Un informe de la Contraloría General había advertido hace dos años que Ecopetrol no cumplió con las normas para abandonar el pozo en el sector de Lizama-Nutria, en Barrancabermeja, cuya filtración de crudo mantiene una emergencia ambiental tras 25 días de derrames que han dejado una mancha de al menos 23 kilómetros en fuentes hídricas de la región.
EL TIEMPO conoció el informe, parte de la auditoría realizada a Ecopetrol en el 2016, en el que se advertía que un año antes la estatal petrolera no cumplió con el cierre técnico de la totalidad de los pozos señalados en el programa de explotación de ese año, plan que fue enviado a la Agencia Nacional de Hidrocarburos e incluía los de Lizama-Nutria.
La argumentación que Ecopetrol dio en ese momento, según la Contraloría, es que no tenía el presupuesto para cumplir con esas actividades: “Lo anterior detona falencias en la planeación y gestión de los abandonos de pozos, actividad imprescindible para la conservación ambiental, así como deficiencias en la programación de los recursos financieros para tal propósito”.
Para el organismo era claro que al no tener un plan se generaba “un riesgo medioambiental por eventuales invasiones de fluidos en superficie o manifestaciones de hidrocarburo en las zonas donde se encuentran ubicados los pozos que se deben abandonar, así como la falta de regeneración de las áreas degradadas con las operaciones petroleras y consecuentemente posibles sanciones por la autoridad competente”.
Una resolución del Ministerio de Minas del 2009 estableció que cuando se haya perforado un pozo que resulte seco o que se deba abandonar, este “será taponado y desmantelado inmediatamente”, norma que incumplió Ecopetrol, por lo que la irregularidad fue enviada desde el 2016 a la autoridad ambiental.
Ese mismo procedimiento se debe tomar cuando un pozo permanece inactivo por más de seis meses sin una justificación. Para ello, las petroleras también están obligadas, al inicio de la explotación, a presentar un programa de abandono para cada área contratada, plan que debe ser actualizada con un informe técnico anual.
En el caso de Ecopetrol, la petrolera estatal tiene una guía de abandono de pozos del 2014 que dispone condiciones generales como “cumplir con requerimientos para la protección de los acuíferos de agua dulce de la contaminación por migración de fluidos”.
Lo más preocupante es que esa auditoría del 2016 también detectó problemas en otros pozos. En el convenio Magdalena Medio-Activos Llanito, pese a que el campo de San Silvestre se encontraba en proceso de abandono debido a su estado avanzado de agotamiento, tampoco quedó programado el plan para dejarlo. Y en el convenio Magdalena Medio-Activos GIR, en Casabe y Yariquí-Cantagallo, se programó el abandono de 15 pozos y el reabandono de 20, así como la recuperación ambiental de 10 piscinas y 20 locaciones; sin embargo, solo cumplió con el abandono de 4 pozos y no hizo ninguna recuperación ambiental.
En el 2017, la Contraloría encontró una situación irregular con el abandono de pozos en las áreas sur, noroccidente y en Orito, Putumayo, en donde por lo menos 17 pozos se encontraban “en estado de inactividad por diferentes situaciones técnicas, sin que a la fecha se haya resuelto su destinación final”.
Tras una visita realizada a la zona afectada de Barrancabermeja, en Santander, el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo Urrutia, solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la imposición de sanciones por el caso. También exigió una compensación ambiental de Ecopetrol, por ser la responsable de
este vertimiento de hidrocarburo, que ya cumple 25 días contaminando bosques y quebradas de esta región del Magdalena medio.
JUSTICIA
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*Información de Barrancabermeja
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