El polémico contrato de estabilidad jurídica que Odebrecht firmó con el Estado colombiano a pocas horas de que terminara el 2012, y en el que se le garantizó a la multinacional que no sería afectada por los cambios de la reforma tributaria del año siguiente, puso a otro exviceministro de Transporte en la mira de las autoridades.
El procurador general, Fernando Carrillo, abrió una investigación disciplinaria contra el exviceministro Javier Alberto Hernández, quien firmó el contrato el 31 de diciembre de ese año con Juan Nicolás Devis Morales, apoderado de la concesionaria Ruta del Sol II, que desarrolló esa obra clave para las vías del país. En el escándalo de Odebrecht ya fue condenado a 7 años de prisión el exviceministro Gabriel García Morales, quien aceptó cargos.
El proceso de Hernández se inició a partir de las declaraciones que el exsenador Otto Bula rindió ante la Fiscalía el pasado 11 de agosto. El exfuncionario –preso por el caso Odebrecht– aseguró que la firma pagó de manera irregular 4.000 millones de pesos a diferentes funcionarios públicos para que aceleraran el proceso de la firma del contrato de estabilidad jurídica, que le permitió a Odebrecht que las leyes y normas sobre el impuesto al patrimonio, las deducciones fiscales y las ganancias ocasionales se mantuvieran intactas y no cambiaran mientras se desarrollaba la obra de la Ruta del Sol II.
Según las declaraciones de Bula y del ingeniero Federico Gaviria –también preso por el escándalo y hoy testigo estrella de la Fiscalía–, la polémica gabela para Odebrecht se logró gracias a la intermediación de un grupo de congresistas denominados los ‘Buldócer’.
De ese grupo, según una declaración rendida por Gaviria el pasado 27 de octubre, harían parte por lo menos 10 legisladores, entre los que se encuentran Armando Benedetti, Musa Besaile, Bernardo Miguel Elías, Antonio Guerra de la Espriella, Álvaro Ashton, Sandra Villadiego, Martín Morales y Alfredo Ape Cuello Baute, contra quienes la Fiscalía compulsó copias para que sean investigados por la Corte Suprema.
Los excongresistas recibieron millonarios sobornos a cambio de presionar a diferentes instancias del Gobierno (desde el Ministerio de Hacienda hasta el Ministerio de Transporte) para que se firmara el contrato.
Para la fecha en la que se firmó la gabela, Hernández era viceministro de Infraestructura, encargado de las funciones del Ministerio de Transporte.
Al analizar esas declaraciones, la Procuraduría determinó que “se encuentra establecida una posible transgresión de los principios que rigen la contratación estatal”, por lo que decidió iniciar el proceso disciplinario en su contra.
En medio de la investigación, la Procuraduría dispuso –además de investigar cómo se firmó el contrato– escuchar bajo la gravedad de juramento a Yezid Arocha, director jurídico de Odebrecht en Colombia, así como a Juan Nicolás Devis Morales, abogado de la concesionaria Ruta del Sol II en la época de los hechos.
La Procuraduría también verifica si es cierto que para el 2011 se le negó a la concesionaria un contrato similar de estabilidad jurídica y las razones que se tuvieron en cuenta en esa época.
Para que rinda su versión sobre los hechos, Hernández fue citado por la Procuraduría para el primero de diciembre, a las 9 a.m..
Hernández, hijo del excontralor Antonio Hernández Gamarra, también ha sido señalado en otro capítulo de Odebrecht. La Fiscalía indaga el papel que tuvo en el 2014, cuando esa firma logró una adición para el contrato de la Ruta del Sol –con el que se construyó la ruta Ocaña-Gamarra–. En esa época, Hernández hacía parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) como vicepresidente ejecutivo, por lo que se indaga si ayudó a agilizar la firma de contratos que estaban frenados a favor de la multinacional.
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