El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó este miércoles como “fraudulenta” la decisión del juzgado noveno de garantías de Bogotá de declararse incompetente para conocer los procesos contra 12 militares investigados por los ‘falsos positivos’ de Soacha.
Este martes, nueve años después de que los jóvenes Daniel Alexánder Martínez, Diego Armando Marín Giraldo y Jaime Estiben Valencia Sanabria fueron reclutados con mentiras en Soacha, y terminaron siendo presentados en Ocaña (Norte de Santander) como guerrilleros caídos en combate, la Fiscalía les iba a imputar cargos a varios militares, entre ellos el coronel Gabriel de Jesús Amado.
Pero en la audiencia sorprendió la decisión del juez de declararse incompetente, tal y como lo pidieron los militares, alegando que el caso debe ser conocido por la Jurisdicción Especial para la Paz y no por su despacho. Según el juez, estos hechos se relacionan con el conflicto armado y dijo que la ley 1820 de diciembre del año pasado, que dicta disposiciones sobre amnistías, indultos y tratamientos especiales, puede aplicarse a los investigados por ‘falsos positivos’.
Para Vivanco, si bien ha habido sentencias en tres de los casos de Soacha, en este y otros casos “ha existido un retardo inadmisible al cual se suma esta insólita denegación de justicia para las madres de las víctimas”.
El vocero de HRW les hizo un llamado a los jueces y a la Fiscalía General para que tomen “todas las medidas legales a su disposición para revocar esta decisión y evitar que establezca un nefasto precedente”.
En la diligencia, la Fiscalía les iba a imputar los delitos de desaparición forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y porte ilegal de armas y municiones.
