La Sala de Decisión de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría confirmó, en segunda instancia, la decisión que en septiembre pasado declaró como responsables fiscales a 26 personas, entre naturales y jurídicas, por irregularidades del proyecto hidroeléctrico Ituango (Hidroituango); entre ellas los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, así como los constructores de la obra, el consorcio CCC Ituango.

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La entidad señaló que hubo una “destrucción del valor presente del proyecto en cuantía de más de 3,1 billones de pesos y se originó un lucro cesante superior a 1,1 billones”, por lo cual el monto del fallo es de 4,3 billones de pesos.

La sanción se da por el daño al patrimonio del Estado causado por las mayores inversiones que se tuvieron que hacer en el proyecto, y por el lucro cesante luego de que la hidroeléctrica no comenzó a generar energía a partir de noviembre de 2018, como estaba previsto.

La decisión llevó a una serie de dudas sobre la continuación de la megaobra, ya que una declaratoria de responsabilidad fiscal genera inhabilidad para contratar con el Estado y para desempeñar cargos públicos.

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Lo cierto es que hoy los efectos de la decisión están suspendidos porque este año entró a regir la Ley 2080 de 2021, que dispuso que todos los fallos de responsabilidad fiscal deben ser remitidos al Consejo de Estado para que realice un control automático de legalidad.

No obstante, el Consejo de Estado dijo el 29 de junio pasado que ese control es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos porque la figura no cuenta con adecuados métodos de defensa que, en cambio, sí tiene una demanda de nulidad.

En su criterio, ese control también viola el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del exalcalde Gustavo Petro y, por eso, decidió no aplicarlo y devolver uno a uno los expedientes que la Contraloría le ha remitido.

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Ese tema incluso está en estudio en la Corte Constitucional. Fuentes de la Contraloría confirmaron que “los efectos del fallo, especialmente los relacionados con las inhabilidades, están suspendidos hasta que se surta el control automático”.

Tras conocerse la decisión, tanto EPM como CCC Ituango hicieron énfasis en que el fallo no se encuentra en firme ni ejecutoriado. Según la primera, esto implica que los contratistas deben cumplir con las obligaciones vigentes. Y el consorcio dijo: “Solo cuando este trámite (el del Consejo de Estado) termine, la decisión tendrá plenos efectos, momento en el cual podemos determinar los impactos para la sociedad”.

Así las cosas, hoy sigue en firme la continuidad del contrato, que va hasta el 31 de diciembre, pero la prorroga del mismo, que iba a ser de 11 meses, aún no es clara, pues ninguna de las partes se ha referido al respecto. En todo caso, el consorcio aseguró que el fallo “pone en grave riesgo la continuidad de las obras necesarias para que el proyecto pueda entrar en operación en los tiempos previstos”.

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El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dijo que los contratistas deben continuar la obra hasta que el fallo llegue al Consejo de Estado, por lo que no hay riesgo de que la dejen frenada.

Quintero recordó que la posibilidad del fallo de responsabilidad fiscal siempre estuvo presente, por lo que tenían varios planes. “Lo mejor es una cesión, se lo habíamos dicho al contratista”, dijo al indicar que se pondrá en marcha el Plan Mireya para que EPM con sus recursos y capacidades internas continúe la obra hasta que haya un nuevo contratista, pues hay una licitación en marcha.

Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, dijo que este fallo “tiende un manto de incertidumbre y de inseguridad jurídica, de cara a la participación de personas y empresas en proyectos de infraestructura en cuanto se vean en el riesgo de responder solidariamente por decisiones de terceros”.

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2008
​En la subasta de la Creg, el proyecto logró asignaciones de energía firme por 1.085 gigavatios hora año, con inicio en diciembre de 2018 y terminación en 2038. El precio fue de 13,9 dólares por megavatio hora.

2011
Se firmó el contrato Boomt (construir, operar, poseer, mantener y transferir) con el consorcio CCC Ituango. Se inicia la construcción de túneles de desviación izquierdo y derecho.

2012
La Creg convocó nueva subasta y el proyecto recibió asignaciones de otros 3.482 gigavatios hora año, iniciando en diciembre de 2021 y hasta 2038. Precio fue de 17,7 dólares por megavatio hora.

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2013
La construcción, operación, mantenimiento y las asignaciones de energía fueron cedidas a EPM por la sociedad EPM Ituango. Se inició la excavación del complejo de cavernas.

2018
La contingencia. Se tapona la galería auxiliar de desviación, se derrumba su parte interna, y ante el llenado acelerado del embalse, el agua comienza a pasar por la casa de máquinas.

2019
En febrero se suspende el paso de agua por casa de máquinas. La Creg declaró el incumplimiento y le ejecutó a EPM garantía por US$ 42 millones. Realizan nueva subasta para cubrir el desfase.

2020
En agosto renunció toda la junta de EPM, tras el anuncio de la demanda a los constructores, interventores y aseguradoras, sin ser consultados. Ese mes, se recibe el segundo pago de Mapfre, por US$ 100 millones.

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2021
EPM demanda y se inicia puja entre el alcalde de Medellín y contratistas. Tras el embargo de cuentas en septiembre, la Contraloría emite el fallo fiscal por $ 4,3 billones, que ayer se confirmó en segunda instancia.

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