños y jóvenes fueron reclutados.

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Después de un proceso de  varios años, las víctimas de la isla y las regiones donde operaron las ACMM encontraron justicia sobre Ramón Isaza y 59 de sus hombres.  Pero el Magdalena Medio, ahora controlado por otros grupos ilegales, parece estar lejos de dejar de sufrir los vejámenes de la guerra.

justicia@eltiempo.com

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