Escándalo en La Picota no es el único, ‘ley’ de soborno sigue campante

Escándalo en La Picota no es el único, ‘ley’ de soborno sigue campante

El director de ese penal fue capturado por exigirle 68 millones a un extraditable para favorecerlo.

Luis Francisco Perdomo Claro

Luis Francisco Perdomo Claro, director de la cárcel La Picota, ingresando a los juzgados de Paloquemao.

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO

Por: Justicia
29 de septiembre 2018 , 10:45 p.m.

El mayor Luis Francisco Perdomo Claros, un destacado abogado que trabajaba desde hace 18 años en el Inpec y había dirigido algunas de las cárceles más grandes y complejas del país, como La Tramacúa de Valledupar y La Picota de Bogotá, hoy cumple cuatro días detenido en los calabozos del antiguo DAS.

El uniformado, que hace apenas ocho meses había sobrevivido a un ataque de sicarios cuando salía de la cárcel de Valledupar, fue capturado el jueves, sindicado de pedir plata al señalado narcotraficante de la llamada ‘Oficina’, José Bayron Piedrahíta, para darle un trato especial y permitir que tuviera visitas no autorizadas y en horarios diferentes a los establecidos en el régimen penitenciario.

Según la Fiscalía, el uniformado le pidió al extraditable 68 millones de pesos para garantizar que sería “el jefe del patio” en el que espera su envío a Estados Unidos, y otros 30 millones para permitir que familiares y amigos fueran a visitarlo.

El mayor Perdomo era el director de La Picota, de donde en abril pasado salieron por la puerta principal dos antiguos guerrilleros de las Farc que habían estado de parranda junto con guardianes del Inpec.

Este es el más reciente capítulo de corrupción que compromete a funcionarios del Inpec y que llevó a que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pidiera una intervención inmediata del sistema penitenciario del país.

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, manifestó que es “absolutamente inaceptable cualquier acto que comprometa la integridad de la administración pública” y aseguró que seguirán apoyando “todos los esfuerzos en la lucha contra la corrupción”.

En julio del 2001, el entonces procurador general Edgardo Maya Villazón propuso acabar con el Inpec y que la Policía asumiera el control de las cárceles, y desde entonces el tema ha pasado de gobierno a gobierno sin que se tomen decisiones de fondo para poner en cintura el instituto, que se ha vuelto intocable.

Y entre tanto se siguen realizando capturas de funcionarios judiciales señalados de ofrecer beneficios a los internos, como traslados, y se incautan en operativos dentro de las cárceles celulares, droga y alcohol, además de mantenerse la extorsión carcelaria, modalidad preponderante en penitenciarías del país.

En las cárceles es un secreto a voces el tarifario que estaría establecido para lograr ingresar a los penales todo tipo de elementos ilegales. Hace apenas cuatro meses, las autoridades decomisaron en La Picaleña, que según la Fiscalía es el lugar del que se originan la mayoría de extorsiones en el país, 19 celulares de diferentes gamas y marcas, además de 219 SIM cards, cargadores, libretas de anotaciones relacionadas con extorsiones y armas blancas. Asimismo, se incautaron 1,2 millones de pesos en efectivo y 2,2 kilos de droga.

El Inpec cuenta con 11.200 guardianes y 2.400 personas de planta, tiene registrados 73 sindicatos, de los cuales ocho cuentan con fuerza real; el más grande, la Unión Penitenciaria de Trabajadores (UPT), aglutina a 5.200 funcionarios.

En los últimos tres años, según la Contraloría, funcionarios de ese organismo dejaron de trabajar más de 113.000 días, el equivalente a 310 años, como consecuencia de los permisos sindicales. El dragoneante Óscar Robayo, directivo de UTP, dijo que la liquidación del Inpec no es la salida a la corrupción y que ellos mismos han denunciado esos actos.

Otro de los males en las cárceles es el hacinamiento. El país tiene 136 penales con una capacidad de 80.203 internos, pero hay 119.748 presos, lo que muestra un hacinamiento del 49,3 %.

EL TIEMPO intentó comunicarse con el general Jorge Luis Ramírez, director del Inpec, pero fue imposible.

JUSTICIA 

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