Inpec sigue sin tener el control de las llamadas de capos peligrosos

Inpec sigue sin tener el control de las llamadas de capos peligrosos

Hay cárceles sin bloqueo a celulares y por cuarta vez se aplazó la contratación del servicio. 

Lindolfo y Pesebre

Alias Carlos Pesebre, jefe de la ‘Odín Robledo’, y alias Lindolfo fueron trasladados a la cárcel La Tramacúa, en Valledupar, el pasado 16 de julio.

Foto:

Archivo particular

Por: UNIDAD INVESTIGATIVA
21 de julio 2018 , 11:16 p.m.

"Hay que analizar los puntos débiles del alcalde (Federico Gutiérrez) para golpearlo: hay que hacerle sentir a ese h. p. que nosotros sí tenemos manejo, que estamos dispuestos a todo”.

Esta es una de las más recientes conversaciones entre Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, miembro de la cúpula de la llamada ‘Oficina’, y Édison Rodolfo Rojas, alias Pichi, uno de sus lugartenientes.

Además de probar que siguen delinquiendo desde prisión y dirigiendo estrategias para amedrentar a Medellín, el audio es la mejor evidencia de que los mecanismos que usa del Inpec para impedir el ingreso de celulares a cárceles o bloquear sus señales, no sirven.

Nos tocó botar los celulares, con esa papa que nos metieron”, se le escucha decir en otra conversación a Cristian Mazo, alias Sombra, cabecilla de la organización delincuencial ‘Robledo’. Y su interlocutor le contestó: “Es la guerra que les declaró Fico (el alcalde) y su gente (...). A ellos se les olvidó que solo duran en el cargo cuatro años”.

Para poder neutralizar a varios de estos capos, que siguen paralizando a las comunas 12 y 13 de Medellín, el Gobierno tuvo que acoger la solicitud del alcalde Gutiérrez de que los trasladaran a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. A mitad de semana, sujetos de alta peligrosidad como alias Pesebre, Juancito, Lindolfo y tres de sus lugartenientes llegaron a ese penal, conocido como Tramacúa, donde la comunicación por celular es nula.

Valledupar, ¿la cloaca?

Pero el traslado masivo de presos de alta peligrosidad a ese lugar –en donde también están Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, y Rafael Uribe Noguera, el asesino de la pequeña Yuliana Samboni– ha desencadenado protestas y cuestionamientos al Inpec y la política carcelaria del Gobierno.

Valledupar no se convertirá en una cloaca del Inpec. No vamos a permitir que se pongan en riesgo la convivencia y la tranquilidad de toda una población, pedimos respeto a nuestro territorio

El alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, ya dijo que su ciudad no se convertirá en una “cloaca del Inpec”. “No vamos a permitir que se pongan en riesgo la convivencia y la tranquilidad de toda una población, pedimos respeto a nuestro territorio”, afirmó.
Pero hay un cuestionamiento mucho más de fondo.

El alto consejero para la Seguridad y la Convivencia, Juan Carlos Restrepo, le había asegurado a EL TIEMPO que el Gobierno asumiría el bloqueo de señal de las 139 cárceles del país a partir del 31 de marzo pasado, y eso nunca pasó, y es evidente que el traslado a Tramacúa no puede ser la única solución.

Hoy, cárceles como la de Bellavista, dormitorio de asesinos y capos en Antioquia, no tienen bloqueo de señal. En la de Pedregal (también en Medellín) y la de Palogordo, en Santander, los sistemas son burlados constantemente. Y en la de Cómbita, Boyacá, donde estaba Pesebre, la tecnología ya se quedó obsoleta.

Lo más grave es que EL TIEMPO estableció que, por cuarta vez, el Inpec aplazó la licitación que se cocinaba para dotar de inhibidores esas prisiones, incluidas las que, según el Gaula y la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía, concentran el mayor número de llamadas extorsivas.

El primer aplazamiento fue en 2016, cuando se les prorrogaron los contratos a los privados que prestan el servicio de telefonía y bloqueo en algunos penales: Telenacional, TNT de Colombia, Servicom y Prepacol.

Pero en 2017 se cayó la licitación y se hizo una nueva prórroga que se venció el 31 de marzo pasado. Y cuando se creía que todo estaba listo para asumir la telefonía y el bloqueo, el Inpec anunció que les extendería los contratos tres meses más. La gran sorpresa es que el 30 de junio se volvieron a prorrogar, hasta el 31 de diciembre del 2018.

Y si bien ahora se habla de desarrollar un nuevo modelo, bautizado Vozpec, para que empresas privadas presten el servicio de telefonía, no se menciona el bloqueo de señal de celulares que tiene en jaque al Inpec, en alerta la seguridad de Medellín y disparada la extorsión en algunas zonas.

Más inteligencia

Al respecto, Restrepo le admitió esta semana a EL TIEMPO que el Inpec se ha demorado de manera excesiva en deslindar los contratos de telefonía con el del bloqueo de señales, para proceder a contratar. Por eso se han visto obligados a extender los contratos vigentes.

No obstante, advirtió que, de manera paralela, el Gobierno adelanta un dispositivo de inteligencia con el Gaula militar, la Policía, la Fiscalía y el Inpec, que ha arrojado excelentes resultados en materia de extorsión y otros delitos cometidos desde las cárceles.

La estrategia es más inteligencia y judicialización y menos aparatos. Estamos allanando las cárceles, y los celulares que se incautan, y que antes conservaba el Inpec, ahora se someten a un análisis forense para identificar a bandas que extorsionan dentro y fuera de las prisiones”, explicó Restrepo, quien también asumió la dirección de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).

Y agregó que han sido capturadas 500 personas y se han imputado cargos a más de 150. De hecho, con ese dispositivo se redujeron de 32 a 9 las cárceles que concentran el mayor número de llamadas extorsivas.

Este programa no exime al Inpec de avanzar en el tema de los inhibidores de señal, más ahora que el Estado heredará, a partir de diciembre, la tecnología actualmente instalada por los privados”, puntualizó Restrepo.
Pero es evidente que la tarea ya le quedará al nuevo gobierno.

UNIDAD INVESTIGATIVA
U.INVESTIGATIVA@ELTIEMPO.COM @uinvestigativa

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