‘La gente se nos está muriendo esperando decisiones de Adres’

‘La gente se nos está muriendo esperando decisiones de Adres’

¿Cuáles son los sectores más afectados por la corrupción? Entrevista al Contralor General.

Carlos Felipe Córdoba, contralor general

El contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, manifestó que al año la corrupción le cuesta 50 billones de pesos al país.

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Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Por: Yamid Amat
04 de enero 2020 , 07:12 p.m.

Las más escandalosas maniobras para robar los recursos de la salud en el país descubrió la Contraloría General de la República, y su titular, Carlos Felipe Córdoba, anunció que entregó a Fiscalía y Procuraduría todos los hallazgos de corrupción, para que se apliquen sanciones penales y disciplinarias.

“Muertos que contratan, gallinas ponedoras que construyen vías, hospitales que se convirtieron en carrocerías de vehículos, farmacias que construyen viviendas”. Parecerían hechos increíbles limitados al imaginario de un novelista. El contralor Córdoba denuncia que fueron hechos que ocurrieron y relata cómo sucedieron.

¿Hasta dónde el Congreso va a tener participación en la designación de los 2.000 y pico de funcionarios que usted va a nombrar?

El 96 % de esa planta va a ser incorporada por concurso, queremos que lleguen los mejores y eso solo se logra con concursos y exámenes exigentes que nos entreguen los médicos, ingenieros civiles, matemáticos, científicos de datos, ingenieros de petróleos y cualquier otro profesional de los muchos que estamos necesitando.

¿Y al Contralor en este caso quién lo controla?

A mí me controla el Auditor General de la República, pero en esto de los nombramientos vamos a hacerlo con tal transparencia que vamos a darles la posibilidad a todos los que quieran mirar que lo hagan, empezando por cualquiera de los ocho sindicatos de la entidad que estarán atentos a que se cumplan los lineamientos de los concursos diseñados por la denominada Comisión de Carrera.

¿Pero usted no tiene manos libres para nombrar en esos cargos?

No los voy a nombrar yo, será a través de un concurso público, objetivo, y blindado a cualquier tipo de criterio ajeno al de la competencia y la formación.

¿La estructura del plan de reorganización la hará la propia contraloría?

No. Debe ser por licitación pública. No se ha adjudicado.

¿Cuándo la adjudican y cómo se debe hacer el concurso?

Puede demorar, claro; lo importante es que quede bien diseñado y eso requiere tiempo y tranquilidad. Los que critican lo hacen sin fundamento porque ni siquiera ha empezado el proceso del concurso público para dichos cargos.

¿El examen lo hará una universidad?

Claro. Se abrirá licitación en el segundo semestre de este año. Pero ya logramos con efectividad ver el día a día del recurso público y poder ver cosas que no se veían.

¿Por ejemplo?

Hemos encontrado decenas de ‘muertos’ contratando. Hemos hallado empresas de gallinas ponedoras haciendo vías y andenes.

¿Cómo es el asunto de los muertos contratados?

Personas fallecidas que aparecían como contratistas.

¿Cuántos?

Hasta ahora 45 muertos están contratando en el país, en algunas alcaldías y gobernaciones. Y hay empresas de carrocerías ejecutando recursos de la salud.

¿Cómo fue eso?

Les adjudicaron a empresas que fabrican carrocerías de vehículos contratos de decenas de miles de pesos para invertir en hospitales y atención de salud.

¿Cómo era lo de las gallinas?

Empresas de gallinas ponedoras que recibieron adjudicaciones para hacer vías.

¿Y eso dónde ocurrió?

En Montería.

¿Y los muertos contratados?

En muchas partes del país. En el Amazonas, una farmacia construía viviendas.

¿Y en servicios de salud cómo va el país?

Ahí está el problema; hay un gran lío en la Adres (Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social) porque no está resolviendo rápidamente sus auditorías para poder enviar los recursos a la salud. No está pagando, no está enviando los recursos, no tiene el flujo de recursos. Tiene graves problemas con deficiencia en su auditoría interna para el pago de esos recursos.

¿Qué deficiencias?

No hacen la auditoría interna a las cuentas que envían las EPS y esa auditoría la demoran cuatro o cinco meses, lo que tiene represado todo el sistema.

Hemos encontrado decenas de ‘muertos’ contratando. Hemos
hallado empresas de gallinas ponedoras haciendo vías y andenes

¿Y usted qué va a hacer ahí?

Ya compulsamos copia a la Procuraduría para que inicie, bajo su competencia, las investigaciones disciplinarias a qué haya lugar.

¿Y qué responden?

Adres dice que efectivamente van a solucionar el tema, pero no lo hacen. Es que con la salud no se discrimina, la gente se nos está muriendo.

¿Por culpa de Adres?

En gran medida sí, porque no genera el gran flujo de recursos hasta la base.

Y, claro, ¿las EPS terminan acusadas?

Las EPS efectivamente envían sus cuentas, pero no les dan el visto bueno, porque Adres no tiene la capacidad de auditoría rápida. Es como si a uno, que cada 30 días le pagan el sueldo, empiezan a pagarle a los 90 o 180 días. Ese desorden afecta a las IPS, que no reciben los recursos necesarios, no tienen elementos médicos, no tienen capacidad de tener medicamentos y eso genera mala atención al paciente.

Es decir, ¿la Contraloría ha hallado ahí desorden administrativo?

Sí. Por ejemplo, en el caso de Medimás nosotros encontramos, según la última auditoría, presuntos daños por 635.000 millones de pesos, se encontraron pagos de servicios médicos a personas fallecidas por 3.695 millones. O sea, en Colombia, los muertos no solo votan, también los contratan para servicios de salud y, para rematar, estamos atendiendo muertos en Colombia.

¿Es tan grave la situación de la salud?

Es muy grave la situación de la salud en Colombia. El 60 % de los hospitales públicos en el país tienen problemas financieros graves y se sigue incorporando grandes recursos por parte de la nación y los territorios y no se logra sanear.

¿Por qué razón?

Falta de vigilancia y control, corrupción, ineficiencias en la contratación de muchos de estos medicamentos o elementos médicos; se pagan precios muy superiores al estándar normal. Con la delegada de salud estamos viendo cuánto están costando efectivamente elementos básicos para la salud en Colombia.

¿Y los dineros adjudicados a los hospitales se los robaron?

Sí. En muchas oportunidades sí se roban la plata de la salud. Solo en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla hay hospitales de cuarto nivel.

¿Por qué los recursos a todos los hospitales no llegan? ¿Cuál es la traba?

El problema más grave hoy es el Adres, que no está enviando los recursos y simplemente argumenta que están esperando los resultados de su auditoría interna dentro de sus procesos. Eso tiene acabadas a las EPS, de una u otra forma; al margen de que las EPS inviertan en lo que deben invertir.

¿Y concretamente la Contraloría qué puede hacer?

Vigilancia y control efectivos, ver quiénes se están quedando con los recursos pequeños, grandes, medianos; quiénes con los contratos de medicamentos, de atención en la salud, cómo están constituidas esas uniones temporales; en una de esas empresas es el revisor fiscal, en otra aparece como socio, en otra aparece como representante legal, en otra como tesorero. Eso ya lo hemos comprobado y hemos enviado copia de esos temas a Fiscalía.

¿Cómo así que están viendo “quiénes se están quedando con los recursos”?

En muchas oportunidades hay contratistas que se quedan con gran parte del pastel de la contratación del sector de la salud, y en ese sentido es que podemos nosotros empezar a ver cómo es un grupito selecto el que se queda con dichos recursos en medicamentos, en atenciones en salud.

¿Eso está ocurriendo?

Sí, en varias zonas del país.

¿Y usted tiene algún cálculo del significado en efectivo?

Sí, alrededor de 1,4 billones de pesos.

¿Y cuántos son los contratistas ‘beneficiados’?

Hemos encontrado alrededor de unos 120 en todo el país. Entre ellos se comienzan a repartir según la región, según cada uno en el tema geográfico.

¿Y quiénes adjudican?

Pues gobernadores y alcaldes.

Pero ahora con nuevos gobernadores y alcaldes, ¿qué va a pasar?

Los estamos convocando para mostrar el mapa de contratación y quiénes se están coludiendo, para que no se repita lo mismo.

¿Hasta dónde la corrupción está afectando la administración?

50 billones de pesos se pierden al año vía corrupción. Así fue en 2018 y en 2019. Por eso la gran importancia de cambiar el modelo de vigilancia y control, con un control preventivo que empezamos en abril de este año, falta la reglamentación.

¿En dónde está la mayor corrupción en el país?

En infraestructura. Después en el componente de salud. Y en educación tenemos hasta estudiantes fantasmas, que dicen que están estudiando, y ni siquiera existen. Les están pagando en este momento a varios de los colegios por dar clases que no dan. En Chocó, en Montería, en Sincelejo, en Bolívar se gira y no se invierte.

¿Qué ha hallado en infraestructura?

De todo: como le dije, gallinas haciendo vías, farmacias haciendo viviendas, papayeras construyendo carreteras, o andenes en Montería y empresas de carrocerías en 19 departamentos del país ejecutando recursos de la salud.

¿Qué resultado ha dado la tecnificación de la Contraloría?

Solamente en nueve meses pudimos demostrar que teniendo el personal técnico necesario hemos podido encontrar, por ejemplo en el sector de regalías, detrimento patrimonial por un billón de pesos de $ 7,2 billones revisados. Y beneficios por esa “vigilancia y control” por más de 600.000 millones de pesos. Es $ 1,6 billones, cifras nunca antes vistas y que en ese sentido empiezan a mostrar que nuestras tesis son las que se deben seguir en la vigilancia y el control del recurso público.

¿Y las denuncias que se hicieron contra el director de la Policía, el general Atehortúa?

Preocupantes; nuestra misión es verificar esas denuncias y dar resultados con oportunidad y objetividad. Eso es algo que hacemos diariamente con los presupuestos de Ejército y Policía; en ese sentido, por ejemplo, tenemos algunas investigaciones relacionadas con el gasto en salud de la policía, o con el proyecto de las casas Cenop, con la compra de tiquetes aéreos, con el registro de donaciones recibidas a nombre de Fonset y Fonsecon, y por obras inconclusas o por falencias en la distribución y control de los incentivos entregados por bienestar a los policías.

¿Pero las denuncias hechas por el general Salamanca están siendo investigadas?

Sí, en este momento están siendo investigadas. Sobrefacturación por más de $ 7.000 millones en compras de tiquetes aéreos, en la Policía, en el Ejército y en el Inpec.

¿Los generales serán llamados por usted?

Sí. Se escucharán los cargos del general Salamanca y los descargos del general Atehortúa. Todos tenemos el derecho al debido proceso. Que nos explique el general Atehortúa si eso que están diciendo es verdad o no, y que nos traiga las pruebas de si él participó o no participó en alguno de esos temas.

Además de todos estos temas, ¿en qué otras investigaciones están trabajando?

La Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por $ 559.853 millones por manejo irregular de recursos del fondo de financiamiento de la infraestructura educativa. Han sido vinculados 65 presuntos responsables fiscales, entre ellos dos exministras de Educación.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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