Desde marzo Colombia comenzó a vivir la pandemia de covid-19 que afecta a todo el globo, y desde ese mismo momento se comenzaron a ver irregularidades que han venido siendo investigadas por los órganos de control y la Fiscalía.
En ese escenario, en la mira de la Procuraduría General de la Nación han quedado desde contratos con irregularidades, con sobrecostos, innecesarios, hasta órdenes que van en contra de las medidas de bioseguridad, entre otras situaciones.
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Hasta el 21 de diciembre de este año, el órgano de control había abierto 2.951 procesos disciplinarios por temas relacionados al manejo de la pandemia. Esos procesos, de los cuales 1.763 siguen activos, son contra alcaldes y funcionarios de alcaldías, gobernadores y sus funcionarios, concejales, autoridades de Policía, funcionarios del Inpec, entre muchos otros.
Hay procesos tan variados como una denuncia que se estudia en contra del coronel Simón Eduardo Cornejo Escamilla, comandante de la Estación de Policía Mártires, en Bogotá, por, supuestamente, ordenar que la plana mayor trabaje turnos completos lo que iría en contravía de directivas de la Policía Nacional durante la emergencia sanitaria.
Cundinamarca lidera el 'top' 5 de dónde se registraron los hechos que motivaron los procesos, con 226 casos, seguida por Antioquia y Tolima, con 203 cada uno; Santander, que tiene 199 y Boyacá, con 193. Pero se han abierto casos en los 32 departamentos del país.
Uno de los últimos procesos es el que se abrió al alcalde de Uribia, La Guajira, Bonifacio Henríquez por, al parecer, estar en una parranda vallenata con varias personas sin ningún tipo de medidas de bioseguridad. Por ello a Henríquez se le abrió una indagación preliminar, pero no es la única que tiene la alcaldía de Uribia, que tiene al menos otros 4 procesos por irregularidades en contratos para limpieza y entrega de mercados y kits a personas vulnerables.
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En cuanto a las etapas, la mayoría de procesos están en indagación preliminar, con 778 casos en ese paso. Le siguen los que están en estudio preliminar, que son 698; los que fueron trasladados por competencia, 471 y los procesos con archivo inhibitorio, 392.
Con una investigación formal abierta hay 247 casos, entre etapa de pruebas en investigación, evaluación de la investigación, y descargos.
De acuerdo con datos del Ministerio Público, se han registrado 10 fallos absolutorios, hay 5 casos en proceso de registrar sanción, 3 en espera de cierre, 2 expedientes están para proferir fallo, y hay una decisión de segunda instancia. Además, 298 procesos han sido archivados.
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Entre los 5 procesos que están en proceso de registrar sanción, uno de los más sonados fue el del gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, a quien en julio la Procuraduría suspendió por 6 meses por irregularidades en un contrato de 570 millones de pesos para la realización de eventos artísticos y culturales en el municipio de Cravo Norte, esto en plena emergencia sanitaria en el país debido a la covid-19.
También está el caso del alcalde de Anapoima, Cundinamarca, Hugo Alexander Bermúdez Riveros, quien fue suspendido por 6 meses en septiembre pasado por irregularidades y sobrecostos en un contrato para hacer manillas de colores y publicidad para atender emergencia generada por covid-19. La Procuraduría consideró que en ese contrato se propició un detrimento patrimonial al adquirir bienes y servicios que no eran necesarios para contener y mitigar los efectos de la pandemia.
En todo caso, con los más de mil procesos que aún tiene abiertos la Procuraduría, en varios de estos habrá decisiones el próximo año o incluso después.
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