La injusticia de las megapensiones / Opinión

La injusticia de las megapensiones / Opinión

Siguen apareciendo decisiones que van en contravía del mandato de la Corte respecto a este tema.

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Los dueños de las megapensiones se beneficiaron de un privilegiado régimen que les permitió hacerse con millonarias mesadas.

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Andrea Moreno. Archivo EL TIEMPO

Por: Jhon Torres
10 de febrero 2020 , 12:24 a. m.

Justo cuando en el país empieza la tortuosa discusión de una nueva reforma pensional, a revisión de la Corte Constitucional llegará uno de esos casos que refuerzan entre los colombianos la arraigada impresión de que la justicia no se aplica igual para todos los ciudadanos.

Se trata de una tutela que falló el Consejo de Estado a favor de un exmagistrado del Consejo Nacional Electoral quien pretende, como muchos exmiembros de las altas cortes y excongresistas, que su pensión esté por encima de los 25 salarios mínimos.

En una histórica sentencia del 2013, la Corte Constitucional ordenó que ninguna mesada a cargo del Estado podía superar ese tope, equivalente hoy a 22 millones de pesos, y que el mandato se aplicaría de manera retroactiva. Contra ese fallo, que además acabó con los llamados ‘carruseles de pensiones’ en el Congreso y las altas cortes, hay una legión de demandas, incluso en el Sistema Interamericano de Justicia.

En el país hay casi 6,6 millones de personas en edad de pensión, pero solo 2,3 millones de pensionados. De los casi 23 millones de colombianos que están trabajando, solo 9,3 millones cotizan para una jubilación. Y de los que ahorran para pensión solo uno de cada cuatro logrará, después de décadas de trabajo, una mesada que en la mayoría de los casos no llegará a los dos salarios mínimos.

Con jubilaciones que están entre 10 y 20 veces por encima de las que recibe el 95 % de los colombianos, los dueños de las megapensiones se beneficiaron de un privilegiado régimen que les permitió hacerse con millonarias mesadas, muchas veces sin que importaran sus reales aportes al sistema de seguridad social. Esos privilegios eran claramente inequitativos y por eso la sentencia del 2013 les puso límites.

Y, sin embargo, siguen apareciendo decisiones, casi todas del Consejo de Estado, que van en contravía del mandato de la Corte. Y aunque al final terminan cayéndose suelen dejar en manos de los demandantes centenares de millones de pesos que se tienen que pagar mientras hay fallo definitivo y que después difícilmente serán recuperados por el Estado.

JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET

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