La Fiscalía investiga seis casos de supuesta destrucción de información clasificada del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Cinco de los casos están en etapa de indagación y estarían vinculados a maniobras para intentar ocultar información sobre procesos de investigación adelantados por grupos de tarea del organismo de seguridad, que fue liquidado como consecuencia de las ‘chuzadas’ ilegales.
Así consta en un informe de 22 páginas enviado por la Fiscalía a la Justicia Especial para la Paz (JEP) en el que se detalla que recibieron del DAS 12.575 cajas con información que fue distribuida a las secciones del ente acusador a las que correspondían los casos de los que en esos archivos reposaba información.
Solo un caso por posible destrucción de información de inteligencia y contrainteligencia ya está en juicio y tuene que ver con una denuncia por hechos registrados en la sede central del DAS en Paloquemao. El caso es llevado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Según la información entre el 19 y el 21 de enero de 2008 información, “entre ellos audios de comunicaciones de muchos personajes de Colombia fueron destruidos en el piso once de la sede del DAS de Paloquemao de Bogotá, todo esto de acuerdo a información suministrada por un detective del DAS que participó en la recolección de información y posterior destrucción”.
Y añade el informe que “parte de esta información que hoy ya no existe era entre otros grabaciones, documentos secretos y análisis de inteligencia con información de varias personas que estaban en la mira del DAS, entre ellos: magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, políticos de la oposición, generales de la República, fiscales y algunos miembros del alto gobierno que desde hace meses estaban siendo monitoreados por el DAS”.
Los funcionarios habrían destruido esas evidencias ante la llegada de un nuevo director al organismo de seguridad en reemplazo de María del Pilar Hurtado, quien cumple hoy una pena de 14 años de cárcel por los delitos de abuso de autoridad en la función pública, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y violación ilícita de comunicaciones.
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