Tras pasar su primera noche preso, el general retirado de la Policía Humberto Guatibonza fue conducido ante un juez del complejo judicial de Paloquemao, al mediodía de este jueves, para que responda por el nuevo escándalo de chuzadas ilegales.
De civil, y fuertemente escoltado por agentes del CTI de la Fiscalía, Guatibonza saludó a quienes lo esperaban a la entrada de los juzgados.
En la diliganecia el Juez Noveno de Garantías legalizó la captura del general (r) y de otras dos personas capturadas en la investigación contra la red ilegal de interceptaciones ilegales.
El funcionario judicial indicó que durante la captura de Guatibonza Carreño, de Julián Villarraga y Carlos Arenas se respetaron sus derechos fundamentales.
Añadió que el CTI de la Fiscalía cumplió adecuadamente con las diligencias posteriores a la detención, incluyendo la posibilidad de que se pudieran comunicar con una persona. Así las cosas consideró que el procedimiento fue ajustado a la ley.
El oficial en retiro apareció inicialmente mencionado como supuesto cliente de la red desmantelada el 4 de agosto en Nariño y el Valle. De hecho, la sede de la empresa de seguridad A&G, que según el expediente estaría vinculada con Guatibonza, fue allanada por la Fiscalía.
El organismo investigador citó a interrogatorio al expolicía, pero consideró que ante la gravedad de las evidencias que lo comprometerían con las ‘chuzadas’, pidió a un juez de Bogotá que emitiera una orden de captura contra el oficial y dos personas de su entorno laboral.
Se trata de Julián Villarraga, quien ya fue detenido, y quien es señalado por la Fiscalía de organizar la logística para realizar las interceptaciones ilegales de teléfonos y de conseguir información de las víctimas, como datos financieros.
La otra persona es Carlos Arenas, un exfuncionario de la Policía Metropolitana de Bogotá, capturado en Bucaramanga y quien de acuerdo con testimonios en manos de la Fiscalía se habría encargado de conseguir clientes a los que les ofrecían las interceptaciones ilegales. Además, de entregar información sobre las víctimas y supervisar que los trabajos solicitados se cumplieran según lo acordado con las personas que contrataban el ‘portafolio’ ilegal de servicios de la organización de las chuzadas.
Tanto a Guatibonza como a sus dos supuestos colaboradores, la Fiscalía les imputará los cargos de concierto para delinquir, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso y violación de datos personales agravada.
Las decisiones judiciales contra el oficial se aceleraron por cuenta de la declaración que el viernes le dio a la Fiscalía el coronel (r.) Jorge Humberto Salinas, quien hacía parte de la red de interceptaciones ilegales y capturado el 4 de agosto, en la primera fase de la investigación.
Entregó información sobre sus clientes en el marco de un proceso de colaboración judicial, y entre ellos mencionó al general Guatibonza, a reconocidos empresarios y al senador Armando Benedetti, lo que generó una gran polémica por las personas que supuestamente habría pedido que fueran interceptadas.
El coronel Salinas, quien estuvo 26 años en el Ejército y era considerado uno de los duros de la inteligencia, dijo en la declaración desde su centro de reclusión, en Cali, –revelada ayer por W radio– que un intermediario identificado como Juan Carlos Madero fue el contacto para las peticiones del senador Benedetti.
Según dijo, incluían seguimientos a reconocidos abogados como Jaime Lombana y Jaime Granados, e incluso al fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, y a su esposa.
“Madero con seguridad me decía que se reunía con Benedetti o Barbas, como lo llamaba (...). Del trabajo para Benedetti recibí un pago de cuatro millones de pesos, se le trabajó y se le entregaron resultados y fueron tan buenos que llegó hasta el punto que el señor pidió realizar un tracking de ubicación de unas fechas en particular, extracción de mensajes de WhatsApp e información del teléfono del Fiscal General de la Nación. Ahí fue cuando paramos y no queríamos continuar, cuando se llegó a ese punto”, declaró el coronel Salinas.
En rueda de prensa, Benedetti afirmó que los señalamientos obedecen a una persecución del Fiscal General en su contra, y que esta comenzó tras las críticas que él hizo al organismo investigador por el caso Odebrecht.
Según el senador, no tiene relación con ninguno de los implicados en la investigación, pero conoce a Daniel Hernández, que “está en la Fiscalía” y a quien – dice– denunció porque “ha ido a las cárceles Las Mercedes, La Picota, La Modelo y a los calabozos del DAS a ofrecer” a los detenidos “beneficios que son ilegales para que declaren en contra mía”.
Benedetti criticó a los medios de comunicación por la manera como, según afirma, se revelan los hechos en su contra, y en particular mencionó a EL TIEMPO.
El coronel Salinas también mencionó en sus declaraciones a Mauricio Alexánder Molina Rodríguez, quien figura como representante legal de A&G y quien tendría conocimiento de todas las actividades ilegales. Con él, según dijo, se había avanzado en la posibilidad de extender sus operaciones a Ecuador.
De hecho, en el expediente la Fiscalía documentó que la organización habría intentado conseguir información sobre actividades de grupos ilegales que hacen presencia en la frontera común con Colombia y venderla a las autoridades ecuatorianas.
Hoy, en la audiencia de imputación de cargos al general Guatibonza, además del testimonio del coronel Salinas se destaparán conversaciones telefónicas en las que miembros de la red de ‘chuzadas’ hablan.
-“¿Hizo algo de lo de WhashApp, hermano?; ¿ya tiene algo de lo que le pedí la semana pasada?”, pregunta don Humberto, quien según la Fiscallía sería el general Guatibonza.
- “Sí, señor, yo creo que mañana en la tarde ya tengo todo listo, lo de un mes; mañana le llevo”, responde, supuestamente, el coronel Salinas.
En otra conversación hablan de una interceptación que sería para un amigo de Guatibonza.
-“Le voy a mandar lo de un abogado, ahí va el nombre de la fulana y el nombre del fulano. Yo lo voy a hacer porque es de un grupo de abogados y son de Guatibonza. El trabajo es chichipato, es para comprobar la infidelidad de la vieja. Yo le voy a mandar los dos teléfonos de la pareja. Este me lo recomendó mi general Guatibonza, cojan los dos teléfonos del marido y la mujer y llamadas diferentes”, señala el coronel Salinas-
A esto, el mayor (r) Luis Mesías Quiroga, otro de los capturados, responde que el tema es fácil y que tiene los contactos para sacar algunas fotografías y conversaciones comprometedoras de los celulares que serían interceptados.
La Fiscalía estableció que la red documentó en 175 carpetas los servicios ilegales que habría prestado a particulares e incluso integrantes de la Fuerza Pública. Ahora los investigadores trabajan en establecer la veracidad de los testimonios y de documentos encontrados en los allanamientos para definir la responsabilidad individual de cada una de las personas que habría pagado por las ‘chuzadas’.
El Fiscal General ha dicho que este tipo de redes criminales existen porque hay personas que demandan sus servicios y que estos ciudadanos también serán judicializados.
En el listado de quienes habrían solicitado esos servicios aparecen el cuestionado empresario Víctor Maldonado, investigado por las irregularidades del Fondo Premium, y las empresas Pepsico, Ingenio Providencia, Servientrega.
Además, la firma Flórez Abogados y Asociados de Acacías (Meta) –en Bogotá existe una con igual razón social que no tiene nada que ver en el proceso–, que habría pagado 18 millones de pesos para que le entregaran información sobre la existencia de una red de incapacidades falsas.
El abogado Jorge Armando Otálora, que representa al general Guatibonza, señaló que la Fiscalía no les dio la oportunidad de ser escuchados para aportar las explicaciones del caso. “Desde el primer momento, el general pidió ser escuchado y se puso a disposición de la Fiscalía; insistimos en varias ocasiones y ahora nos encontramos con esta captura”, señaló Otálora. Añadió que esperan conocer las evidencias y que hacia adelante es obligación del expolicía “darles explicaciones al país”.
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