De acuerdo con una investigación de la Procuraduría, Fredys Miguel Socarrás, en su condición de alcalde de Valledupar entre el 2012 y el 2015; Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, exsecretaria general de la Alcaldía; Carlos Mario Céspedes Torres, exsecretario de Gobierno, y Mery María Romero Mestre, exjefe de la Oficina Jurídica, habrían celebrado un contrato de forma irregular por un valor de 1.400 millones de pesos.
Se trata de un convenio celebrado entre la Alcaldía de Valledupar y la firma Springer Von Schwarzenberger Consulting Services S.A.S. (SVSCS), de la politóloga Natalia Springer, para la formación "de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz" en el municipio.
Según el ente de control, a Fredys Socarrás se le investiga por "omitir la vigilancia y control sobre la función delegada en la secretaria general, en el marco del citado contrato", por lo que calificó la conducta como gravísima a título de culpa.
Lisbeth Lorena Gaitán Mateus tendrá que responder por supuestamente haber certificado que la firma de Springer era idónea para desarrollar el proyecto, sin realmente serlo. Además, por haber adelantado el contrato de forma directa sin cumplir con "el procedimiento previo para la selección objetiva del contratista". La falta fue calificada también como gravísima a título de culpa.
A Carlos Mario Céspedes se le imputan dos conductas, entre estas, haber certificado la idoneidad de la empresa SVSCS para desarrollar el contrato cuando, según la Procuraduría, no existían elementos que lo evidenciaran, ni estudios de mercado para procurar el mejor oferente de esos servicios.
Al exsecretario de Gobierno también se le cuestiona, en su papel de supervisor del contrato, no haber exigido calidad en los servicios contratados.
La Procuraduría dice, por ejemplo, que había evidentes diferencias entre el número de personas capacitadas y la capacidad del auditorio donde se llevaron a cabo los talleres, además, que no se exigieron los informes que habían quedado consignados como obligaciones en el contrato.
Las conductas de Céspedes fueron calificadas como gravísimas a título de dolo y de culpa gravísima, respectivamente.
A Mery María Romero Mestre se le investiga porque, al parecer, no asesoró a la Alcaldía sobre el procedimiento que debía seguir para la selección del contratista.
"Su falta se calificó en esta etapa como grave cometida con culpa grave, teniendo en cuenta que situaciones como la presentada generan una imagen negativa a la administración y generan desconfianza de los ciudadanos, poniendo en entredicho la buena fe con que deben actuar todos los servidores del Estado", se lee en el comunicado del Ministerio Público.
JUSTICIA
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