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El líder campesino del Alto Sinú al que mataron por decirle 'no' a la coca
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José Yimer Cartagena, el líder que soñó con un Alto Sinú sin cocaJosé Yimer Cartagena era un campesino, de apenas 30 años, que impulsaba la sustitución de cultivos de uso ilícito. Fue secuestrado, torturado y asesinado en 2017.
José Yimer Cartagena - Retrato

César Melgarejo / EL TIEMPO

Especial

El líder campesino del Alto Sinú al que mataron por decirle 'no' a la coca

José Yimer Cartagena fue secuestrado, torturado y asesinado en 2017. Esta es su historia.

La peregrinación se extendía bajo un rayo de sol calcinante. Algunos hombres se adelantaban hasta el frente para relevar a sus vecinos y ayudar a cargar el ataúd. Casi todos vestían jean, poncho y botas pantaneras, y no faltaba el que tenía el machete encintado: eran campesinos que se dirigían a enterrar a uno de los suyos.

(Ingrese al especial 'Una lucha verde que les costó la vida').

A uno al que no le tembló la voz para decirles a los hombres armados que se fueran y para convencer a los labriegos de arrancar las matas de coca a ver si por fin, después de décadas viendo correr la sangre por sus campos, empezaban a vivir en paz. Iban a enterrar los restos de José Yimer Cartagena Úsuga, sin advertir que también quedaría sepultado el proceso que él lideraba para que el corregimiento de Saiza, en Tierralta, Córdoba, saliera de la guerra y el abandono.

El líder José Yimer Cartagena tenía 30 años cuando fue asesinado por miembros del 'clan del Golfo'.

Foto:

Archivo particular

De ese día ya pasaron cuatro años, pero una de las hermanas de Yimer –que pidió omitir su nombre por razones de seguridad– dice que no supera su pérdida. Que no sabe si algún día lo hará.

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Él sabía los peligros que corría. Ya lo habían amenazado de muerte, pero decía que no podía dejar a las comunidades desamparadas. Y así fue: no las dejó, tomó el riesgo”, dice la mujer –de piel blanca y cuerpo menudo– mientras se le inundan los ojos y hace un esfuerzo por contener las lágrimas. No le gusta llorar.

Desde el paro agrario de 2013, la voz ronca y siempre poderosa de Yimer empezó a tomar fuerza en Tierralta. Sin importar que su corregimiento fuera el más alejado y de difícil acceso, logró que unas 300 personas se movilizaran a las ciudades de concentración de las protestas. Pertenecía al movimiento Marcha Patriótica y se enroló con la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) –que aglomera a más de 5.000 labriegos–, se convirtió en su vicepresidente y empezó a trabajar en el fortalecimiento político de Saiza y a denunciar las violaciones de derechos humanos que grupos guerrilleros y herederos de estructuras paramilitares cometían en la región.

Cuando él nació, el 15 de julio de 1986, el conflicto ya estaba presente en esas últimas montañas del Nudo de Paramillo, que marcan el fin de la cordillera Occidental. Con los años, la guerra obligó a su familia a desplazarse y le arrebató la vida a su mamá una semana antes de que él cumpliera 15 años. Una mamá muerta en una de las tantas masacres que han ocurrido en este territorio.

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Por eso, en 2016, cuando se comenzó a hablar de la firma de un tratado de paz con las Farc, cuando vio que sus tres hijos y los de todos sus vecinos podían tener mejor futuro, le apostó todo a esa meta. Se concentró en hacer pedagogía de lo negociado en La Habana y le puso el foco a una estrategia consignada en el punto 4 del acuerdo: el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la punta de lanza para acabar con la coca en los territorios de forma concertada con las comunidades.

Así registraron en la prensa local el homicidio de José Yimer Cartagena.

Foto:

César Melgarejo. EL TIEMPO

José Yimer, como cualquier campesino que viva en una región cocalera, sabía que esas siembras son el principal detonante de la violencia, y reemplazarlas por cultivos legales se convirtió en un sueño que los actores armados no le dejaron cumplir.

Es la paradoja de un país de guerras recicladas como Colombia. Tras la salida de las Farc del territorio, la incapacidad del Estado para evitar que otros grupos coparan los espacios abandonados por la antigua guerrilla fue tal que, menos de dos meses después de la firma del acuerdo de paz, el 10 de enero de 2017, hombres del ‘clan del Golfo’ –la estructura que controla desde entonces el Alto Sinú– secuestraron a Yimer.

Sabía que corría peligro porque su labor ponía en riesgo directo las finanzas del clan. Si la coca desaparecía de la región, el principal negocio de esa estructura –el narcotráfico– perdería su materia prima.

(Además: así apagaron la voz del 'guardián de Caño Cristales').

Córdoba, de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos de Uso Ilícito (Simci), de Naciones Unidas, es el noveno departamento del país con más hectáreas sembradas de coca: 2.882 de las 154.475 que tenía Colombia para 2019, el conteo más reciente. Y solo en Tierralta estaban 1.140, el 40 por ciento de las cultivadas en todo el departamento. Eso representa una producción de unos 8.500 kilos de cocaína, que según estimaciones de la Policía significan alrededor de 414 millones de dólares.

Nosotros no pudimos estudiar porque nos tocó una infancia de mucha violencia, pero él era muy inteligente. Cualquier cosa que leía, se le grababa

Y a esa cantidad de plata que los grupos armados no estaban dispuestos a dejar de percibir se sumaba la oposición de Yimer a que entraran al territorio y sus denuncias sobre los vejámenes de estos grupos en su lucha por tener el control.

Un día después de su rapto, el 11 de enero de 2017, su cadáver fue encontrado en un potrero. Llevaba jean, botas pantaneras y una camiseta blanca teñida de sangre por las 30 puñaladas que sus verdugos le propinaron. Le cortaron la lengua. Le arrancaron las uñas. Su cuerpo yacía sobre un pastal con las manos amarradas tras la espalda y la cabeza cubierta por un trapo. Una sevicia sin palabras que la describan. Una sevicia que hay que contar porque a ella se enfrentan quienes viven en estos territorios. Y nadie quiere enterrar más muertos.

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Cuando su hermana nació, José Yimer tenía 7 años; cuando lo asesinaron tenía 30. A ellos, como a todos los nacidos en Saiza, les dicen que son ‘costeños chiviados’. Su corregimiento pertenece a Córdoba, pero la falta de vías hacia los centros urbanos de ese departamento hace que tengan más cercanía con los municipios del Urabá antioqueño, y la mayoría de saiceños hablan con ese acento tan paisa como el de ella, que también caracterizaba a su hermano.

En las pocas fotografías que se conservan de él, aparece con sombrero vueltiao, carriel y micrófono en mano. A veces se dejaba la barba en forma de candado; otras, solo el bigote. Algunos lo llamaban el Flaco, y calculan que no medía más de 1,70 m. Tenía cejas gruesas y esa piel que se vuelve del color del trigo por la exposición al sol en los campos. Pero más que su físico, en el Alto Sinú lo recuerdan por su entrega. Se mantenía informado de los problemas de las comunidades –sobre todo de las que viven en las 30 veredas que forman el corregimiento de Saiza– y se movía como podía para solucionarlos. Incluso fue uno de los impulsores de la iniciativa de crear una zona de reserva campesina en el Nudo de Paramillo.

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Nosotros no pudimos estudiar porque nos tocó una infancia de mucha violencia, pero él era muy inteligente. Cualquier cosa que leía se le grababa”, dice su hermana, y sentencia: “Por algo manejaba el rol de líder social”.

El río Sinú bordea el casco urbano de Tierralta. Es la tercera fuente hídrica más importante del Caribe y, por décadas, ha sido usado por los paramilitares y guerrilleros en sus acciones criminales.

Foto:

César Melgarejo. EL TIEMPO

El paso de la violencia por Córdoba ha marcado a generaciones enteras. Según el Registro Único de Víctimas, 424.548 personas (casi un cuarto de la población total) han sido afectadas por el conflicto armado en este departamento desde 1985. Pero la guerra llegó mucho antes a esta tierra.

En 1967 nació en la región el Ejército Popular de Liberación (Epl), y cuatro años más tarde, el quinto frente de las Farc. Pero hubo una fuerza irregular surgida a finales de los 80 que no permitió, a largo plazo, la consolidación de las guerrillas: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), conformadas por hombres bajo el mando de Fidel Castaño, hermano del cruelmente célebre Carlos Castaño. Ese grupo paramilitar fue el preámbulo de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que en su afán por acabar con la subversión implantaron el terror a su paso.

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En Saiza, lo peor del conflicto comenzó a sentirse en 1997. Eso lo recuerda la hermana de Yimer, quien para entonces era una niña. Ella tenía escasos 5 años cuando su familia se vio obligada a desplazarse. Se fueron para Remedios, en el nordeste de Antioquia, a más de 11 horas de distancia. Todo Saiza correría la misma suerte después de la masacre del 14 de junio de 1999. Ese día, paramilitares del bloque Bananero –comandado por Éver Veloza, alias H. H.– asesinaron a 14 personas, quemaron el caserío y forzaron a todos sus habitantes a huir.

Ella murió en una masacre a manos de las Auc hace 20 años. Estaba embarazada, pero a los paramilitares no les importó eso

La conversación con ella se da en la peluquería que montó en la casa a donde tuvo que huir tras la muerte de Yimer, por miedo a correr su misma suerte. Es un cuarto con tejado de zinc y piso cementado, de cinco tablas de madera de ancho por ocho de fondo, adornadas con un espejo y un almanaque rojo. Queda en una invasión de calles destapadas y sin servicios públicos, en un municipio caluroso que, si por ella fuera, se llamaría ‘No me encuentren’.

Como si no bastara con el dolor de perder a un familiar, tuvo que salir despavorida y con las manos vacías a buscar rumbo lejos de Saiza. Ya perdió la cuenta de todas las veces que la guerra la ha obligado a desplazarse, aunque recuerda bien la primera.

Nosotros nos fuimos primero a una vereda de Remedios. Allá se quedó mi papá y, huyéndole a la violencia, mi mamá nos llevó al pueblo vecino, Segovia. Ella murió en una masacre a manos de las Auc hace 20 años ya, el 8 de julio de 2001. Estaba embarazada, pero a los paramilitares no les importó eso. Con tal de hacer su matanza y salir con las manos manchadas hasta donde más no podían, no les importó. Quedamos huérfanos”, recuerda con la mirada clavada en la nada.

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Yimer, un niño en esa época, tuvo que convertirse en adulto y trabajar como tal para responder por sus siete hermanos. Siguió labrando la tierra y, con los años, aprendió a manejar una retroexcavadora y se empleó en las minas de oro de la región.

En Segovia, Yimer conoció a su primera pareja y tuvo dos hijos con ella: el mayor tiene 15 años ahora, y la menor, 12. Tiempo después de que las cosas dejaron de funcionar en su relación, se separaron. Era hora de recorrer –como ya lo habían hecho su padre y algunos hermanos– los más de 500 kilómetros del camino de regreso y volver a su pueblo: a Tierralta, a Saiza, al lugar donde nació y donde luego enterrarían sus restos.

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En Tierralta, Córdoba, un alto porcentaje de la población no tiene acceso a servicios públicos.

Foto:

César Melgarejo. EL TIEMPO

El aguacero que cayó en la noche y la falta de alcantarillas tienen la calle hecha un charco. Apenas despunta el amanecer del jueves en el centro de Tierralta y no hay ni un alma caminando por ahí. Frente a una miscelánea está parqueada una camioneta 4 x 4 blanca. En el espaldar de los asientos delanteros hay dos chalecos antibalas: uno para Luis Carlos Herrera, que va de copiloto, y el otro para el escolta que le asignaron por las amenazas que tiene encima, quien conduce el vehículo.

Luis –de pelo corto y piel morena– es un reconocido líder social del sur de Córdoba. Desde 2005 empezó a denunciar la violencia en la región y, entre 2012 y 2018, fue presidente de Asodecas. Durante cuatro de esos seis años, José Yimer fue el vicepresidente de la organización, hasta que lo mataron.

(Puede leer: ¿Qué hay detrás de los crímenes de líderes ambientales?).

Recorremos en dirección norte las calles, hasta que se acaban las casas y aparece un valle extenso a orillas del río Sinú, atravesado por una carretera que es la salida del municipio y el departamento. Es la misma vía que Yimer recorría cada vez que necesitaba ir desde Saiza hasta el casco urbano de Tierralta, donde está la sede de la asociación.

Es un mismo pueblo, pero para ir desde su centro poblado hasta las veredas del sur, la falta de carreteras obliga a atravesar y salir de la subregión del Alto Sinú, a pasar por el Urabá antioqueño hasta llegar a Carepa y, ahí sí, entrar otra vez a Córdoba e internarse por dos horas más hasta el corregimiento. La ruta podría ser de 60 kilómetros, pero hay que recorrer 150 para llegar, y la mayoría del tramo se hace por una vía destapada que desde hace décadas controlan grupos paramilitares o sus herederos y que es clave para sacar la droga a pueblos costeros como Necoclí o Turbo.

El líder Luis Carlos Herrera trabajó con José Yimer Cartagena por más de cinco años.

Foto:

Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Y, de todos modos, lograr entrar a Saiza no es una certeza. La ley y el orden en el territorio los impone el ‘clan del Golfo, y sin su permiso no es recomendable ingresar. No obstante haber pedido esa autorización con semanas de anticipación, no pudimos llegar hasta allá. Los líderes comunales del corregimiento aseguraron que no podían garantizar nuestra seguridad y, sobre todo, la de ellos. “Ustedes probablemente entren y salgan, pero nosotros nos tenemos que quedar acá y pueden tomar represalias”, dijo uno de ellos, y se negó desde el comienzo a ser entrevistado, incluso en caso de obtener el visto bueno de los actores armados.

Allá, los miembros del clan –cuyo máximo líder, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, es el hombre más buscado del país– andan vestidos de civil. Si se mueve una hoja (o si alguien la mueve), ellos se enteran.

Pensábamos que al salir las Farc del territorio y nosotros dejar de sembrar coca, las cosas iban a cambiar, pero los paramilitares se adueñaron de las tierras productivas

Yimer era la piedra en el zapato para ellos, porque tenía las comunidades muy alertas a que cuando las Farc salieran del territorio no dejaran meter nuevos grupos armados a sus veredas”, contó una labriega de Saiza.

Con su asesinato, el plan de resistir a la incursión de estructuras ilegales se desmoronó. Si lo que buscaba el clan era intimidar a la comunidad, lo logró. ¿Quién arriesga su pellejo cuando el precio es la tortura y el asesinato? José Yimer Cartagena lo hizo. Miles de líderes lo hacen. Y a cientos les ha costado la vida.

Eso sí, la semilla que plantó para que los campesinos abandonaran la coca se mantuvo. Los últimos meses de su vida se dedicó a recorrer las veredas del corregimiento socializando el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

A esta estrategia, que busca que los cultivadores arranquen sus matas y empiecen un proyecto productivo legal, se vincularon 99.097 familias en 56 municipios de 14 departamentos. Córdoba es el sexto territorio con mayor número de campesinos inscritos al PNIS: 6.374 familias que abandonaron la coca y erradicaron voluntariamente 2.489 hectáreas.

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Yimer había logrado preinscribir casi 700 familias de Saiza al programa, pero cuando lo mataron, a la gente le dio miedo seguir vinculándose”, cuenta el líder Luis Herrera. Al final, según los datos del programa de sustitución, se inscribieron solo 345 familias del corregimiento, que arrancaron 221 hectáreas sembradas con la mata (el 9 por ciento de las que se sustituyeron en todo el departamento).

Pero el asesinato de Yimer y las amenazas en Tierralta no fueron la excepción, sino, más bien, la regla en los territorios donde se intentó acabar con la economía ilegal de la coca.

La lideresa María Arrieta, quien se reunió con José Yimer pocas semanas antes de su asesinato, asegura que no han podido encontrar a una persona que tome las riendas de su lucha.

Foto:

César Melgarejo. EL TIEMPO

Allí, el blanco de ataque directo fueron los promotores de la sustitución como Yimer. Desde las primeras amenazas que él recibió –en noviembre de 2016– hasta junio de 2020, en el país asesinaron a 75 líderes que le apostaban a acabar con la coca, según una investigación del Programa Somos Defensores.

Cuando mataron a Yimer se notó como un silencio. Hubo cambios muy grandes porque notamos que el programa de sustitución iba adelantado y de pronto se cayó, se detuvo. Los líderes sentimos temor de que nos pasara lo mismo por continuar en eso”.

Quien habla es el presidente de la junta de acción comunal de una vereda del corregimiento de Saiza. También pidió omitir su nombre por seguridad. Comunicarse con él o cualquier poblador solo es posible si no están allí: en la zona no hay señal de celular ni internet. Para rematar, físicamente también están aislados. En octubre del año pasado se cayó un puente desvencijado que les permitía a 2.500 habitantes de 12 veredas cruzar el río Verde para llegar al casco urbano de Saiza y surtirse de víveres. El pueblito está formado por 70 casas –algunas, de material; muchas, de madera–, una capilla y una escuela construida por la propia comunidad. No hay estación de policía ni base del Ejército. Tampoco agua potable o centro de salud.

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Del caserío de Jaime a Saiza no hay carretera. Se llega después de una hora atravesando un camino de herradura o por el río. Veredas como esa, y otras mucho más apartadas, eran frecuentadas por Yimer. Hasta allá también llegaron los funcionarios del PNIS para firmar los acuerdos y verificar que los cultivos de coca sí se hubieran arrancado, pero –dicen los pobladores– después de eso poco volvieron y empezaron las trabas.

De hecho, los reportes de implementación del PNIS muestran que los retrasos se dan a nivel nacional. Y la situación de Tierralta es de las más preocupantes: este es el tercer municipio con mayor retraso. De sus 19 corregimientos, Saiza es donde más estancado está. Este año, sus pobladores recibieron el primero de seis pagos de ‘Asistencia alimentaria inmediata’, un auxilio económico que, según lo establecido, debía haber llegado hace más de tres años: era inmediato porque sería el único ingreso con el que contarían los campesinos justo después de arrancar las matas de coca que les daban el sustento.

Acá la situación económica ha sido muy difícil. Al quedar sin el ingreso de los cultivos, la gente ha tenido que rebuscarse estos años”, cuenta el hombre que tampoco quiso revelar su nombre, y dice que él y sus vecinos creen que las cosas serían diferentes si no hubieran asesinado a Yimer: “Él estaba pendiente de todos esos procesos, buscaba reuniones con las entidades. Si siguiera acá, imagínese, se habrían podido adelantar esos tiempos, hubiéramos podido reaccionar para que nos cumplieran, pero todo quedó en veremos”.

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Me dijo que era mejor que la gente abandonara la coca y tuviera un proyecto legal

La última vez que la lideresa María Arrieta vio a José Yimer Cartagena, una semana antes de su muerte, él le advirtió que la situación no estaba fácil: “Me dijo que había inconvenientes en el territorio, pero que era un trabajo que había que hacer, que era mejor que la gente abandonara la coca y tuviera un proyecto legal. Él nunca se puso negativo”.

Los peligros, para entonces, habían sido detectados por la propia Defensoría del Pueblo, que el 23 de noviembre de 2016 generó una alerta temprana en la que sostuvo que los líderes sociales, indígenas y miembros de Asodecas estaban “en especial condición de riesgo” ante la expansión del ‘clan del Golfo’.

Pero, para los tierraltenses, de nada sirvió que el Estado estuviera al tanto de la situación. “Pensábamos que al salir las Farc del territorio y nosotros dejar de sembrar coca, las cosas iban a cambiar, pero los paramilitares se adueñaron de las tierras productivas. Yo tuve que salir de mi vereda, y allá el clan había tumbado ya 11 hectáreas de bosque para cultivos ilícitos. En las zonas más apartadas les compraron las fincas a los campesinos, les daban 300.000 o 400.000 pesos por hectárea para sembrar todo eso con coca. Ya hasta se ven cristalizaderos por allá”, contó una lideresa que pidió no revelar su identidad.

Su testimonio explica, en parte, el notable aumento de los cultivos de coca en el municipio en esos años de reacomodación de los grupos armados. De 1.290 hectáreas en 2016 –cuando se firmó el acuerdo de paz y la guerrilla salió de la zona– a 1.629 en 2017 y, luego, a 2.201 hectáreas en 2018, según el Simci, de la ONU.

(Ingrese al especial: 'Una lucha verde que les costó la vida').

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Segundo martes de 2017. El calendario indicaba que era 10 de enero. Apenas arrancaba el año y José Yimer Cartagena citó a los vecinos de la vereda El Llano para contarles las buenas nuevas: ese día viajaría a Carepa para hablar con el alcalde, quien se había comprometido a aportar la gasolina para las máquinas que arreglarían la carretera. La vía, que comunica el sur de Tierralta con el Urabá, es la única que tienen los saiceños, y en inviernos tan fuertes como el que destruyó el puente del río Verde se vuelve intransitable.

A eso de las 3 de la tarde, cuando se terminó la reunión, el líder subió a pie hasta el sector El Cerro, por donde pasa el campero de servicio público que cubre a diario la ruta entre Saiza y Carepa. Iban pasando por un punto conocido como La Petrolera, ya en tierras antioqueñas, cuando un retén de hombres armados –que luego se sabría que pertenecían al ‘clan del Golfo’– detuvo el vehículo.

Llamaron a José Yimer por su nombre completo, lo bajaron y amenazaron a los demás ocupantes. “Hagan de cuenta que nada pasó. Ustedes no vieron nada”, relatarían después los pasajeros.

Estaba por oscurecer cuando Luis Carlos Herrera, presidente de Asodecas para entonces, se enteró de que habían secuestrado a Yimer. Junto al defensor de derechos humanos Andrés Chica, alertó a la Fuerza Pública y arrancó para Carepa.

José Yimer Cartagena fue enterrado en Saiza, su corregimiento.

Foto:

Asodecas

Esa noche, mientras empezaba la búsqueda, los verdugos de Yimer lo torturaron hasta causarle la muerte. Lo querían silenciar y se encargaron de hacerlo por mano propia y de tajo. Fotografiaron su cadáver. Le robaron su celular y su computador para, según la Fiscalía, hacer pasar el crimen como consecuencia de un hurto.

A la mañana siguiente, el 11 de enero, Luis Carlos y Andrés recibieron la noticia. “Estábamos buscándolo con agentes de policía y Ejército cuando nos llamaron a decirnos que habían encontrado un cuerpo”, recuerda Luis, mientras caminamos por el potrero de Acadaná, el sector a las afueras de Carepa donde dejaron el cadáver.

El primer informe forense sobre el cuerpo, cuentan los líderes, negaba que José Yimer hubiera sido torturado, por lo que su familia y los miembros de Asodecas pidieron que enviaran profesionales externos. Ellos llegaron al día siguiente desde Medellín para adelantar la necropsia.

Yimer estaba convencido de que iba a sacar adelante a su territorio. Creía en el proceso de paz, en que la vida acá iba a cambiar

El viernes, el cuerpo de Yimer pasó a un féretro sellado con doble plástico, para que nadie pudiera ver cómo había quedado. Fue necesario un coliseo entero para velarlo. Hasta allá llegaron cientos de defensores de derechos humanos y campesinos del Alto Sinú y el Urabá antioqueño. Al día siguiente, el 14 de enero, lo despidieron en Saiza, donde siguen sus restos, junto a los de un hermano a quien también mataron los armados.

Yimer estaba convencido de que iba a sacar adelante a su territorio. Creía en el proceso de paz, en que la vida acá iba a cambiar. Tenía el anhelo de que su corregimiento saliera de ese conflicto que había generado tanta sangre”, dice Luis Carlos con la impotencia de quien sigue viendo morir a los suyos. Y sentencia: “Él nació en un territorio de guerra, y lo mató la guerra”.

Apenas dos semanas después del entierro del líder, la Policía capturó por un caso externo al jefe de sicarios del ‘clan del Golfo’ en Carepa, Adrián Manco Higuita, alias Camilo, y en su celular encontraron una foto del cadáver de Yimer. Tuvo que pasar más de un año y medio para que Manco aceptara que había sido el autor del asesinato.

El criminal paga una condena de 18 años de prisión en la cárcel de El Pedregal, en Medellín, pero, para la familia de Yimer, no significa que se haya hecho justicia. Según la Fiscalía, el caso sigue en etapa de investigación.

El proceso quedó parado. Manco pudo ser el autor material, pero no nos han dicho quién fue el intelectual, quién dio la orden y si hubo más personas involucradas”, cuenta la hermana del líder, mientras se aprieta el pecho con la mano izquierda.

(Lea: El mapa de homicidios de líderes ambientales en Colombia).

Y dice que desde la muerte de Yimer, su papá sufre de trastornos y se le olvidan las cosas: “Con mis hermanos pensamos que es mejor así, con eso no recuerda tanto dolor”.

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JULIÁN RÍOS MONROY
Enviado especial de EL TIEMPO
*Periodista de la redacción de Justicia
En Twitter: @julianrios_m

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