Las numerosas salidas de la cárcel del polémico empresario Carlos Mattos, procesado precisamente por corrupción judicial, le costaron el puesto al director de la cárcel La Picota y al director del Inpec, el órgano rector de las cárceles del país que en sus tres décadas de existencia ha sido origen de decenas de escándalos.
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Aún no se conoce una explicación oficial sobre el privilegiado régimen de Mattos, pero la revelación de Noticias Caracol forzó al gobierno del presidente Iván Duque a tomar medidas drásticas.
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Pero este es solo el más reciente en una larga relación de escándalos en las cárceles y penitenciarías del país.
En enero de este año, por ejemplo, se conocieron las imágenes de la fiesta de Fin de Año, con parranda vallenata por zoom incluida, del exgobernador de La Guajira Francisco 'Kiko' Gómez. Esa parranda ocurrió en la misma cárcel, La Picota, de donde Mattos ha logrado salir en repetidas ocasiones en los últimos meses.
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Al político, condenado a 40 años por aliarse en varios asesinatos con paramilitares, le encontraron 5 celulares en su celda, además de trago y otros elementos prohibidos.
Otro de los fuertes escándalos fue el entramado de corrupción dentro de la institución en el caso de Aida Merlano Rebolledo. Este entramado se habría iniciado mucho antes del día de la fuga de la excongresista, quien evadió la justicia el primero de octubre de 2019 y luego se refugió en territorio venezolano, fuga en la cual se vieron involucrados varios funcionarios del Inpec y la teniente Martha León Tolosa, en su condición de comandante encargada del Comando de Vigilancia y Custodia de la cárcel El Buen Pastor.
El Juzgado 57 Penal de Conocimiento de Bogotá, en su momento, consideró sospechosas las gestiones de funcionarios del Inpec y compulsó copias contra doce personas del instituto para que la Fiscalía General los investigara por su presunta responsabilidad en la fuga de Merlano Rebolledo y por los privilegios que ella tenía en su sitio de reclusión.
“La fuga se facilitó por una cadena de corrupción de varios funcionarios del Inpec, para lo cual la teniente Martha León Tolosa, en su condición de comandante encargada del Comando de Vigilancia y Custodia de la cárcel El Buen Pastor, sin una razón válida, envió un oficio el 15 de mayo de 2019 (cinco meses antes de la fuga) a ‘Perfilación Gosep1 Inpec’, mediante el cual se relacionan las personas privadas de la libertad de la reclusión de mujeres de Bogotá, en el pabellón quinto, donde estaban recluidas exfuncionarias públicas, entre ellas Aida Merlano Rebolledo”, se leyó en dicha decisión.
Hay que recordar que la ministra de Justicia en ese entonces, Margarita Cabello -hoy procuradora general-, le pidió la renuncia irrevocable al director general del Inpec, el general William Ernesto Ruiz Garzón.
La decisión se tomó tras la fuga de un consultorio médico al que fue trasladada para cumplir con una cita Merlano, condenada por compra de votos. En el consultorio odontológico era custodiada por funcionarios del Inpec.
Los funcionarios habrían sometido a presos con agresiones y tratos crueles.
Fiscalía
Otro de los casos que causó conmoción fue el relacionado con los excesos en el uso de la fuerza, actos contra la dignidad de los presos, torturas y hasta posibles ejecuciones extrajudiciales, tras la investigación que hizo la Fiscalía por los hechos de violencia que ocurrieron la noche del 21 de marzo de 2020 en la cárcel La Modelo, de Bogotá, cuando, en medio de protestas de reclusos pidiendo medidas de protección frente al covid-19, murieron 24 internos y más de 100 personas quedaron heridas.
Esa noche de horror, que se hizo viral en el país por los videos publicados en redes sociales sobre lo que allí pasaba en tiempo real, se extendió por varias horas mientras afuera familiares de los presos se apostaron esperando tener información de sus seres queridos.
El 17 de febrero pasado la Fiscalía radicó escrito de acusación contra tres guardianes señalados de actos de tortura durante y después de la revuelta en la cárcel.
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Según las pruebas recolectadas en la investigación de la Fiscalía, el dragoneante Julián Alberto Piñeros Gómez habría golpeado y esposado desnudo a un privado de la libertad, luego lo habría sometido en cuclillas durante varias horas y lo lesionó con un arma cortopunzante. En el otro hecho, supuestamente, le propinó puños a un interno que estaba herido con un proyectil de arma de fuego, y le cortó el dedo índice de la mano izquierda.
Los otros dos guardianes acusados fueron Víctor Alfonso Cervera Piratova y Jefferson Fabián Hueso Escárraga, señalados de atacar con la tonfa o bastón de mando a dos privados de la libertad que estaban en el Hospital La Misericordia.
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Además, un informe del ente acusador que en su momento reveló este diario, sobre las 24 muertes registradas, señala que de los 24 presos que murieron, 23 fueron por disparos de armas de fuego y uno más por caída libre. Y entre los 107 heridos –de los cuales 76 son privados de la libertad y 33, del Inpec– hay 43 que resultaron lesionados por armas de fuego, 19 por golpes de funcionarios del Inpec, 4 por riñas entre presos y 6 por caídas, entre otros.