Eisenband no aceptó cargos por compra fraudulenta de centro comercial

Eisenband no aceptó cargos por compra fraudulenta de centro comercial

La Fiscalía le abrió investigación formal este lunes por la compra del bien que era de la mafia.

Leo Eisenband GottliebCL

Leo Eisenband Gottlieb dice que es un tercero de buena fe.

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Claudia Rubio / Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
16 de septiembre 2019 , 04:23 p.m.

Seis intentos después, la Fiscalía le imputó cargos este lunes el empresario Leo Eisenband por la compra presuntamente fraudulento de un centro comercial en Barranquilla, al cual se le habría bajado el avalúo catastral a cambio de dádivas.

Los cargos imputados al empresario barranquillero son peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y fraude procesal en calidad de coautor. Para este martes está programada la audiencia para pedir la medida de aseguramiento en contra de Eisenband.

Según el ente investigador, esta compra estuvo rodeada de "varias maniobras fraudulentas", en las que, según el escrito de acusación, Eisenband habría actuado como autor de los hechos delictivos.

Se trata del inmueble Centro Comercial Villa Country, que fue dado en extinción de dominio a favor de la Nación, pero cuya subasta estuvo rodeada de irregularidades. Los hechos que rodean los presuntos delitos ocurrieron entre 2007 y 2012, en Bogotá, Santa Marta, Barranquilla y Estados Unidos, dijo la Fiscalía.

Entre quienes habrían participado de estos hechos fue mencionado el exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz, Camilo Bula y, como comprador, Leo Eisenband, exdirectivo de Fedco, quien no aceptó los cargos en su contra este martes y a quien ya se le había negado un preacuerdo por no devolver el dinero correspondiente al presunto desfalco.

Eisenband es señalado de participar en maniobras mediante las cuales se redujo el precio de venta del centro comercial. Entre estas, señala que mediante cambios en las escrituras registradas ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en Barranquilla, se indujo al error a los funcionarios y se disminuyó el área vendible en más de 2.600 metros cuadrados con el objetivo de reducir el avalúo catastral.

Esto se hizo mediante reformas al reglamento de propiedad horizontal, reformas que se hicieron en asambleas extraordinarias a las que no fueron invitados todos los copropietarios. El valor de referencia que se adoptó como previo base de venta fue de más de 18.360 millones de pesos, cuando en el pasado había sido avaluado por más de 39.800 millones de pesos. 

Además, el avaluador Jorge Donado, de la promotora Cosmos, no contaba con la autorización debida de la DNE y habría recibido dádivas a cambio del avalúo, en 2008.

El área privada vendible fue reducida en 2.659,87 metros cuadrados, "representando un detrimento para la valoración comercial del centro comercial y sin ningún tipo de acción por parte de las directivas de la DNE". El área pasó, mediante maniobras que la Fiscalía considera fraudulentas, de 15.323,61 metros cuadrados, a 12.663,74 metros cuadrados. 

Por otro lado, la Fiscalía aseguró que, en abril del 2009, Leo Einsenband presentó su oferta de compra a la Inmobiliaria Araújo y Segovia por 18.362.802.000 pesos, un día antes de que esta empresa hiciera pública la convocatoria a subasta. Ese valor coincidía con el del avalúo comercial. 

Además, que cuando Camilo Bula fue nombrado como liquidador, mientras Albornoz estaba al frente de la desaparecida DNE, Bula no cumplía con los requisitos porque no estaba inscrito ante la Superintendencia de Sociedades.

La Fiscalía aseguró que Albornoz y Bula se reunieron en Miami para acordar cómo sería la venta del centro comercial. Entre esos acuerdos quedó establecido que la enajenación no se llevaría a cabo por unidades comerciales, sino en bloque.

Supuestamente, el empresario acordó una comisión ilegal de 2.000 millones para concertar la venta del centro comercial.

En este caso ya están condenados Bula, por peculado por apropiación y Fernando Navarro, por cohecho.

El centro comercial Villa Country era de propiedad del clan de la mafia Nasser Arena, por lo cual quedó en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes para su extinción en beneficio de la Nación. Sin embargo, con las maniobras usadas para su enajenación, el comprador Eisenband se habría ahorrado hasta 4.500 millones de pesos.

JUSTICIA
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