Una lista de 26 nombres en la que se destacan, además de tres exmagistrados y un magistrado activo de la Corte Suprema, el del exsecretario de Palacio Alberto Velásquez y el de la esposa y tres alfiles del cuestionado exmagistrado Leonidas Bustos, es la que el exfiscal Gustavo Moreno le ofreció a la justicia para no ser procesado por torcer al menos 22 procesos en el alto tribunal.
El principio de oportunidad que la Fiscalía negoció con su exjefe Anticorrupción implica que quedaría blindado ante cualquier responsabilidad penal por sus actuaciones como abogado de investigados en la Corte Suprema. Sin embargo, no tendrá ningún beneficio por delitos cometidos durante su paso por la Fiscalía ni frente al pedido de extradición que hizo Estados Unidos.
El documento, publicado este sábado por ELTIEMPO.COM, dice que en su condición de abogado litigante “Moreno habría participado como intermediario entre varios exmagistrados de la Corte y funcionarios y exfuncionarios públicos para favorecer los intereses de estos últimos en actuaciones judiciales que se seguían en su contra, todo ello a cambio de gruesas sumas de dinero”.
La lista de Moreno la encabezan los expresidentes de la Corte Francisco Ricaurte (preso) y Leonidas Bustos, así como el actual miembro de la Sala Penal Gustavo Malo. También aparece el expresidente Camilo Tarquino (en su condición de abogado por el caso del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons) y Camilo Ruiz. Este último era magistrado auxiliar de Gustavo Malo y ha sido señalado de manera reiterada por Moreno como parte de la red y receptor de millonarias sumas.
El exfiscal “se comprometió a servir como testigo de cargo o suministrar información eficaz, según sea el caso, en contra” de los congresistas y excongresistas: Álvaro Ashton, quien habría pagado 600 millones de pesos, de los cuales 200 millones habrían ido directamente a Bustos, y que lleva casi una década a salvo en la Corte de señalamientos por ‘parapolítica’ y por el saqueo a la Dirección de Estupefacientes. También, contra los senadores y exsenadores Musa Besaile (preso), Julio Manzur, Luis Alfredo Ramos, el expresidente del Congreso Mauricio Lizcano, Zulema Jattin y Martín Morales.
Los representantes a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, Argenis Velásquez Ramírez y el exrepresentante Julio Eugenio Gallardo también fueron señalados por el exfiscal Moreno. Los dos primeros tienen procesos dormidos en la Corte: Córdoba, por supuesto lavado de dineros de la mafia cuando era alcalde de Medio Baudó (Chocó) y Argenis, por el saqueo a la salud en su departamento, Putumayo.
El ‘ventilador’ de Moreno también salpicó al exalcalde de Villavicencio Franklin Chaparro (quien ha dicho que se negó a pagarle a la red de corrupción en la Corte), el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía; el del Cesar Lucas Gnecco (condenado por corrupción); Sandra Paola Hurtado, exgobernadora del Quindío, y Alejandro Lyons, de Córdoba.
Entre los abogados y exfuncionarios aparecen Martha Cristina Pineda, exprocuradora y esposa de Leonidas Bustos y quien aspiraba a un alto cargo en la Judicatura; Luis Raúl Acero, exfiscal y hombre del círculo íntimo de Bustos; Luis Ignacio Lyons (abogado de Musa Besaile), el exfiscal delegado Alfredo Bettin Sierra y el polémico abogado Héctor Gerardo Torres, conocido como ‘Yayo’. La esposa de ‘Yayo’ fue magistrada auxiliar de Bustos y él mismo fue padrino de Moreno para que intentara ser personero y luego contralor de Bogotá, apoyado por Cambio Radical.
Facsímil del principio de oportunidad de Gustavo Moreno.
El listado lo cierra el exsecretario de Palacio Alberto Velásquez, uno de los hombres de confianza del expresidente Álvaro Uribe y condenado por el escándalo de la ‘Yidispolítica’. Moreno asegura que Velásquez acordó con Francisco Ricaurte un pago de 300 millones para estar informado de lo que ocurría en su proceso, que en todo caso terminó en condena. Fuentes cercanas a Velásquez le dijeron a EL TIEMPO que Moreno fue contratado como asesor legal por 150 millones, que se pagaron con un cheque, y que esos honorarios están respaldados por un contrato. Negaron también cualquier contacto con Ricaurte para conocer qué pasaba en la Sala Penal.
Según la Fiscalía, “los magistrados involucrados le indicaban (a Gustavo Moreno) quién lo iba a contactar y los honorarios que debía cobrar”, así como “los acercamientos que debía hacer con los procesados con el objeto de darles a conocer circunstancias propias de la investigación”.
También le ordenaban “que recibiera dinero que después sería entregado a los magistrados o exmagistrados que impartían las órdenes”.
Moreno dijo bajo juramento y lo refrendará en los juicios respectivos que "recibió dinero de magistrados y exmagistrados como contraprestación de sus servicios", que "los magistrados dilataban o archivaban las actuaciones en contra de los senadores y representantes" y que "los magistrados o exmagistrados, fuera de las discusiones de la respectiva sala de decisión, ejercían injerencia directa en la toma de las decisiones o las influenciaban en virtud del ejercicio a su cargo".
El principio de oportunidad estará a prueba durante un año, y en la práctica le vale a Moreno para librarse de una condena que podría superar los 20 años por corrupción judicial. La Fiscalía justifica el beneficio con el argumento de que su información han sido clave para impedir que la acción de la justicia se siga viendo afectada por los poderosos nombres implicados en la red de corrupción.
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