En cuestión de días, la Fiscalía se pronunciará de fondo dentro de la investigación que abrió por los pagos que la Universidad de Cundinamarca se comprometió a hacerle al abogado César Augusto Moya Colmenares, por una cuantía superior a los 9.700 millones de pesos.
Para Ricardo López, contralor de Cundinamarca, es claro que existen irregularidades del orden penal en esos desembolsos que hacen parte del paquete de anomalías que el funcionario viene revelando.
De hecho, este martes denunció que recursos de los hospitales del departamento son usados para realizar llamadas a líneas calientes y para contratar médicos falsos.
En el caso de la Universidad de Cundinamarca, López llevó su auditoría ante la Fiscalía y pidió que se suspendieran pagos por 6.000 millones de pesos que involucran al abogado Moya, quien asesoró legalmente a la institución en un litigio con la Gobernación de Cundinamarca.
Por ese caso, que data del 2005, ya fue llamado a interrogatorio Adolfo Miguel Polo, exrector de esa institución. Además, la fiscal 30 especializada contra la corrupción ordenó la práctica de diversas pruebas antes de tomar una decisión.
En el entretanto, el investigado ha interpuesto al menos 46 recursos legales de diferente tipo.
En dos ocasiones recusó al contralor López, contra quien, además, ha interpuesto seis acciones de tutela. En varios de esos recursos alega la violación de derechos fundamentales, como el de acceso a la información sobre su proceso, y reitera que su conducta ha sido legal y transparente. Pero el abogado Moya ha ido aún más allá.
“Ha interpuesto 37 derechos de petición y acaba de instaurar una denuncia por injuria y calumnia en contra el Contralor de Cundinamarca”, explicó un funcionario de la Fiscalía. Y agregó que se evalúa si se trata de una avalancha de acciones judiciales temerarias o si está ejerciendo su defensa.
En los derechos de petición a la Contraloría, el abogado pide desde declarar la nulidad de la auditoría a la universidad hasta copia fiel de la denuncia en su contra ante la Fiscalía General.
En esencia, el ente acusador se prepara a determinar si, tal como lo señala el informe de auditoría, la remuneración que se le reconoció al abogado fue desproporcionada y si hubo algún tipo de favorecimiento en el pago de honorarios, esto último en detrimento de los intereses de la universidad.
“Lo único que estoy cobrando es el porcentaje pactado (10 por ciento) desde junio de 2005 por cartera recuperada (...). Llevo trabajando para la universidad 11 años y le recuperé 180.000 millones de pesos”, ha dicho Moya en su defensa.
Y agrega que tiene cómo demostrar todos los recursos que interpuso para recuperarle la cuantiosa suma a la institución.
JUSTICIA
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