La empresa MC construcciones, de propiedad del considerado ‘zar de la contratación’ en el Meta, Iván Alberto Pérez Gómez, pagó en el 2015 una encuesta de 98 millones para la entonces candidata a la gobernación Marcela Amaya García, la cual no fue registrada en la contabilidad de esa campaña política.
Así lo reveló este jueves la Fiscalía durante la imputación de cargos contra Pérez Gómez y otras nueve personas, entre funcionarios públicos y particulares, por interés indebido en la celebración de contratos. La investigación señala que la empresa de Pérez –que ha obtenido 29 megacontratos en el departamento entre el 2012 y el 2016, por valor de 80.000 millones de pesos– pagó por la encuesta en la que resultaba con mayor favorabilidad la actual gobernadora, que además es esposa de un primo del contratista.
Después ella, dijo la Fiscalía, pagó más de tres millones de pesos por la publicación de los resultados en medios locales el 2 de octubre del 2015, días antes de las elecciones regionales.
Ese fue un “aporte a la campaña que no aparece reportado al Consejo Nacional Electoral”, cuestionó el ente acusador. Y agregó que, ya como gobernadora, Amaya García nombró como gerente de la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM) a Juan José Casasfranco, a quien también le imputaron cargos, y que aparece firmando contratos con empresas de Pérez Gómez. “Lo anterior muestra la relación entre política y contratación en el Meta de la cual se beneficia el señor Iván Alberto Pérez Gómez”, dijo el fiscal del caso.
Y añadió que esa relación no es nueva y lleva más de 15 años, tiempo en el cual la firma se benefició de millonarios contratos otorgados por las gobernaciones de turno y varios municipios del departamento.
Iván Alberto Pérez Gómez heredó el emporio empresarial de su hermano Carlos Alfonso, quien fue asesinado en agosto del 2004 cuando se bajaba de un carro blindado.
La Fiscalía presentó la declaración del exjefe paramilitar ‘Jorge Pirata’, quien dijo que Carlos Alfonso Pérez le dijo que “tenía el monopolio de la contratación porque pagaba a los funcionarios y en época de elecciones ayudaba a los candidatos para luego obtener de ellos beneficios. La contratación estaba asegurada y estaban incluidas las cuotas que se pagaban a funcionarios y paramilitares”, dijo ‘Pirata’.
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