El juez segundo penal ordenó la medida de aseguramiento en contra de José Elías Melo, investigado por el caso Odebrecht. El juez afirmó que la petición de la Fiscalía se sustenta en que Melo Acosta podría afectar la seguridad de la sociedad o la víctima y que podría afectar la investigación.
Frente a esos argumentos, el juez sostuvo que hay evidencias de que el exfuncionario pudo cometer los delitos imputados por la Fiscalía de cohecho e intereses indebidos en la celebración de contratos.
El funcionario judicial tuvo en cuenta para su decisión la declaración del exdirectivo de Odebrecht, Luiz Antonio Bueno Junior, quien señaló que Melo Acosta estaba enterado de las exigencias económicas hechas por el exviceministro Gabriel García Morales para la adjudicación del tramo II de la Ruta del Sol.
Añadió que el exfuncionario de Odebrecht, Luis Eduardo da Rocha Suárez, entregó información sobre los pagos que efectivamente se hicieron a García Morales por 6,5 millones de dólares.
El juez afirmó que los testimonios permiten inferir que el pago del soborno se hizo al exviceministro García Morales y que Melo Acosta estuvo enterado.
"Tenía intervención como presidente de Corficolombiana sobre sus subordinados en Episol", indicó, tras hacer referencia al testimonio del exfuncionario de Episol Mauricio Millán, quien declaró que le advirtió a Melo Acosta sobre unos pagos que le llamaron la atención.
Estos, según la Fiscalía, se hicieron para cumplir con el pago de parte del soborno para el exviceministro Garcia Morales.
El juez consideró que las conductas imputadas a Melo Acosta son graves y buscaban influir en un servidor público que tenía que velar por el interés público.
Sin embargo, aseguró que no es un peligro para la sociedad y no hace parte de Corficolombiana, por lo que no podría intervenir en las decisiones de la empresa.
No obstante, dijo que sí podría existir riesgo para la administración de justicia y que Melo Acosta podría interferir en el desarrollo de la investigación.
El juez sostuvo que Melo Acosta ha tenido altos cargos en el Estado y ha tenido la posibilidad de generar redes de contactos importantes y por esa relevancia podría presentar situaciones similares como sucedió con el exviceministro Garcia Morales.
El funcionario judicial indicó que en este caso se requiere una medida de aseguramiento en centro carcelario.
La defensa del empresario apeló la decisión y pidió al juez de segunda instancia que le conceda la libertad inmediata. Indicó que hubo contradicciones de la Fiscalía durante la imputación de cargos, errores en la cronología de los hechos y que no hay evidencias de que él hubiera cometido algún delito.
JUSTICIA
Comentar