El exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez podría afectar el proceso en su contra y la investigación por los graves hechos de corrupción por los que fue capturado el miércoles pasado.
Ese fue uno de los argumentos que tuvo en cuenta la juez 40 de control de garantías para ordenar que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado de la Judicatura fuera remitido a la cárcel La Picota de Bogotá, donde tendrá que esperar el juicio en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico y uso abusivo de información privilegiada.
La funcionaria judicial señaló que los delitos imputados a Ricaurte son graves y que las evidencias destapadas por la Fiscalía durante la diligencia permiten inferir que el exmagistrado los pudo haber cometido.
La juez hizo un extenso relato de la imputación de la Fiscalía según la cual aunque Ricaurte no había vuelto a ingresar a las altas cortes, sí tenía contactos allí y a través de abogados como Gustavo Moreno tenía acceso a información confidencial y podía interferir en los procesos, por lo que no hay garantía de que no vuelva a intentar repetir ese tipo de conductas.
“La justicia está herida. Nos encontramos ante una crisis institucional en casi todos los sectores públicos; las manifestaciones de posibles actos de corrupción han precisamente tocado esas fibras sensibles de la sociedad. (...) Estas conductas afectan el Estado social y democrático de derecho, lo que hace que se pierde la credibilidad en la justicia, que está toga se lleve con tristeza porque vemos cómo, al parecer, en la cumbre, no en la base, en la alta corporación antes intocable hubo actos de corrupción”, sostuvo la juez antes de librar la orden al Inpec para que el exmagistrado sea recluido en el pabellón de funcionarios públicos de la penitenciaría La Picota de Bogotá.
La juez dijo que el exfiscal Luis Gustavo Moreno, preso por el escándalo y pedido en extradición, dio cuenta en sus declaraciones de los contactos del exmagistrado Ricaurte con políticos.
Ante los cuestionamientos de la defensa sobre la credibilidad de Moreno, la juez sostuvo que será en el juicio contra Ricaurte en donde se defina si el exfiscal dice la verdad.
Añadió que el testimonio de Moreno y del abogado Luis Ignacio Lyons permiten inferir que sí existieron exigencias de dinero a los senadores Álvaro Ashton y Musa Besaile. “No son chismes ni especulaciones como lo dice la defensa y son testimonios obtenidos legalmente”, dijo la juez.
Para sustentar su decisión de rechazar la petición de la defensa para que le permitiera seguir en libertad, dijo que la justicia no puede tener tacha alguna “porque es ciega pero no se puede vender, no se puede ofrecer”.
El abogado Luis Ignacio Lyons, defensor de Musa Besaile en el caso de ‘parapolítica’, dijo en declaración ante la Corte Suprema de Justicia que el exmagistrado Francisco Ricaurte fue el que le rebajó de 6.000 a 2.000 millones de pesos el dinero pedido a su cliente para frenar la orden de captura que saldría en su contra a principios del año 2015.
EL TIEMPO conoció el audio de la diligencia que rindió Lyons, en la cual ratificó la versión entregada por Musa, no solo con respecto a que se trató de una supuesta extorsión sino a la forma como se pagó el dinero.
De acuerdo con Lyons, a finales del 2014 Moreno lo contactó para decirle que Musa iba a ser capturado antes de la vacancia judicial de diciembre. En consecuencia, acordaron una reunión en la que Moreno le pidió dinero para atajar la captura. En una segunda reunión en el hotel JW Marriot de Bogotá, el mismo exmagistrado Ricaurte le dijo a Musa que era inminente su captura y acordó con él que le prestarían el servicio por 2.000. El pago, según Lyons, se hizo en cuatro contados de 500 millones que le fueron entregados a Gustavo Moreno entre marzo y abril del 2015.
“Moreno iba a mi oficina y no se demoraba mucho y decía que tenía que salir a repartir eso con su papá. Según él y por comentarios de Musa, su papá era Leonidas Bustos”, dijo Lyons.
Sin embargo, Moreno, en la primera declaración que rindió ante la Corte esta semana, dio una versión distinta de los hechos. Dijo que Lyons, intermediario en los pagos, le entregó 690 millones de pesos, pero se terminó quedando con 150 millones. Moreno aseguró que le dio 530 a exmagistrado Ricaurte, quien se molestó tanto porque Lyons se quedara con una parte que decidió recibir directamente el resto de la plata de manos de Besaile.
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