Este lunes, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Martha Lucía Ramírez, viajó a EE. UU. para reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hablar sobre la anuencia que pidió ese organismo para una visita al país, para verificar en terreno las denuncias de violaciones a derechos humanos que se han denunciado en medio del paro nacional.
La respuesta de Colombia a esa petición fue que, por ahora, no consentía la visita de la CIDH y que había que esperar que las investigaciones internas por los hechos terminaran.
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“Hemos dicho que todas las visitas bienvenidas, pero en este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control -Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría- terminen de hacer su tarea e investigar cada uno de los casos”, fueron las palabras de Ramírez.
Esta posición adoptada por el Estado colombiano ha sido criticada no solo por usuarios en redes sociales, sino cuestionada por expertos en derechos humanos y derecho internacional.
María Clara Galvis, abogada experta en derecho interamericano e internacional, señaló que la decisión invocada por el Estado de esperar a que concluyan las investigaciones internas no es la que corresponde con el escenario actual.
Esto porque si bien cuando se trata de casos individuales presentados a la CIDH y que podrían llegar a la Corte IDH debe haber un agotamiento de los recursos judiciales internos, la visita de la Comisión es para verificar la situación de derechos humanos actual y ello no requiere ese agotamiento de recursos internos, explicó Galvis. analiza la situación bajo las obligaciones internacionales de derechos humanos, no como un juez, sino como observador, para verificar la situación.
"Las visitas son para cooperar con el Estado, para ayudarlo a salir de la crisis de derechos humanos; la CIDH le ofrece su experiencia en este tipo de situaciones con sus mecanismos de monitoreo, para ayudar", señaló la abogada, que dijo que esta visita es complementaria y no excluyente con que sigan avanzando los procesos internos.
La Comisión no juzga a ver si Colombia cumplió o no con las investigaciones, sino que coopera con el Estado para ayudarlo a salir de la crisis de derechos humanos
Galvis recordó que recientemente la Comisión también ha apoyado de este modo a países que pasaban por crisis de derechos humanos como Chile, Ecuador, y Bolivia, entre otros, "en todos esos países, salvo en Venezuela, la CIDH pudo hacer la visita", indicó.
Además de considerar que con su decisión, el Estado se está privando de esa experiencia de la CIDH, para Galvis esto también significa "una actitud que demuestra falta de transparencia frente al escrutinio internacional, un Estado de Derecho Democrático no rechaza un acompañamiento internacional sino que lo propicia".
Por último, señaló que hay una inconsistencia en la posición que en este momento adopta el Estado colombiano con la posición que ha tenido sobre estas visitas de la CIDH a otros países.
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Silvia Serrano, abogada experta en derecho internacional interamericano, consideró que el rechazo de Colombia a una visita ahora de la Comisión es grave y consolida una "ruptura frente a la posición histórica de Colombia ante la CIDH"
La abogada señaló que históricamente el país ha dado su consentimiento a la CIDH para visitas pero que la decisión de este lunes marca un cambio radical y ubica a Colombia "junto a los países que más criticó por lo mismo".
Un monitoreo oportuno como el que pide la CIDH puede coadyuvar a tiempo a los órganos de control para que respondan a las violaciones de DD. HH.
Coincidió con Galvis en que para esta visita general no es necesario que se agoten las investigaciones, pues no se trata de casos individuales.
"Al contrario, mediante un monitoreo oportuno como el que pide la CIDH con la visita, se puede coadyuvar a tiempo a los órganos de control para que respondan adecuadamente a las violaciones de DD. HH. y eviten que el país comprometa responsabilidad internacional", mencionó.
De otro lado, señaló que esta visita de la CIDH fue pedida por múltiples sectores, entre ellos organizaciones civiles y sociales, por lo que era una forma de bajar las tensiones y dialogar, pero la negativa del Estado podría recrudecer la crisis, insistió la abogada.
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Por último, Serrano comentó que, pese a la negativa del Estado a una visita ahora, la Comisión Interamericana debe seguir haciendo un permanente de la situación de Colombia.
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