A las 4:56 de la tarde del viernes, Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se enteró de la decisión de la Fiscalía de llamarlo a imputación de cargos dentro del caso Odebrecht.
La decisión fue recibida con sorpresa por la Casa de Nariño y por el propio funcionario, con 23 años de experiencia acumulada en la consultora McKinsey y con excelente reputación entre sus pares en el Gobierno.
Si bien al inicio del proceso levantó sospecha la cercanía y familiaridad de Andrade con el polémico senador de ‘la U’ Bernardo Elías Vidal, el alto funcionario creyó conjurar cualquier duda entregándole a la Fiscalía los chats que intercambió con el parlamentario. Además, explicando que técnica y legalmente la aprobación de la vía Ocaña-Gamarra fue impecable.
Pero el hecho de que el exsenador Otto Bula, ficha de Odebrecht, estuviera al tanto de las reuniones públicas y privadas de Andrade y Elías Vidal abrió nuevos interrogantes. Tal vez el más importante es cómo Andrade, ingeniero industrial y de sistemas de la Universidad de Florida, nunca notó que su asesor y enlace con el Congreso, Juan Sebastián Correa, era ficha de Bula. De hecho, lo acusan de extraer información privilegiada de la ANI.
Pero quienes conocen a Andrade –primo del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno–, descartan de plano cualquier conducta ilegal. Y agregan que la mejor evidencia de su transparencia es que le tocó la difícil misión de transformar el desaparecido Instituto Nacional de Concesiones (Inco), a donde llegó de la mano de Germán Cardona, ministro de Transporte de entonces.
El Inco se había convertido en una de las entidades más corruptas. Cuando se posesionó como director de la ANI, el primero de agosto del 2011, Andrade dijo que su meta era “duplicar el número de kilómetros férreos, de kilómetros viales y, si se pudiera, la capacidad portuaria (del país)”, resultados que, seis años después, aún no se ven, aunque varios de esos proyectos avanzan.
Pero también se comprometió a reducir la corrupción en las licitaciones y procesos de contratación pública, lo que, paradójicamente, hoy lo tiene 'ad portas' de una imputación por celebración indebida de contratos.
Allegados a la ANI creen que la cercanía de Andrade con el senador de Sahagún le pasó factura. Y si bien confían en que podrá aclarar su situación legal, el impacto sobre el funcionario y el gobierno Santos ya no tiene reversa. Incluso no se descarta que se retire de la entidad para asumir su defensa, dejando acéfalo uno de los cargos más importantes y sensibles del Gobierno, el cual ya está en su recta final.
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