En una sentencia de tutela, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto protegió el derecho a la consulta previa de comunidades de Nariño y ordenó suspender la erradicación forzada de cultivos ilícitos en los territorios colectivos y ancestralmente ocupados del Pacífico nariñense.
En particular, en los municipios de San Andrés de Tumaco, Mosquera, Magüí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas.
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Al respecto, ya ha habido preguntas sobre si esta decisión podría extenderse a otros territorios, y también sobre qué efecto pueda tener esto en la lucha contra las redes de narcotráfico, puesto que según la última medición del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, para 2019 -última medición disponible- Nariño fue el departamento con más matas sembradas con coca, con 36.964 hectáreas.
De otro lado, para todo el país, la meta de erradicación fijada por el Gobierno este año son 130.000 hectáreas de coca.
Frente al impacto de esta decisión, Diana Bernal, abogada del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, que acompañó la tutela mencionada, señaló que en "todos los casos con iguales situaciones de hecho y de derecho debería fallarse de la misma manera", lo cual quiere decir que la decisión del Tribunal de Pasto, que fue en segunda instancia, podría convertirse en jurisprudencia que se use en otros casos, que en todo caso se resolverían uno a uno.
De otro lado, sobre si la figura de consulta previa es aplicable en casos en los que hay temas ilegales, como lo son hoy en Colombia los cultivos ilícitos de coca, Bernal manifestó: "Lo que hizo el Tribunal de Pasto fue aplicar la jurisprudencia que al respecto ha generado la Corte Constitucional y reconocer las obligaciones internacionales que tiene el Estado colombiano. El derecho de consulta previa, libre e informada en cabeza de los pueblos negros e indígenas frente a cualquier intervención en sus territorios es un parámetro indiscutible en el marco del Estado Social de Derecho", señaló.
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La abogada añadió que el hecho de que Nariño sea uno de los lugares más afectados por las economías ilegales fue evaluado por los magistrados que fallaron la tutela "para concluir que las condiciones de riesgo y vulnerabilidad son mucho peores que en otro lugar y que precisamente por eso, el Gobierno debe velar por la protección de las garantías constitucionales".
Y agregó: "Es falso que las políticas impositivas, violentas y no consultadas de erradicación forzada sirvan para combatir el narcotráfico porque estas comunidades estas inmersas en la pobreza, se les han desconocido sus derechos sistemáticamente y la única posibilidad que tienen de sobrevivir es la hoja de coca. Cuando se erradica forzosamente, lo único que se consigue es que el cultivo ilegal se abra espacios en otros lugares", concluyó.
Aunque EL TIEMPO consultó a los Ministerio de Justicia y Defensa sobre el tema y no hubo un pronunciamiento, fuentes oficiales señalaron que hay preocupación de que la decisión inicialmente afecte la meta de 130.000 hectáreas erradicadas forzadamente este año y que se pueda extender a otras regiones en las que este mecanismo ha venido avanzando mientras se da el paso a la fumigación aérea de los cultivos.
Por su parte, María Alejandra Vélez, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes (Cesed), añadió que la decisión de tutela es un llamado a diseñar una política antidrogas diferencial, concertada y en el marco de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
"En los contextos de los consejos comunitarios y resguardos deben ser acuerdos colectivos. También es importante recordar que en muchos casos hay cocaleros que están ahí pero nos son parte de consejos o resguardos, su presencia no se puede validar con la sustitución si la comunidad o las autoridades étnicas no están de acuerdo", señaló.
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En Nariño, comunidades han marchado para rechazar la erradicación forzada de cultivos ilícitos.
Archivo particular
Respecto de si esta decisión podría tener efectos negativos, en cuanto a narcotráfico, en la región con más coca del país, la directora del Cesed recalcó: "La erradicación forzada es una estrategia fallida a largo plazo, empuja los cultivos a otras zonas y se sigue expandiendo por el Pacífico, incluso en la zona, donde se erradica, eventualmente vuelven a sembrar. Si el punto es la lucha antinarcóticos deberían estar concentrados en otro eslabón de la cadena, no en los cultivadores".
Isabel Pereira, coordinadora del área de política de drogas de Dejusticia, consideró que la suspensión de la erradicación forzada, en sí misma, no es lo que beneficia al narcotráfico, sino la inacción del Estado para cambiar las causas estructurales que hacen que la gente dependa de la coca. "Si se sigue cometiendo el mismo error de no abordar las causas estructurales, si no hay una oferta estatal distinta, las redes de narcotráfico van a estar prestas a facilitar el cultivo", expuso.
De otra parte, recordó que la Corte Constitucional ya seleccionó para revisión otra tutela de 2020 en la que el Tribunal Administrativo de Nariño había ordenado suspender la erradicación forzada en el municipio Ancuya y decía que se debía agotar primero la sustitución voluntaria de cultivos. Pereira contó que desde Dejusticia tienen conocimiento de por lo menos 6 tutelas similares, en Nariño, Catatumbo y Cauca, sobre erradicación forzada. Dos de esas, entre esas la de Ancuya, fueron seleccionadas para revisión en la Corte.
El Gobierno podría buscar que esta decisión frente a los 10 municipios del Pacífico nariñense también llegue al alto tribunal, pero entre tanto, dijeron fuentes, tendría que cumplirla. Por el momento, el Ejecutivo analiza el fallo y las salidas para retomar la erradicación en una de las zonas con más cultivos ilegales del país. Hasta abril se habían logrado arrancar 22.780 hectáreas en todo el territorio nacional.
Desde otra orilla, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), consideró que el reciente fallo del Tribunal Superior de Pasto sí podría tener un impacto negativo en cuanto a lucha contra el narcotráfico. "Genera un incentivo enorme para que organizaciones criminales que tienen cultivos y producción de narcóticos a escala industrial en Nariño crezcan", dijo, pues la erradicación manual forzada es una de las estrategias del gobierno contra esos cultivos.
Aclaró que este sentencia podría tener un impacto además en una eventual reactivación de la fumigación aérea con glifosato, pues en la práctica le impone al Gobierno cumplir con la condición de consulta previa para intervenir en estos territorios.
Daniel Rico, director de C-Analysis e investigador en economías criminales coincidió en que la sentencia, sumada a la baja capacidad del gobierno para ejecutar procesos de consulta previa, puede terminar beneficiando a las economías ilegales que hay detrás de las grandes plantaciones de coca. "En la medida en que no se pueda erradicar y las intervenciones del Estado estén más limitadas, eso funciona como un imán que va a traer cultivos de otros territorios a otra que sea considerada como segura", opinó.
Añadió que los procesos de consulta previa no duran 90 días, sino que normalmente toman años; y que hay otra preocupación y es que la tesis del tribunal sobre consulta previa para erradicar se extienda a otras actividades de la política antidrogas, es decir, "que se limite la presencia de Fuerza Pública que adelanta labores de destrucción de laboratorios para el procesamiento de drogas o el control a precursores".
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La figura de consulta previaOtra duda que ha surgido a raíz del fallo de tutela es si la figura de consulta previa sí era aplicable en territorios colectivos de comunidades afro, y más allá de esto, si la consulta previa puede amparar actividades prohibidas como los cultivos ilícitos.
Frente a ello, Andrés Briceño, docente, abogado administrativo y exmagistrado auxiliar del Consejo de Estado, aclaró, en primer lugar, que la consulta previa sí es exigible frente a comunidades afro, y no solo a comunidades indígenas. "La Corte Constitucional no ha hecho una distinción frente a los grupos en los que es exigible la consulta, cobija a comunidades étnicas, allí están indígenas, afrocolombianos, palenqueros, raizales....", explicó.
No obstante, aclaró que para que pueda pedirse una consulta previa debe haber una afectación directa a la comunidad. Además, expuso, lo que está amparado legalmente es el uso ancestral y cultural de la coca en comunidades étnicas, pero no su comercialización.
"Lo que no puede amparar el sistema legal es que un ciudadano, ni afro ni indígena, se oponga a que la autoridad del Estado intervenga a erradicar cultivos destinados al uso ilícito. Hasta allá no llega la figura de consulta previa, que es un derecho pero no puede privilegiar o beneficiar actividades ilegales", manifestó.
En la tutela estudiada por el Tribunal de Pasto, los magistrados señalaron que los operativos de erradicación forzada en los territorios analizados, donde hay comunidades indígenas y afrodescendientes, "significa una afectación directa en sus derechos al medioambiente sano, salud, seguridad alimentaria, condiciones de vida digna y diversidad sociocultural".
Además, los magistrados encontraron que en el proceso de erradicación también se afectaban cultivos legales. "No es errado pensar que, si en los operativos también resultan reducidos los cultivos de pancoger, hay una aflicción directa o cuando menos una amenaza en la subsistencia alimentaria de esas personas", se lee en la sentencia.
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