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Investigación

Misterios sin resolver: 33 años de la tragedia del Palacio de Justicia

La integrante del M-19, Irma Franco Pineda, desapareció después de haber sido retenida por el Ejército durante la recuperación del Palacio de Justicia.

La integrante del M-19, Irma Franco Pineda, desapareció después de haber sido retenida por el Ejército durante la recuperación del Palacio de Justicia.

Foto:Archivo particular

Hace 33 años, entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, la guerra mostró su cara en Bogotá.

Jhon Torres
La imagen del Palacio de Justicia -máxima sede de ese poder público en el país- primero asaltado por un comando guerrillero y luego en llamas; la de un tanque militar disparando contra ese edificio ubicado en el costado norte de la Plaza de Bolívar y, por más de tres décadas, las de los rostros de los desaparecidos de esa tragedia son parte de la historia de los colombianos.
La historia de los 11 desaparecidos del Palacio es tal vez la más conocida. Ya no son 11, porque la justicia ha podido, a través de sofisticadas pruebas de ADN y de la revisión minuciosa de cada caso, identificar los restos de varios de ellos.
El último en ser hallado, en septiembre de 2017,  fue Bernardo Beltrán Hernández, quien trabajaba como mesero en la cafetería del Palacio. Cuando desapareció tenía 24 años y acababa de terminar sus estudios en el Sena. Se convirtió en el sexto desaparecido identificado del emblemático grupo de los 11.
Meses antes encontraron a Héctor Jaime Beltrán, cuyos restos estaban en una tumba que tenía el nombre de otra persona, en Barranquilla. Él era uno de los empleados de la cafetería del Palacio para la época de la toma terrorista protagonizada del M-19.
En septiembre del año pasado el Instituto de Medicina Legal confirmó plenamente su identidad y su familia pudo por fin enterrarlo, después de una búsqueda de casi 32 años.
En octubre de 2015 se identificaron los cuerpos de Lucy Amparo Oviedo, Cristina del Pilar Guarín Cortés y Luz Mary Portela, todos en tumbas que no les correspondían. Las dos primeras mujeres eran también empleadas de la cafetería del palacio, mientras que la segunda era una visitante ocasional de este. En el 2000 habían sido identificados los restos de Ana Rosa Castiblanco Torres.
En diciembre del 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición de 11 personas y la retención ilegal y tortura de otros cuatro civiles en el Palacio de Justicia.
Para la Corte IDH, como para la justicia colombiana, quedó probado que “bajo la dirección de funcionarios militares, las autoridades alteraron gravemente la escena del crimen y cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres”. Esa es una de las explicaciones de por qué por tanto tiempo se dio por desaparecidas a personas que en realidad murieron durante los dos días de guerra en Bogotá. La responsabilidad primaria de la tragedia, como lo han señalado todas las sentencias, recae sin duda en el M-19, que entró asesinando a la sede de la justicia con la supuesta intención de realizar un juicio político al presidente Belisario Betancur. Pero la respuesta del Estado sigue siendo objeto de investigación.

Estas son algunas de las dudas históricas en el caso

1. ¿Dónde están los otros desaparecidos?

Así como la verdad completa aún no aparece, los restos de los desaparecidos tampoco. Como ocurrió en el caso de Héctor Jaime Beltrán, es probable que parte de los restos de los otros desaparecidos estén en las tumbas de otras víctimas. Es decir, algunos de ellos deben estar en fosas ajenas y para confirmar los restos sería necesario hacer una exhumación. Por lo pronto, la zozobra de los familiares de Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes Celis, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Irma Franco Pineda y Gloria Anzola de Lanao  se mantiene después de tres décadas.
En el caso de Irma Franco está demostrado que salió con vida del Palacio, que fue torturada en unidades militares y luego desaparecida. 

2. ¿Financió Pablo Escobar la toma?

Otro de los más fuertes cuestionamientos que deja una herida abierta a este proceso judicial es si Pablo Escobar financió la toma. Se ha especulado y mencionado con insistencia la entrega de dinero de Pablo Escobar para ayudar a financiar la operación. Sin embargo, aún no se ha confirmado este hecho.
En el 2004, el abogado penalista Alfonso Reyes Echandía dijo a EL TIEMPO que hubo indicios de que el narcotráfico tuvo participación en la toma de Palacio. 
"El M-19 hizo expresa exigencia de la no extradición; los procesos que llevaba la Corte no eran contra militantes del M-19 sino contra narcotraficantes; el director general de la Policía en esa época, el general Delgado Mallarino, dijo bajo juramento que el narcotráfico había participado en la toma; el general Miguel Maza Márquez dijo, como director del DAS, que el narcotráfico había intervenido; el director de la DEA en Colombia, Joe Toft, hizo referencias a los vínculos entre el M-19 y el narcotráfico. Todas son afirmaciones sin pruebas ni documentos. Y hay afirmaciones como la de Carlos Castaño", aseguró Reyes.
Según el abogado, Castaño lo dijo en su libro Mi confesión "Cuando en 1985 se planeó en mi presencia la toma del Palacio de Justicia, entre Pablo Escobar y Carlos Pizarro, yo no imaginaba a Pablo tan perverso". Esto fue en la página 128.

3. ¿Las autoridades militares desprotegieron el Palacio para tenderle una trampa al M-19?

La mañana del 6 de noviembre, el Palacio de Justicia amaneció sin protección policial y solo contaba con una mínima vigilancia privada, conformada por no más de seis empleados de COBASEC. Frente a esto, se ha producido un interrogante que ha abierto más la herida de esta tragedia: ¿las autoridades militares desprotegieron el Palacio para tenderle una trampa al M-19?.
En 2009 un informe de la Comisión de la Verdad aseveró que era "indiscutible que las Fuerzas Militares y los organismos de seguridad del Estado debían establecer mecanismos para evitar y contener las actividades del grupo subversivo M-19". 
Un fallo del Consejo de Estado contra la Nación dice que se retiró la seguridad, “sin que al respecto se encuentre en el proceso justificación o explicación alguna para tomar tan irresponsable determinación”.

4. ¿El poder militar desconoció la autoridad del Presidente durante las 48 horas de la toma?

Y mientras la toma ocurría, ¿dónde estaba el presidente Betancur? En el mismo informe de la Comisión de la Verdad, el Presidente expresó a la Comisión de la Verdad: "No ordené el ingreso de los tanques al Palacio de Justicia, en detalle no me consultaron el ingreso de los tanques, la responsabilidad es del Comandante Militar y era una operación de tractor sucesivo, entregué el mando al Ejército como Comandante en Jefe".
Por su parte, la Comisión de la Verdad advirtió que el Gobierno “estuvo ausente y al margen de las maniobras de las Fuerzas Armadas” y que el Presidente fue espectador del desarrollo de los acontecimientos”.

5. ¿Por qué se alteró la escena de los hechos?

La Corte Interamericana demostró que "bajo la dirección de autoridades militares, se alteró la escena de los hechos y se cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres en el Palacio de Justicia”. Por este hecho, el Estado tuvo que pagarle una millonaria indemnización a las víctimas.
Muchas de las personas que podrían responder esta pregunta, como el coronel Luis Carlos Sadovnik, segundo al mando de la Brigada 13 del Ejército, ya murieron, por tanto, las investigaciones frente a este hecho se podrán seguir dilatando. 

6. ¿Quiénes son responsables de las torturas y asesinatos fuera de combate?

El Estado tuvo que pagar por la condena interpuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Colombia por la desaparición de 10 personas. Además, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, el uniformado de más alto rango condenado por estos hechos, determinó su responsabilidad en las desapariciones de Bernardo Beltrán, mesero de la cafetería, y de Carlos Rodríguez, administrador del lugar; David Suspes, administrador; Luz Mary Portela y de la guerrillera, Irma Franco Pineda.
El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, exjefe del batallón de inteligencia del Ejército, tiene una condena de primera instancia de 40 años de prisión como coautor del delito de desaparición forzada agravada en concurso homogéneo y sucesivo. Sin embargo, aún falta que prosigan otras investigaciones para saber la verdad completa. 

7. ¿Quién es el culpable de la muerte del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas?

Los restos del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán Rojas fueron entregados este año por segunda vez y la familia ya tiene certeza de que sí son los de él. Ocho años atrás los restos ya habían sido entregados pero no eran los correspondientes.
Las causas de su muerte aún son motivo de investigación, pues hay versiones que argumentan que el abogado de 42 años fue visto salir con vida del Palacio de Justicia. Sin embargo, el que sería su cuerpo apareció en Medicina Legal el 7 de noviembre de 1985, día en el que culminó la retoma.
Aún la justicia no tiene conclusiones sobre los responsables de este crimen. 
ELTIEMPO.COM
Jhon Torres
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