Una cadena de errores llevó a que Hidroituango, el proyecto de generación de energía que prometía ser el más importante del país, terminara atrasándose, generando graves sobrecostos, riesgos sociales y ambientales, y pérdidas de recursos públicos.
La Contraloría General tuvo en cuenta esas irregularidades en una nueva fase de la investigación, que comenzó en noviembre del año pasado, y por la cual ahora decidió imputarles cargos a 28 personas naturales y jurídicas, entre ellas 19 funcionarios o exfuncionarios como los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, y al actual gobernador y exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria.
Ellos, junto con otras 16 personas, además de consorcios y contratistas, tendrán que responder por un presunto detrimento de 4,1 billones de pesos, que es el daño al erario que se habría generado por las irregularidades de Hidroituango entre el 2008 y 2015, en las que el órgano de control señaló responsabilidades individuales.
Por ahora, dijo el vicecontralor general Julián Mauricio Ruiz, no se han ordenado medidas cautelares sobre bienes de los investigados, pero es una decisión que se podría tomar en cualquier momento si así lo considera necesario la Contraloría. También dijo que no hay un plazo legal para proferir un fallo definitivo, aunque en los próximos 10 días se les trasladará el caso a los presuntos responsables para que ejerzan su derecho a la defensa.
Agregó que en este proceso el exalcalde de Medellín Federico Gaviria no está involucrado ya que cuando él llegó a la Alcaldía ya había decisiones tomadas sobre el proyecto.
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Los problemas en el proyecto llevaron a una primera consecuencia grave: que no se hubiera cumplido con su objetivo de generar energía que ya había sido contratada y acordada para el 2018. Y es que, según el proceso fiscal, Hidroituango había prevendido 2.9 millones de kilovatios de energía al día, para un periodo entre diciembre del 2018 y el 30 de noviembre del 2038, con un valor de 13,99 dólares por cada megawatio-hora.
Es por eso que, en ese punto, se estimó un detrimento de 1,1 billones de pesos de pérdida por el lucro cesante, es decir, porque la hidroeléctrica debía estar operando en el 2018, pero no fue así.
Pero además, el segundo lío tiene que ver con los desmesurados aumentos de costos de Hidroituango, pues se había estimado que costaría 6 billones, y por la improvisación, dice la Contraloría, terminó costando 13 billones de pesos sobre los cuales el organismo de control determinó un detrimento de 2,9 billones de pesos por la destrucción que había sufrido el proyecto a junio del año pasado.
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La tercera grave consecuencia tiene que ver con la contingencia que el proyecto sufrió en abril del 2018, cuando se derrumbó el tercer túnel de desvío del río Cauca, lo que causó alertas en la estabilidad de la presa, riesgos sociales y medioambientales.
Según el contralor general Carlos Felipe Córdoba, la decisión de imputar cargos a los involucrados se dio tras una "exhaustiva y rigurosa investigación por parte de un equipo multidisciplinario de abogados, ingenieros y contadores", que contó con el acompañamiento técnico de la Universidad Nacional, y analizó dos terabytes de información. Córdoba dijo que espera que en un año y medio haya un fallo fiscal.
"Además de haber millonarios recursos públicos en juego, Hidroituango es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos que ha desarrollado el país", dijo el contralor Carlos Felipe Córdoba, añadiendo que "de este proyecto depende buena parte de la demanda energética de Colombia".
Los líos, dice la Contraloría, comenzaron en el 2008-2009, en donde ya empezaba a exponerse que la planeación del proyecto era débil, que tenía fallas en su administración, dirección, control técnico y financiero. Por ejemplo, en esos años se inició la construcción de las vías de acceso al proyecto, sin que existieran los diseños definitivos, lo que llevó a modificar su trazado. También se modificó la altura de la presa que inicialmente había sido diseñada y aprobada en la licencia ambiental, lo que le pone más trabas a la construcción.
Luego, entre el 2010 y 2011 hubo ajustes a los contratos en los que terminó eligiéndose a EPM de forma directa -suspendiendo una subasta- como la empresa encargada de desarrollar el proyecto, en lugar de otras firmas. El contrato se firma como BOOMT con EMP Ituango, lo que libera a esta empresa de responsabilidad y modificar la distribución de los riesgos, "en perjuicio de Hidroituango", señala la Contraloría.
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Para el 2011 y 2012, crecía la oferta de energía pero Hidroituango mantenía serios retrasos. En esos años comenzó la construcción de los túneles de desviación sin que existieran las vías de acceso necesarias, por lo que deciden generar planes para acelerar el proyecto, situación que incrementó los costos.
A pesar de que el proyecto venía atrasado, en esos años la Contraloría encontró que Hidroituango consiguió en una nueva subasta vender 9.5 millones de kilovatios al día, para el periodo del primero de diciembre del 2021 hasta el 31 de noviembre del 2038.
Entre el 2013 y 2015 las fallas acumuladas llevaron a que no se cumpliera con uno de los hitos del proyecto, que era desviar el río Cauca. Así se termina modificando lo que, dice la Contraloría, era inmodificable, permitiéndose por ejemplo un tercer túnel de desviación (GAD) que colapsó en el 2018 y generó una grave contingencia "por falta de diseños técnicos y defectos en la construcción", dijo el organismo.
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REDACCIÓN JUSTICIA
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