Los 65 investigados por el contrato de 541 megacolegios en el país

Los 65 investigados por el contrato de 541 megacolegios en el país

Contraloría les abrió un proceso fiscal por presunto detrimento de $ 559.853 millones.

Megacolegio San Sebastián, Manizales.

De los colegios contratados solo han sido terminados 102 y de ellos, solo 15 han sido entregados, según el informe de la Contraloría.

Foto:

John Jairo Bonilla / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
21 de diciembre 2019 , 10:19 p.m.

Quince empresas que se dedican a la construcción, 24 interventores, dos exministras de Educación y altos mandos en universidades del país son algunos de los que aparecen en la lista de 65 investigados por la Contraloría General, debido a las demoras y presuntas irregularidades en los contratos con los que se tenían que construir 541 megacolegios. Esas instituciones debían estar listas el año pasado para cerrar la brecha de educación en el país y beneficiar a 180.000 niños.

Esta semana, la Contraloría abrió un proceso fiscal en su contra, en el que deberán explicar sus actuaciones y posibles omisiones de sus funciones en ese proyecto.

El contrato se inició en el anterior gobierno con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa 2015-2018, para el que se creó el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE). Con ese fondo se debían sacar adelante los megacolegios que tendrían unas 30.000 aulas, para aliviar un poco el déficit de 51.000 salones que, se calcula, le faltan al país.

Las obras se desarrollarían en 225 municipios de 28 departamentos, con un costo de 3 billones de pesos. De esa suma, aproximadamente 1,6 billones los puso el FFIE (del Ministerio de Educación) y 1,3 billones los pusieron las alcaldías y gobernaciones. Además, 22.927 millones salieron de regalías.

El expediente de la Contraloría, de 1.317 páginas y conocido por EL TIEMPO, asegura que de los 541 megacolegios, en 230 –que están en una fase inicial– se comenzó una estrategia con el ente de control para que sean terminados. Allí no hay investigaciones fiscales, sino que se busca que las obras puedan ser entregadas a los estudiantes.

Pero en los otros 311 sí se evidenciaron irregularidades que está investigando la Contraloría. Se trata de hechos en los que pudo haber un detrimento de por lo menos 559.853 millones de pesos. De los colegios contratados, además, solo han sido terminados 102 y de ellos, solo 15 han sido entregados.

Entre los investigados por haber hecho parte de la junta administrativa del FFIE aparecen las exministras de Educación Gina Parody y Yaneth Cristina Giha, así como el actual vicerrector de Desarrollo y Egresados de la Universidad de los Andes, Eduardo Behrentz Valencia; Carolina Soto, hoy integrante de la junta directiva del Banco de la República; además de Javier Hernández López y Frank Paipilla Monroy. La Contraloría investiga a esa junta, así como a 16 miembros del Comité Fiduciario del FFIE, y a dos integrantes del Consorcio Fiduciario Alianza BBVA.

Infografía megacolegio

Se investiga posible detrimento de $559.853 millones.

Foto:

Según la Contraloría, hay por lo menos seis tipos de irregularidades en este proyecto. La primera es que encontró al menos 71 colegios abandonados (que no fueron terminados y son elefantes blancos), lo cual implicarían pérdidas por 79.814 millones de pesos. También descubrió que en 223 instituciones educativas se pagaron mayores valores por metro cuadrado de construcción, con un posible detrimento de 270.309 millones. Además, halló pagos en exceso y por encima del precio global para las obras complementarias, ambientes escolares no construidos en 133 escuelas, altos gastos de interventoría y gastos administrativos injustificados.

Sobre la junta directiva del FFIE, en la que estuvieron las exministras Parody y Giha, y los demás mencionados, la Contraloría afirma que la investigación se puede abrir en su contra porque todos los miembros de esa junta ejercen “de manera colegiada la gestión fiscal de los recursos públicos transferidos a dicho fondo”.

Así, a esa junta le correspondía administrar los recursos para el proyecto de los megacolegios, por lo que sus decisiones u omisiones “podrían comprometer eventualmente la conducta individual de cada uno de los integrantes”.

La Contraloría dice que al revisar las actas de la junta, encontró que hay “serios indicios” de que no tomaron medidas “oportunas y efectivas” sobre los colegios que estaban abandonados o con retrasos que se pueden atribuir a la “falta de capacidad operativa y financiera de los contratistas de obra”.

El órgano de control también les cuestiona que no hayan tenido en cuenta las especificaciones técnicas del ‘colegio tipo 10’, que era el que se iba a construir y que quedó en el Conpes del 2015 con el que se inició el proyecto. Esto llevó a que en 133 colegios no se construyeran los ambientes escolares prometidos, como bibliotecas, laboratorios y aulas polivalentes.

Por otro lado, el órgano de control afirma que los mayores valores por metro cuadrado se habrían podido dar por no seguir las asignaciones de costos que estaban en el Conpes. Las pruebas también muestran que se modificó el costo de la interventoría. El organismo dice que el hecho de que en el 2018 debían estar construidas más de 30.000 aulas, pero solo se hayan entregado 2.193 muestra que la junta no hizo un seguimiento ni tomó medidas oportunas para ejecutar recursos públicos.

Los contratistas

Uno de los contratistas más mencionados en la investigación es Mota-Engil, pues de los 541 proyectos, tenía bajo su responsabilidad la construcción de 248 escuelas, un 45 por ciento del total.

Otro de los consorcios es Desarrollo Escolar –G4, que estaba encargado de 66 colegios (un 12 %)–. En tercer lugar aparece la Constructora Colpatria S. A., con 57 colegios (10,54 %), y en cuarto lugar, la Unión Temporal MEN 2016, con 55 colegios (10,17 %).


Pero, además, la Contraloría cuestiona a los interventores. Así, por ejemplo, uno de ellos es el Consorcio Sedes Educativas, que estaba a cargo de vigilar las obras de 172 colegios (31 %), y también el Consorcio CCI, que le hacía seguimiento a 129 colegios (23 %).

Sobre el Consorcio Fiduciario, la Contraloría afirma que es investigado porque le correspondía ejercer “un rol de guardián y vigilante de los recursos públicos”, pues la responsabilidad de una fiduciaria no se limita a hacer pagos “como si fuese un cajero y la fiducia, una cuenta bancaria”.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com

Descarga la app El Tiempo

Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias.

Conócela acá
Sigue bajando para encontrar más contenido

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.