Aunque la extinción de dominio de los bienes incautados al narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción, entre otros delitos, es una de las herramientas más poderosas para debilitar las finanzas de los criminales, el modelo de administración de estas propiedades sigue teniendo dificultades.
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Así lo señala un estudio de la Contraloría General que se encargó de evaluar cómo ha marchado este modelo, afirmando que varias de sus auditorías sobre la gestión de la Sociedad de Activos Especiales –que hasta el 2019 administraba 64.000 de estas propiedades– señalan que “los riesgos de corrupción y los problemas en la administración” por los cuales se liquidó la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) “aún se mantienen”.
Por esto, dice el organismo de control, “al parecer, la adopción de un nuevo marco normativo y la creación de una entidad independiente encargada exclusivamente de la administración de este tipo de bienes no han arrojado los resultados esperados”.
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Es así como, dice la investigación conocida por EL TIEMPO, para el 2018 el 87 por ciento de los bienes administrados por la SAE seguía en extinción de dominio. Esos procesos pueden tardar en promedio siete años para resolverse. Incluso, hay bienes que llevan 30 años en capilla sin un fallo, lo que hace imposible venderlos.
Parte del problema que tiene la extinción, dice el estudio, es que ese procedimiento está atrapado en la congestión judicial, pues solo hay 11 jueces en todo el país para estos fines y una sola sala de segunda instancia especializada.
De fondo también hay un lío en la coordinación con otras entidades, como la Fiscalía General, desconexión que, dice la Contraloría, no ha permitido consolidar un único inventario de bienes incautados del que se pueda conocer su estado, valor, ubicación, entre otros.
Al parecer la creación de una entidad independiente encargada exclusivamente de la administración de este tipo de bienes no han arrojado los resultados esperados
Otro inconveniente es que, a pesar de que a la SAE se le dieron facultades de policía administrativa, no ha podido recuperar los predios ocupados irregularmente. Así, hasta el año pasado, de 23.054 bienes inmuebles, el 51 por ciento tenía este problema. Muchas de las dificultades tienen que ver con que los desalojos son suspendidos con tutelas, no hay acompañamiento de autoridades o las propiedades están en zonas de conflicto.
La Contraloría también asegura que otra dificultad es la falta de avalúo de bienes, pues en el caso de los rurales, de los 853 existentes, el 55 por ciento no tiene una valoración definitiva. Y para el 2018, de los 21.437 inmuebles que tenía la SAE, el 77,95 por ciento eran improductivos.
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Estos problemas hacen que la venta no sea sencilla. Así, las metas de venta de bienes se están quedando rezagadas. Según la Contraloría, aunque la principal fuente de ingresos que se tenía presupuestada entre el 2015 y el 2018 era la venta de activos, “el recaudo resultó muy por debajo de las expectativas”.
En el 2015 se esperaba tener 140.000 millones con la venta de activos, pero solo se logró recaudar 10.668. En el 2018, gracias a la figura de enajenación temprana para algunas propiedades, se logró recaudar 100.091 de 297.118 millones esperados.
Según la Contraloría, no solo hay dificultades en el manejo de los bienes incautados. También hay problemas para que esos bienes y dineros conseguidos por su administración puedan ser usados por las entidades que podrían ser beneficiarias.
Así, el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), que es administrado por la SAE, no estaría cumpliendo todo su objetivo, que es mejorar la justicia, la inversión social, la política de drogas, el desarrollo rural y la reparación de víctimas.
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Por ejemplo, dice el informe, la Unidad de Restitución de Tierras le pidió a la SAE que le entregara 31 bienes inmuebles rurales, pero se los dio sin un saneamiento financiero, físico y administrativo, lo que ha impedido usarlos en la compensación que se hace a terceros de buena fe que ocupaban predios para restituir a víctimas.
Lo mismo afirmó al ente de control la Unidad de Víctimas, que señaló que la SAE le ha entregado varios bienes inmuebles, pero aunque existe el compromiso de entregarlos saneados, en la mayoría de los casos se los dio con servicios públicos suspendidos, impuestos sin pagar, invadidos, o deteriorados, entre otros líos.
Y el ICBF hasta ahora no ha recibido bienes no obstante que en reiteradas oportunidades los ha pedido en comodato. En el 2019, asegura, le ofrecieron algunos bienes que no aceptó “debido al deterioro en que se encontraban".
De otro lado, la ley dice que después de que se hagan las destinaciones a las que haya lugar, el saldo se debe entregar en un 25 por ciento a la Fiscalía, un 25 por ciento a la Rama Judicial, un 10 por ciento a Policía y un 40 por ciento al Gobierno.
El problema es que, afirma la Contraloría, no se les está dando todo lo que corresponde. Entre 2015 y 2018, de 150.202 millones presupuestados para transferencias líquidas, solo se les entregó el 40 por ciento (60.819 millones de pesos), afectando principalmente a la Rama Judicial, que aunque debía recibir lo mismo que la Fiscalía, solo obtuvo 12.446 millones, mientras que a la Fiscalía llegó ese valor, más 14.084 millones de pesos en bienes.
EL TIEMPO consultó a la SAE y esta entidad aseguró que “a la fecha no ha sido notificada formalmente por parte de la Contraloría del informe o resultado de las investigaciones adelantadas por el ente de control”.
Así, aseguró que como desconoce el contexto bajo el cual la Contraloría hace las afirmaciones con las que este diario formuló sus preguntas, no puede pronunciarse por el momento sobre esos hechos, hasta “que se pueda identificar de manera concreta las gestiones” a las que se refiere el organismo de control.
El TIEMPO habló con Wilson Alejandro Martínez director del Observatorio de Lavado de Activos de la U. del Rosario, y redactor del código de extinción de dominio, quien analizó algunos de los problemas identificados por la Contraloría General en la administración de los activos incautados.
¿Cuáles cree que son los problemas de fondo que tiene la administración de bienes?
La administración de bienes incautados es un problema de toda América, al punto de que la OEA desarrolló el proyecto ‘Bienes incautados para América Latina’ para diseñar un modelo estandarizado para la región, porque prácticamente en todos los países ha habido problemas de corrupción.
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¿Cuáles serían los líos propios del modelo colombiano?
La falta de gestión y administración inicial de los inventarios. El gran desafío es que no solo hay que manejar muchos bienes, sino que son muy heterogéneos, pues se reciben vacas, carros, fincas, etc. Esto se les salió de las manos y no había ningún sistema para manejar el inventario. También hay un tema de politiquería porque los bienes con extinción de dominio van al Frisco y son administrados por la SAE. El Frisco es un fondo cuenta que financia programas para luchar contra el crimen organizado, pero también para la inversión social, entonces esa inversión social se volvió la caja menor de los politiqueros, lo que ha incrementado los pasivos del Frisco.
El Frisco es un fondo cuenta que financia programas para luchar contra el crimen organizado, pero también para la inversión social, que se volvió la caja menor de los politiqueros
¿Por qué resulta tan costoso administrar estos bienes?
Muchos de los bienes, sobre todo los más valiosos, son las empresas, pero cuando uno va a ver, no son productivas. Por ejemplo, para lavar plata los narcos invierten en hoteles, discotecas, restaurantes, moteles. Pero cuando montan ese negocio no están pensando en que sea rentable, les importa es que sea una fachada. Muchos de esos negocios no generan utilidades. Entonces cuando entran a extinción de dominio, cogen ese bien y se lo entregan a la SAE para que lo administre, pero a esta sociedad solo termina generándole costos, pues mantenerlos vale plata.
¿Cómo se podrían solucionar esos problemas?
La venta anticipada de los bienes para mí es la única fórmula de conservar el valor de las propiedades que no son rentables, o tienen depreciación acelerada. Por ejemplo, el gran inventario de bienes son vehículos, que se devalúan muy rápido. Hoy en día solo se puede hacer venta anticipada de vacas, cosechas, perecederos, pero no de un carro o avioneta.
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¿Cómo lograr que el proceso de extinción sea más rápido?
Creo que el mayor cuello de botella es la fase de investigación. También creo que se están haciendo demasiadas extinciones de dominio por una cantidad de bienes que no tienen ningún tipo de sentido o valor y en cambio sí muchas dificultades para administrarlos.
¿Por qué esto no ha mejorado del todo con la SAE?
Como desde el principio no se hizo el inventario en la Dirección Nacional de Estupefaciente, rehacerlo ha sido muy difícil. La SAE no ha tenido un inventario completamente actualizado, aunque lo ha mejorado muchísimo. Pero hay una gran cantidad de problemas que vienen desde atrás.
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