¿Qué errores tuvieron Fajardo, Gaviria y Ramos en Hidroituango?

Desde el 2018, Hidroituango debía convertirse en la hidroeléctrica más grande del país. Pero lejos de esa promesa, para septiembre de este año los avances generales en la construcción estaban por el 79,4 por ciento, y los del sistema de desviación del río Cauca –fundamental para este proyecto y que debían ir en un 94,9 %– apenas estaban por el 61,7 %.

En el proyecto Hidroituango, que se había presupuestado en 6 billones de pesos, pero que ya va por los 13 billones, hubo, según la Contraloría General, una “cadena de errores” en su planeación, ejecución y control entre el 2008 y el 2015, situación que, según ese organismo, llevó a que se causara un posible detrimento de 4,1 billones de pesos.

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Por esa pérdida de dinero, originada según la Contraloría en “malas decisiones”, el organismo de control les imputó cargos a pesos pesados de la política de Antioquia, como los exgobernadores y excandidatos presidenciales Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, y el actual gobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, y al también exalcalde Fabio Alonso Salazar.

En total hay 28 personas naturales y jurídicas imputadas, contra quienes la Contraloría tiene evidencias que suman dos terabytes de información, un auto de imputación con 1.199 páginas y una realidad evidente: el proyecto no ha comenzado a generar energía.

Aunque, por ahora, para los imputados no hay más consecuencias directas que tener que afrontar su defensa –y aunque por el momento sobre ninguno de sus bienes se han ordenado medidas cautelares–, las cosas podrían cambiar en el próximo año y medio.

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En ese tiempo, según dijo ayer el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, podría haber un fallo definitivo, decisión que de todas maneras tendría una segunda instancia.

Si los imputados llegaran a ser condenados, eso implicaría que quedan impedidos para contratar con el Estado y ser elegidos en cargos de elección popular hasta que paguen el valor del detrimento.

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Según la Contraloría, el daño fiscal en Hidroituango se generó por dos razones. La primera, porque al no entrar en operación en el 2018 ni empezar a vender energía desde ese año (como ya se había comprometido en por lo menos dos subastas), se ocasionó un lucro cesantes de 1,1 billones de pesos.

En segundo lugar, porque las modificaciones sobre los tiempos en los que se debían cumplir las obras y sobre el contrato conllevaron a aumentar las inversiones y costos en 2,9 billones de pesos.

Uno de los errores más grandes fue la improvisación en los túneles de desviación. Ante los retrasos que había para desviar al río Cauca, decidieron construir un tercer túnel, la Galería Auxiliar de Desviación que no cumplió los requisitos técnicos, y colapsó en abril del 2018, generando una contingencia grave para la obra y para las comunidades aledañas ante cambios súbitos en el caudal del río.

Ese acelerador se dio en la época en la que Sergio Fajardo era gobernador, entre 2012 y 2015, a quien la Contraloría le imputó cargos por acción y omisión por “culpa grave”, al no estar al tanto de un proyecto que es primordial para la estabilidad energética del país y para el desarrollo de 12 municipios del departamento.

Sobre él hay dos reproches principales en la imputación: el primero es que aunque delegó a Iván Mauricio Pérez Salazar (también imputado en este caso) en la junta directiva de Hidroituango para el proyecto, no ejerció sobre él seguimiento y control, y el delegado terminó tomando decisiones que generaron atrasos, mayores costos y pérdidas. Según la Contraloría, citando jurisprudencia de las altas cortes,  la delegación que hizo Fajardo "no lo exime de responsabilidad". 

En segundo lugar, porque siendo gobernador, y a pesar de que conocía “las situaciones irregulares que se estaban presentando”, no tomó acciones o dio instrucciones efectivas “para contrarrestar o mitigar los efectos negativos”, no asistió a ninguna de las sesiones de la junta directiva y aunque fue informado de los graves atrasos, no dio ninguna orden para frenar los problemas.

Y es que según el auto de imputación, aunque desde el 2012 se hizo evidente que probablemente el proyecto no iba a poder entrar en funcionamiento en el 2018, no se tomaron decisiones para evitar que se aumentaran los costos, y se aceptaron planes de aceleración que al final fueron poco efectivos e, incluso, contraproducentes porque "terminaron por destruir el valor presente neto del proyecto". 

Durante la gobernación de Fajardo, como parte del plan acelerador, quienes estaban a cargo del proyecto decidieron no ponerle compuertas a los dos túneles de desviación del río  y, además, construir el tercer túnel, a pesar de que esos cambios no estaban planeados y los expertos no los habían recomendado. 

Pese a esto, afirma la Contraloría, Fajardo nunca se pronunció aunque debía hacerlo, pues dentro de la junta directiva de Hidroituango había secretarios del departamento que "a diferencia de lo ocurrido con su delegado, le informaban sobre la gravedad de lo que pasaba con el proyecto". 

Con esas pruebas, la Contraloría afirma que teniendo en cuenta la alta preparación de Fajardo y su amplia experiencia en el sector público y privado, "no resulta excusable" que en lugar de poner sus capacidades para que Hidroituango consiguiera sus objetivos, haya decidido no asistir a ninguna de las sesiones de la junta directiva "del proyecto más importante que se estaba ejecutando en el departamento". 

Sobre Aníbal Gaviria, la Contraloría señala que como alcalde de Medellín (2012-2015) por acción y omisión llevó a que las inversiones en Hidroituango se aumentaran “de manera injustificada” por su falta de control, pese a que era el jefe de la administración local.

"En el período en el cual el señor Gaviria se desempeñó como alcalde, en el proyecto se dieron una serie de situaciones que fueron determinantes para que se aumentara injustificadamente el valor de las inversiones y se impidiera la entrada en operación en la fecha programada", dice la imputación. 

Por ejemplo, entre las comunicaciones entre EPM (contratista y ejecutor de Hidroituango y cuyo propietario es Medellín) y el municipio de Ituango, la Contraloría no halló que Gaviria “haya realizado ninguna actuación dirigida siquiera a informarse sobre el estado del proyecto”.

También, dice la Contraloría, sus funciones no se limitaban a nombrar a Juan Esteban Calle (también imputado) como gerente de EPM, sino que además debía controlar sus acciones frente a la hidroeléctrica. Aunque en el proceso Gaviria defendió el perfil y la hoja de vida que tenía Calle para nombrarlo, la Contraloría señala que eso no lo exime de responsabilidad porque debía hacer seguimiento de lo que estaba haciendo Calle. 

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Y el hecho de que EMP sea del municipio de Medellín, afirma la Contraloría, obligaba a Gaviria a estar mucho más pendiente del proyecto Hidroituango porque esas obras le han implicado una importante deuda al municipio, lo que significa que las fallas que había en la megaobra "no podían ser simplemente ignoradas por el alcalde", asegura la imputación. 

Y sobre Luis Alfredo Ramos, gobernador entre 2008 y 2011, la Contraloría lo reprochó por omisión porque debía controlar a Álvaro Vásquez Osorio, el gerente que nombró en el Idea (propietaria mayoritaria del proyecto), y cuyas malas actuaciones llevaron a que en el 2008 no se suscribieran a tiempo los contratos para construir las vías de acceso a las obras, se hicieran sin licencias, o se improvisara en los cambios de la altura de la presa.

A diferencia de Gaviria y Fajardo, a Ramos la Contraloría no lo imputó por acción, pues aseguró que está probado que él no se desempeñó ni como miembro principal ni como suplente en la junta directiva de Hidroituango. 

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Pero el gerente que Ramos nombró en el IDEA sí tenía asiento en la junta directiva de Hidroituango como miembro principal, por lo cual para la Contraloría era un deber del entonces gobernador de Antioquia "realizar el control y seguimiento" de las actuaciones de ese funcionario. 

"La lógica y la experiencia indican que en su condición de gobernador tenía el deber de informarse con detalle sobre el desarrollo del proyecto, bien a través del gerente general del Idea designado por él, por su secretaria de planeación o secretario privado y no como lo señala en su versión libre, por fuentes informales", afirma el organismo de control. 

REDACCIÓN JUSTICIA
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