La corrupción, el principal problema para uno de cada cinco ciudadanos

La corrupción, el principal problema para uno de cada cinco ciudadanos

Es la primera vez que este fenómeno desplaza al conflicto como preocupación central de colombianos.

Protestas por el sistema educativo y la corrupción

Una concentración de estudiantes y maestros frente a la Secretaría de Educación de Bogotá en el 2018. Los manifestantes protestan por el sistema educativo y por la corrupción.

Foto:

César Melgarejo / Archivo EL TIEMPO

Por: Julia Alegre Barrientos
25 de mayo 2019 , 11:01 p.m.

La sombra de la corrupción se extiende por todo el mundo sin que la ideología sea un condicionante o factor disuasorio. En los últimos años, tanto gobiernos de izquierda como de derecha se han visto salpicados por este fenómeno, que ha adquirido tintes de epidemia global, hasta el punto de que el Fondo Monetario Internacional, poco amigo de dar recomendaciones a los Estados, comenzará a abordar este tema en los futuros informes que elabora de cada país.

En Colombia, los casos que han saltado a los medios han sido tan sonoros, preocupantes e indignantes que la corrupción ya es el principal problema en el imaginario del 19 por ciento de la población, situándose de segundo en la lista general. Esto es, para una de cada cinco personas.

Así se ha visto reflejado en el último Barómetro de las Américas, con datos de 2018, que elabora cada dos años el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Se trata de un sondeo, cuyo informe final no saldrá publicado hasta julio, que evalúa por medio de entrevistas (1.663 en esta edición) la percepción de los ciudadanos de las regiones Caribe, Centro, Oriental, Pacífico, Amazonia-Orinoquia y la ciudad de Bogotá respecto a cuestiones que los afectan.

Desde que comenzó a realizarse en 2004, es la primera vez que la corrupción desplaza al conflicto armado como una preocupación central para los ciudadanos, con un crecimiento de 11 puntos respecto a la edición anterior, la de 2016, cuando el fenómeno fue referenciado solo en el ocho por ciento de los casos. La economía (inflación, desempleo, pobreza, etc.) se mantiene como el primer y principal problema, con el 24,2 por ciento, mientras que el conflicto solo obtuvo el 16,2 por ciento, quedando relegado al tercer puesto. Una cifra que contrasta con el 64 por ciento que obtuvo en 2008, cuando encabezó la lista.

“En los últimos cinco años ha habido escándalo tras escándalo que ha salpicado al gobierno, la justicia, el Congreso… Eso termina calando en la mente de las personas, algo que también se evidenció en la masiva votación de la consulta anticorrupción que, aunque no alcanzó el umbral –fueron cerca de 12 millones de votos–, sí fue considerable”, explica Juan Carlos Rodríguez, codirector del Observatorio.

En contraste, otro de los datos recabados sugiere que la cantidad de personas que justifican los actos de corrupción va diluyéndose. Solo el 10,4 por ciento exculpó estos comportamientos en 2018, frente al 18,3 por ciento que lo hizo en 2016 y el 12,4 por ciento de 2014. Bogotá se posiciona como la región donde más personas consideran que la corrupción es el principal problema del país, con un 30,5 por ciento. Por detrás, la región Central, el Pacífico y la región Oriental, con el 1,3; 18,2 y 15,7 por ciento, respectivamente.

En cuanto al perfil de estos ciudadanos, el 22,7 por ciento son hombres y el 15,4 por ciento, mujeres, la mayoría con un nivel educativo universitario (31 por ciento), por encima de los que solo tienen la secundaria (17,4 por ciento) y primaria o ninguna educación formal (9,3 por ciento). “Hemos descubierto que quienes se informan más son los que menos creen que la corrupción es el principal problema, lo que no deja de ser contradictorio. Mi interpretación es que estas personas se informan de las noticias, pero no hay profundización, entonces tienen una preocupación más balanceada”, explica Rodríguez.

Junto con el aumento de la intranquilidad que genera la corrupción, se perfila una tendencia preocupante de descontento de la ciudadanía con las instituciones del Estado y la democracia como sistema de gobierno. Respecto a este último, solo el 29 por ciento de los encuestados asegura sentirse conforme, frente al 31,4 por ciento que secundaba la democracia en 2016, y el 35,9 por ciento en 2016. En 2012 se alcanzó un pico de 55,4 por ciento de ciudadanos felices.

Sobre la institucionalidad, solo el 30 por ciento indica tener confianza en el sistema judicial; el 24,6 por ciento, en el Congreso y el 44,2 por ciento, en el presidente del gobierno. Dice Rodríguez que esta desafección por el sistema político empezó a manifestarse con más fuerza entre 2012 y 2013, con el inicio de la fase pública de las negociaciones de paz. “Aparece entonces la ruptura entre el gobierno de Santos y el uribismo, la polarización, que no es espontánea, sino activada por las élites. Esa polarización genera una desafección ciudadana con las instituciones. No es nuevo, pero se nota cada vez más: quienes votan por los candidatos de Uribe tienen una visión distinta de la realidad respecto a los que votan por otros candidatos. Vemos dos Colombias distintas”, añade.

Si se comparan estos mismos datos con los obtenidos por el Observatorio en otros países del continente (Canadá y Estados Unidos incluidos), Colombia se mantiene dentro de las lógicas –nada favorables, por otro lado– que caracterizan a la mayoría de sus vecinos. En lo que respecta a la percepción de la corrupción como principal problema de la Nación, el primero en la lista regional es Perú, con el 27,1 por ciento; seguido de Brasil (19,3 por ciento); Colombia (19 por ciento) y Chile, con el 13,4 por ciento.

Si hablamos de la satisfacción con la democracia, Colombia se sitúa a la cola, en el puesto 25. Los que más confían en este sistema de gobierno son Canadá, con el 79,2 por ciento; Uruguay, con el 67,6 por ciento, y la isla de Antigua y Barbuda, en el Caribe, con el 65,9 por ciento, que cierra el podio. A la pregunta de si todos los políticos son corruptos, Panamá se sitúa en primer lugar del escalafón, con el 42,6 por ciento de respuestas afirmativas. Le siguen México (41,8 por ciento), Brasil (39,9 por ciento) y Venezuela (38,8 por ciento). Colombia aparece en el número ocho, con el 29,5 por ciento de síes.

En los últimos cinco años ha habido escándalo tras escándalo que ha salpicado al gobierno, la justicia, el Congreso… Eso termina calando en la mente de las personas

Cuidado con el fatalismo

La semana pasada, ‘The Economist’ publicó un artículo sobre la preocupante narrativa populista que ha penetrado con fuerza en América Latina y el descontento generalizado de los ciudadanos con la democracia. La revista habla de un hartazgo generalizado de los votantes con los líderes políticos, la debilidad de las instituciones y los casos de corrupción que no dejan casi ninguna instancia sin desvalijar. Un caldo de cultivo perfecto, advierten, para la aparición de dirigentes que, valiéndose de ese descontento ciudadano, condensen cada vez más poder en vez de reforzar la institucionalidad.

La misma preocupación la comparte el codirector del Observatorio de la Democracia de los Andes, Juan Carlos Rodríguez, para quien los líderes cuya principal baza política se sustenta en la idea de refundar el sistema político colombiano, cada vez más cuestionado por los casos de corrupción, pueden provocar una mayor desinstitucionalización. “Las percepciones que hemos recogido en el sondeo hacen más propensa a la gente a recibir positivamente propuestas populistas –de izquierda o derecha– que buscan acabar con las instituciones. El populismo anticorrupción ha demostrado que es fácil de vender entre la población para lograr réditos políticos”, explica.

Henry Murrain, director ejecutivo del centro de pensamiento y acción Corpovisionarios, coincide en que la corrupción se ha convertido en un “caballito de batalla para los políticos” que, entre otras, ha contribuido a aumentar la polarización política. “Unos a otros se acusan de quién es más corrupto y buscan descalificarse en estos términos porque no hay nada más desdeñable para la sociedad que un político corrupto”, dice.

Para María Paula Ángel, investigadora del área de transparencia de DeJusticia, los resultados de percepción del Observatorio son un arma de doble filo. Subraya que, si bien son un termómetro para medir el descontento ciudadano –lo que puede materializarse en una mayor toma de conciencia e indignación a la hora de ponerle freno a la corrupción–, estas narrativas pueden acentuar aún más el actual clima de insatisfacción con las instituciones y reforzar lo que desde este centro de estudios jurídicos y sociales denominan ‘la cultural del incumplimiento de reglas’.

“Debido al contexto sociopolítico y cultural colombiano, la mayoría de ciudadanos, antes de tomar la decisión de cumplir una norma, sopesan los beneficios de adoptarla. La norma no tiene un poder intrínseco, solo la cumplen si da beneficio. Entonces, cuando la gente ve que todo el mundo es corrupto, el pensamiento es ‘y por qué yo no lo voy a ser’. Eso hace que los límites se vuelvan más laxos”, explica.

Sin embargo, y esto es algo a lo que apuntan todos los expertos consultados por EL TIEMPO, no hay más corrupción ahora que hace 20 o 30 años, si bien la opinión pública habla cada vez más del asunto. “Es muy importante que se haya posicionado en la agenda pública. Y si la corrupción ha llegado a la mente de los colombianos es porque, en buena medida, el sistema de contrapesos, mal que bien, está funcionando. Los actores con poder lo tienen más difícil ahora en términos de abuso de poder. No tenemos las grandes condenas, cierto, pero sí existe una mayor presión social, indignación ciudadana y demanda de información”, asegura Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

Rodríguez es enfático en algo: “Las instituciones en Colombia son más sólidas que el crédito que les damos”. En otras palabras, no es todo blanco y negro. “La normativa y las instituciones están, pero tenemos dos problemas: el incumplimiento de normas, porque nos hemos inventado un montón de mecanismos para abusar de la discrecionalidad, y la implementación y coordinación de instituciones de investigación, sanción y rendición de cuentas”, añade Ángel.

El parte de tranquilidad que brindan los expertos es que la capacidad de fortalecer el poder de las instituciones también recae en la ciudadanía, y no tanto en aquellos ‘caudillos’ que, con sus mensajes derrotistas, buscan destruir lo alcanzado. Pero, para ello, se deben cuestionar las narrativas que se han instalado a fuego en el imaginario colectivo. “Lo que nos define como colombianos muchas veces son cosas negativas y pensamos que estamos condenados a hacer las cosas mal; nos encantan las frases lapidarias de ‘somos corruptos por naturaleza’ o ‘aquí nada funciona’. Necesitamos un movimiento cultural en el que empecemos a imaginarnos de forma distinta”, concluye Murrain. Y es que, finalmente, si la gente se convence de que las cosas están cada vez peor y no hay solución, entonces ¿qué más da ser corrupto?

Se paraliza el proyecto contra los corruptos

La lucha contra la corrupción se quedó estancada, una vez más, en el Senado. Esta semana, el proyecto de ley anticorrupción que presentó la fiscalía de Néstor Humberto Martínez –cuando todavía ostentaba el cargo de fiscal– en octubre del año pasado y que busca, por un lado, endurecer las penas contra quienes cometan actos de corrupción y, por otro, acabar con ciertos privilegios, como el de casa por cárcel, para aquellos que atenten contra los recursos de la administración pública, además de prohibir que los financiadores de campañas políticas puedan beneficiarse de contratos públicos, quedó en el limbo en su último debate previo a convertirse en ley.

Por unanimidad, y a petición del senador de Cambio Radical José Luis Pérez Oyuela, los funcionarios decidieron esperar a que se elija un nuevo fiscal.

JULIA ALEGRE BARRIENTOS
Redacción Domingo
EL TIEMPO

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