Imputarán cargos a dos expresidentes de Reficar por contrato irregular

La Fiscalía imputará el delito de contrato sin cumplimientos legales a dos expresidentes de Reficar, al considerar que no se cumplió con lo establecido en la ley para la adjudicación en dos contratos de esa refinería y que por el contrario se habrían otorgado 'a dedo'.

Se trata de Felipe Castilla Canales, quien estuvo a cargo de la compañía entre el 29 de abril y el 1 de octubre de 2009 y de Orlando José Cabrales Martínez, presidente de Reficar S.A., entre el 1 de octubre de 2009 y el 21 de noviembre de 2012.

El primero es señalado por el ente acusador de tramitar el contrato con PMC (Project Management Consultant) sin convocar un concurso público. Mientras que a Cabrales Martínez se le atribuye la celebración del contrato con la firma Foster Wheeler & Process Consultant. 

"Los indicios darían cuenta que el contrato PMC, cuyo valor inicial superó los 95 millones de dólares, habría sido entregado directamente a la compañía extranjera Foster Wheeler & Process Consultant, sin previo concurso público que garantizara una selección objetiva del contratista", manifestó el ente acusador.

La Fiscalía dijo que con base en el nuevo material probatorio de la fase 3 de la investigación por el escándalo de corrupción en Reficar, se le imputarán cargos a los dos expresidentes de la compañía el próximo 25 de abril. 

Añadió que esta etapa de la investigación "pondría al descubierto presuntas inconsistencias en la asignación del multimillonario contrato de gerenciamiento y administración del proyecto".

"Esta adjudicación ‘a dedo’ habría limitado la participación de otras compañías que podrían haber acreditado el perfil y la experiencia para asumir la gerencia, asistencia y vigilancia de los contratos de construcción de la refinería, las interventorías y otras obligaciones contempladas",aseguró la Fiscalía.

Esta es la segunda imputación contra Cabrales Martínez, quien en julio de 2017 fue judicializado como presunto responsable de interés indebido en la celebración de contratos.

JUSTICIA