Por las irregularidades que se han presentado en el proyecto hidroeléctrico Ituango (Hidroituango), la Procuraduría General de la Nación avanza en dos investigaciones contra más de 25 personas.
En primer lugar, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa investiga presuntas irregularidades presentadas en el desarrollo del proyecto, su control y vigilancia que podrían haber incidido en la emergencia de abril de 2018 y en la gestión, manejo y control de la contingencia.
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Dentro de esta investigación están vinculados 25 funcionarios y exfuncionarios públicos, además de varios exalcaldes de Medellín y exgobernadores de Antioquia, por sus posiciones de la época.
Por ejemplo, por el lado político, están los exgobernadores de Antioquia Sergio Fajardo y Luis Pérez, así como los exalcaldes de Medellín y miembros principales de la junta directiva Hidroituango Aníbal Gaviria (actual gobernador del departamento) y Federico Gutiérrez.
Igualmente están vinculados exgerentes generales del Instituto de Desarrollo de Antioquia (Idea) y los gerentes generales de EPM Juan Esteban Calle, Federico Restrepo Posada y Jorge Alberto Londoño de la Cuesta.También son investigados varios funcionarios de Hidroituango y de la Gobernación de Antioquia.
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En agosto del 2020, la Procuraduría prórrogo la investigación y se decretan pruebas de oficio relacionadas con la demanda EPM contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores de Hidroituango por una suma aproximada de 9 Billones de pesos.
El órgano de control requirió entonces información de EPM y la Alcaldía, pero también le pidió a la Contraloría y la Fiscalía un informe detallad del estado actual, análisis y estudios adelantados por ambos por las presuntas irregularidades y sus consecuencias en detrimento del patrimonio público.
Un mes después, el Ministerio Público solicitó un informe elaborado por la reaseguradora que mencionaba supuesta información oculta, así como copias de las actas del Comité de auditoría de Hidroituango del primero de enero de 2014 a la fecha.
En ese sentido, se requirió una información de EPM y Mapfre seguros.
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En ese momento, en septiembre de 2020, entre otros documentos la Procuraduría pidió copias de las actas de la junta directiva de EPM desde enero de 2019 en las cuales conste las decisiones adoptadas y de la totalidad de los soportes, informes, estudios, análisis, conceptos y demás documentos que se hayan presentado a consideración de la Junta en relación directa o indirecta con Hidroituango
También se le pidió a Mapfre un informe detallado sobre el estado actual de las pólizas de seguros que soportan los riesgos del proyecto hidroeléctrico, reconocimientos y/o negaciones de reclamaciones y pagos realizados por conceptos de estas, así como un informe soportado documentalmente de los análisis, estudios y conceptos emitidos por todos y cada uno de aseguradores y de los reaseguradores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.
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Con toda esa información la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa avanza en la valoración de los hechos y la investigación.
De otro lado, en el Ministerio Público hay abierto un segundo proceso relacionado con Hidroituango, que surgió a partir de una queja formulada por Marco Antonio Velilla Moreno en su calidad de miembro de la Junta directiva de Hidroituango.
Por esto, el 17 de julio de 2019 se abrió una investigación disciplinaria por la presunta falsedad formal y material en certificación de acta N° 201 de la Junta Directiva de la Empresa hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P.
En este caso, los investigados son Rodrigo de Jesús Ardila Vargas, secretario general, y José Gustavo Jiménez Arango, director general de la Empresa hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P.
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