El escándalo de las salidas de Carlos Mattos de las cárcel La Picota, que le costó la cabeza al director del Inpec, general Mariano Botero Coy, pone de nuevo la lupa sobre los permisos médicos, que frecuentemente son utilizados por los presos más poderosos para burlar el régimen penitenciario.
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Por ley, quienes están internos en una cárcel pueden mantener su afiliación personal al sistema de Salud -los que no tienen cómo cotizar son atendidos por convenios con entidades del sector en una modalidad tipo Sisbén-.
Esto abre para muchos la puerta a programar citas de control por fuera de su sitio de reclusión. Otros usan la excusa de citas odontológicas y hasta de tratamientos de diseño de sonrisa que, muchas veces, son aceptadas sin problema por las autoridades de las cárceles.
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Esa vía, de hecho, fue la que usó la polémica exsenadora Aída Merlano para su fuga y posterior huida hacia Venezuela. Ella se voló con complicidad de miembros del Inpec que la llevaron a un consultorio odontológico en la zona de Usaquén, en Bogotá.
En la época de la parapolítica, varios de los condenados por aliarse con los paramilitares usaban los permisos médicos para reunirse con sus fichas de campaña y para asistir a eventos en los que tenían interés.
Era tal el descontrol, que aún persiste, que a varios de ellos incluso les descontaron pena por trabajo y estudio supuestamente adelantados en días en los que en realidad estaban por fuera de prisión gracias a las excusas médicas.
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Consultado sobre cómo son los protocolos para los permisos médicos de los internos, un dragoneante del Inpec explicó que todos los privados de la libertad tienen derecho a ellos, pero que el modelo de salud en las cárceles es mixto, lo que quiere decir que pueden ser atendidos por convenios en prisión, o por fuera de la cárcel por su plan de medicina prepagada, si tienen cómo costearlo.
"Ellos pueden sacar cita y ningún director puede negársela", dijo el guardián. Añadió que no hay establecido ningún límite a cuántas salidas médicas puede tener un interno. De hecho, en declaraciones en la mañana de este miércoles en Blu radio, el general Mariano Botero, destituido director del Inpec, indicó que solo este año Carlos Mattos ha registrado 6 salidas de prisión, cinco de ellas por permisos médicos y otra más por autorización judicial.
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Frente a cómo deberían estar los internos en esas salidas médicas, el guardián del Inpec consultado indicó que como mínimo debe haber un vehículo del Inpec, con dos guardianes, y que normalmente los presos deben esposados. Esto último no se cumplió con Mattos, a quien en los videos de Noticias Caracol se le ve caminando sin esa restricción por las calles de Bogotá.
Tal como lo publicó EL TIEMPO en octubre de 2010, las autoridades adelantaban varias investigaciones sobre la justificación de los permisos médicos para salir de la penitenciaría La Picota en Bogotá.
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Para ese entonces, la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada María del Rosario González, denunció ante el Ministerio del Interior que varios de los dirigentes políticos detenidos por el proceso de la ‘parapolítica’ se valían de permisos médicos para eludir la detención en La Picota.
En dicha denuncia señalaba que algunos de los detenidos no habían podido acudir a diligencias judiciales porque no se encontraban en la penitenciaría, debido a los permisos que les concedían.
Tras esa comunicación se inició una investigación del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), tal como lo informó en ese momento el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
En los primeros hallazgos de la investigación se descubrieron casos particulares, por ejemplo que un excongresista permanecía más tiempo fuera de la cárcel porque tenía que cumplir citas odontológicas.
El implicado era el expresidente del Congreso, el conservador Luis Humberto Gómez Gallo, a quien en ese año se le concedió un total de 17 salidas para atender visitas al odontólogo.
De igual forma la investigación indicó que el exsenador Vicente Blel, entre los meses de enero y septiembre de 2010, recibió 54 permisos para atender citas médicas, algunas de ellas en Santa Marta, mientras que los excongresistas Álvaro García y Mario Uribe también tuvieron un número importante de salidas por citas médicas (22).
En el listado de los parapolíticos que tuvieron mayor número de salidas por citas médicas u odontológicas también aparecían el exgobernador de Casanare, William Pérez, el exgobernador de Sucre, Salvador Arana, y los exsenadores Juan Carlos Martínez Sinisterra, Luis Alberto Gil y Javier Ramiro Devia.
En septiembre de 2011, justamente la Corte Suprema pidió a la Procuraduría vigilar los permisos a parapolíticos durante elecciones, de manera especial, a los excongresistas presos por parapolítica.
La solicitud buscaba detectar cualquier irregularidad cometida en el otorgamiento de las salidas de los excongresista que estaban condenados por vínculos con grupos paramilitares. La misma petición le fue hecha en ese entonces a la dirección del Inpec.
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