Para obtener una rebaja sustancial e inmunidad penal de un pariente, el exsenador Otto Bula decidió entregarle a la Fiscalía la que puede ser la prueba reina contra senadores, excongresistas y empresarios que se lucraron con los sobornos de la multinacional Odebrecht.
Se trata de un segundo teléfono celular con el que Bula grabó conversaciones, tomó fotos de cheques y archivó decenas de chats con todos los involucrados en la millonaria repartija de coimas, incluido su examigo, el poderoso senador de Sahagún, Córdoba, Bernardo ‘Ñoño’ Elías.
El iPhone guardaba, además, los contratos que Odebrecht le hizo firmar a Bula y la Fiscalía obtuvo los que su primo Mauricio Bula suscribió a través del exbanquero Eduardo Zambrano, para mover las coimas.
La información consignada en el aparato –16 gigas de datos–, sumada a las declaraciones de ejecutivos de Odebrecht y a las que Bula viene entregando, le permitió a la Fiscalía establecer que fueron 84.000 millones de pesos los que se pagaron en Colombia para la adjudicación de la Ruta del Sol II, en el 2009, y por el otrosí de la Ocaña-Gamarra, en el 2014.
La evidencia fue suficiente para compulsar copias a la Corte Suprema, que, además de ‘Ñoño’ Elías, investiga a los congresistas Musa Besaile y Antonio Guerra, así como al exparlamentario Plinio Olano.
Pero el escándalo, que esta semana sacudió el Congreso, no se detiene. El viernes, Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), uno de los funcionarios estrella del gobierno Santos, fue llamado a imputación de cargos por interés indebido en la celebración de contratos.
En marzo pasado, EL TIEMPO reveló que varios de los investigados por este escándalo visitaban su despacho, entre ellos el senador ‘Ñoño’ Elías. Entre enero del 2013 y agosto del 2015 estuvo en cinco ocasiones preguntando por varios proyectos, entre ellos el de la vía Ocaña-Gamarra.
A Andrade lo enredan los chats que intercambió con el senador de Sahagún y un par de reuniones privadas que Bula monitoreaba. Una de ellas, con el chef de Otto Bula a bordo.
Aunque Andrade asegura que nunca accedió a presiones y que la vía Ocaña-Gamarra se ajusta a las exigencias técnicas y legales, la Fiscalía considera que en ese contrato, por más de 900.000 millones de pesos, se incluyeron cláusulas hechas a la medida del concesionario privado, como la inclusión de al menos dos peajes más de los que técnicamente estaban justificados y mayores valores por kilómetro/obra, en comparación con otras licitaciones.
Lo que los fiscales tienen claro es que los interesados en favorecer a Odebrecht usaron al asesor del presidente de la ANI y su enlace en el Congreso, Juan Sebastián Correa, para llegar hasta él.
La Fiscalía considera que lograron ese cometido; de allí el cargo contra Andrade por interés ilícito en la celebración de contratos, que en plata blanca significa que un funcionario, por acción u omisión, buscó favorecer intereses de un contratista.
El mismo viernes, Andrade aseguró que en seis años en el Gobierno no ha hecho “nada diferente a buscar el desarrollo de la infraestructura del país, de forma transparente”.
Y en el caso puntual de la obra Ocaña-Gamarra, agregó que “se tomó un especial cuidado de hacerlo dentro del marco de la ley”.
Pero la Fiscalía sostiene que por ese negocio Odebrecht pagó no solo los 4,6 millones de dólares de Bula, sino 34.653 millones de pesos con contratos fantasmas.
Por ahora, la situación más compleja es la del asesor Correa, quien se convirtió en la ficha de Bula dentro de la ANI: mientras le entregaba información privilegiada, movía hilos en favor de los brasileños. Su situación es tan difícil que sondea un posible arreglo con la justicia.
“Inicialmente, el Departamento de Justicia habló de 11,5 millones de dólares en sobornos. Sin embargo, esa cifra tan solo corresponde a giros desde Odebrecht Brasil. Pero ya está probado que su filial en Colombia también desembolsó dinero a través de contratos ficticios y pagos a familiares de los involucrados”, le explicó a EL TIEMPO el fiscal Néstor Humberto Martínez.
Con las nuevas cifras descubiertas por la Fiscalía, Colombia saltó del penúltimo lugar de la lista de 13 países en los que se pagaron sobornos, a los primeros seis lugares del oscuro ranquin de la multinacional, que pagó 700 millones de dólares en coimas a más de mil personas en el mundo.
Y aunque la investigación más avanzada es la del tramo Ocaña-Gamarra, hay otra veta no menos importante: los sobornos que se pagaron por la Ruta del Sol II en 2009 y 2010 y que empezaron con los 6,5 millones de dólares que le llegaron a Gabriel García Morales, viceministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe.
Según la Fiscalía, hubo coimas adicionales que superaron los 30.000 millones de pesos y todo indica que fueron repartidos, en el primer semestre del 2010, bajo la misma modalidad: contratos fantasmas.
El efectivo habría llegado, al final, a altos funcionarios de la época que cabildearon ante diferentes instancias del Gobierno para que Odebrecht se quedara con la obra. Uno de ellos, residente en Estados Unidos, hasta hace poco habría recibido una mesada de la brasileña a cambio de su silencio.
De ese paquete rastrean 10 millones de dólares que terminaron en Europa. Y el capítulo se ampliaría en los próximos días con exfuncionarios del gobierno Uribe pues, dice la investigación, el exviceministro García Morales no actuó solo.
Respecto a la vía Ocaña-Gamarra, la obra que compete al gobierno Santos, la investigación apunta a que desde el 2013 empezaron a moverse fichas en el Congreso para ambientar su aprobación.
Desde esa época se registraron repetidos debates de control político en los que el verdadero objetivo, según las cabezas de Odebrecht que han declarado en el proceso, era “apretar” a Luis Fernando Andrade. En esta primera etapa, dice la investigación, la ficha clave habría sido el exsenador Plinio Olano, el hombre fuerte de las comisiones sextas, a cargo de temas de infraestructura.
Basada en las versiones espontáneas de los testigos y en el material probatorio entregado por varios de ellos, la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que investigue a Olano como “presunto beneficiario” de pagos de Odebrecht.
Parte de los dineros también habrían llegado a “un grupo de parlamentarios” vinculados a Olano, hoy director ejecutivo de la Federación de Departamentos.
El exparlamentario de Boyacá, que se quemó en las elecciones del 2014, insiste en su inocencia y ofreció colaboración con la Corte para esclarecer su conducta.
Luego, según el expediente, hubo una especie de relevo en la presión al Gobierno para lograr que el contrato saliera según las especificaciones de Odebrecht.
Federico Gaviria, viejo asesor de los brasileños, recomendó entonces a Otto Bula, su amigo y vecino en el exclusivo conjunto Santa Ana de Chía II. Y fue a través de él que apareció en escena Ñoño’ Elías.
En el segundo celular de Otto Bula, cuyo contenido ya le fue entregado a la Sala Penal de la Corte, aparecen conversaciones de WhatsApp que comprometen también a Musa Besaile (el socio del ‘Ñoño’ en el partido de ‘la U’) y a Antonio Guerra de la Espriella, de Cambio Radical.
La Fiscalía pidió también investigar al representante por Norte de Santander Ciro Rodríguez, como supuesto responsable de tráfico de influencias. Ese señalamiento también se lo hace a los senadores Elías Vidal y Guerra.
Al respecto, Eleuberto Martorelli, gerente de Odebrecht Colombia, dijo que contaron con la colaboración de congresistas de las comisiones 3.ª, 4.ª y 6.ª (a la que pertenecía Olano), para la aprobación de la obra Ocaña-Gamarra.
Las conversaciones y otras pruebas aportadas por Bula y corroboradas por Gaviria muestran que en el 2015 incluso hubo una crisis entre los involucrados en la componenda, pues estalló el escándalo mundial de Odebrecht.
Por eso, se atrasaron con algunos sobornos pactados. Uno de ellos fue el que se movió a través de Consultores Unidos, vinculada al exbanquero Eduardo Zambrano, hoy tras las rejas.
Tal como lo reveló EL TIEMPO, Zambrano movió 1.880 millones de pesos a través del primo de Bula, y 2,7 millones de dólares por Panamá.
Varios testigos coinciden en que la fórmula de la repartija fue la siguiente: la mordida sería de entre el 4 y el 5 por ciento del valor total de la adición (900.000 millones), y de ese porcentaje, la mitad iría para el grupo de ‘Ñoño’; el 1 por ciento para Bula y su grupo y el mismo porcentaje para el grupo ‘tocado’ por Federico Gaviria. Los 34.653 millones de los contratos fantasmas encajan con esa fórmula.
La Fiscalía rastreó 17.000 millones hasta Sahagún, tierra de Musa Besaile y Bernardo Elías. Y un testigo jura haber entregado varios millones en efectivo a Básima Patricia Elías, prima y mano derecha de ‘Ñoño’. Los casi $ 10.000 millones subcontratados por la Ruta del Sol II con la firma Sion –de Mauricio Vergara y Gabriel Dumar– también tendrían como destino el grupo de este senador. Por eso, a Vergara y a Dumar (que mantenía comunicación con el exgobernador Alejandro Lyons) se les imputarán lavado y enriquecimiento ilícito.
Ahora, con todo el material descubierto y aportado por la Fiscalía, la palabra la tiene la Sala Penal de la Corte. Sus decisiones podrían ponerle fin al imperio de los ‘Ñoños’, que pelechó en la burocracia de los últimos tres gobiernos a pesar de encarnar la más cuestionada forma de hacer política.
UNIDAD INVESTIGATIVA Y REDACCIÓN JUSTICIA
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