Aunque el fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP Carlos Julián Bermeo y las otras cuatro personas señaladas de pedir dinero para supuestamente favorecer al exjefe de las Farc Jesús Santrich en su proceso de extradición fueron capturadas antes del mediodía del viernes, la Fiscalía no ha logrado avanzar en la imputación de cargos en su contra.
Este lunes, el ente acusador intentó en dos ocasiones imputarles cargos por concierto para delinquir, pero esas diligencias se frustraron por los argumentos de problemas de salud que presentó el abogado del exsenador Luis Alberto Gil Castillo, que, según la Fiscalía, habría actuado como intermediario en la petición de dos millones de dólares.
En la mañana se conoció que Medicina Legal le realizó un examen médico al excongresista, por lo que la juez 22 penal de control de garantías citó la lectura del resultado en la tarde. Sobre las 3:30 se determinó que Gil Castillo no se encontraba “grave de salud” y que podía asistir a la diligencia de imputación de cargos.
Por esa razón, Gil Castillo asistió por videoconferencia; sin embargo, luego de instalar la audiencia y cuando la Fiscalía había iniciado con la imputación de cargos, el excongresista manifestó que no escuchaba bien lo que pasaba en la audiencia.
El procurador del caso señaló que se tenía que garantizar que el capturado escuchara bien lo que estaba pasando en la diligencia judicial y la Fiscalía advirtió que aunque Gil estaba apto para asistir a la diligencia no podía garantizar su traslado a los juzgados de Paloquemao, pues esto dependía “del médico tratante de la clínica” en la que es atendido.
Pese a que la juez aplazó la audiencia para hoy, nada garantiza que se pueda realizar, pues la defensa de Gil Castillo enfatizó que él no estaba bien de salud y que no podría asistir a la diligencia.
“No está en condiciones de afrontar esta audiencia. Esta en una situación crítica de salud que le impide asistir. Una persona que acaba de salir de una unidad de cuidados intensivos no puede venir a este tipo de audiencias”, indicó el abogado Gabriel Porras Roa, quien insistió que Gil Castillo es inocente y que no aceptará el cargo que le será imputado.
Aunque el sábado en la madrugada la juez de control de garantías legalizó la captura de las cinco personas vinculadas a la investigación, el fiscal Carlos Julián Bermeo y su pareja, Ana Cristina Solarte, pretendían quedar libres por cuenta de un habeas corpus presentado ante otro despacho judicial en el que argumentaban que habían pasado 36 horas tras su captura y no se había dado legalidad a ese procedimiento.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que el juez al que llegó esa petición la rechazó al considerar que se había ajustado a la ley y no se habían violado sus derechos fundamentales.
Desde su sitio de reclusión, Santrich grabó un audio que se publicó en sus redes sociales y en el que cuestiona la investigación de la Fiscalía y señala que ni él ni su equipo de abogados han tenido ninguna relación con el fiscal capturado. “Estemos atentos y tengamos la certeza de que nuestro comportamiento fue limpio”, señaló Santrich. De hecho, durante la legalización de captura se habló de la compra de información en procesos judiciales, pero no se mencionó al exguerrillero.
Fuentes cercanas al proceso señalaron que en las audiencias del fin de semana se legalizaron evidencias como las órdenes de trabajo para que en el caso actuara un agente encubierto que llevaba cerca de tres semanas infiltrado. Así mismo, los movimientos del dinero usado en la operación y que habría salido de un fondo de incautaciones del ente acusador.
También se legalizaron evidencias encontradas en la casa del exsenador Gil, en donde se hizo un allanamiento, y en los celulares incautados a los capturados.
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