Gustavo Moreno Rivera, el hombre que desde la Fiscalía debía coordinar la lucha contra la corrupción, fue capturado el martes por orden del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, bajo cargos de exigir sobornos para frenar una de las investigaciones de su unidad.
Desde noviembre del año pasado, cuando llevaba menos de dos meses como jefe de la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía, Moreno Rivera habría empezado a pedir el pago de coimas para favorecer al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, enredado en varias investigaciones por irregularidades en millonarios contratos.
Así aparece consignado en la acusación de la fiscalía del Distrito Sur de la Florida contra Moreno y contra el abogado Leonardo Luis Pinilla Gómez, quien había trabajado con el destituido jefe de Anticorrupción.
Ambos fueron acusados ante una corte de los Estados Unidos el viernes pasado por el cargo de conspiración para lavar dinero con el fin de promover un soborno en el extranjero. Por información de la Fiscalía de Colombia, la justicia norteamericana documentó reuniones del fiscal Moreno en Miami con el exgobernador y Pinilla.
En esos encuentros se habló del pago de sobornos, y por eso la corte federal emitió una orden de captura con circular roja de Interpol que fue notificada el mismo viernes a la Fiscalía de Colombia.
El martes, Moreno fue capturado en su oficina frente al búnker de la Fiscalía, que además fue allanada para buscar documentos de prueba, y notificado de una solicitud de extradición en su contra. Lo propio ocurrió con el abogado Pinilla.
La investigación estuvo a cargo de un grupo élite de peritos y agentes del CTI que depende directamente del Fiscal General, que a finales del año pasado empezó a recibir información que cuestionaba las actuaciones de Moreno.
“La corrupción es una amenaza para todas nuestras instituciones. No podemos desfallecer, vamos sin consideración ni contemplaciones en contra de los corruptos”, dijo a EL TIEMPO Martínez Neira al pronunciarse sobre el escándalo, que fue puesto en conocimiento del país por la propia Fiscalía.
Con interceptaciones ordenadas por un juez y seguimientos, los investigadores lograron establecer que Moreno Rivera y su intermediario, el abogado Pinilla Gómez, le exigieron a Lyons un millón de dólares para frenar las investigaciones que hay en su contra. El exmandatario ha sido cuestionado por el manejo de más de 60.000 millones de pesos en regalías.
Los investigadores empezaron a controlar las llamadas telefónicas de Moreno y sus desplazamientos. Incluso, en el expediente aparece un episodio en el que funcionarios de la Fiscalía bajo el mando de Moreno Rivera sacaron de su casa al exgobernador y lo pusieron a dar vueltas en el carro asignado a su jefe. Terminaron, según esa versión, llevando a Lyons a un sitio en el que lo esperaba Moreno para seguir con la negociación.
La corrupción es una amenaza para todas nuestras instituciones. No podemos desfallecer, vamos sin consideración ni contemplaciones en contra de los corruptos
Según la investigación, inicialmente, por 100 millones de pesos habrían ofrecido entregar información reservada sobre las declaraciones de testigos que enredaban al exmandatario. Después, la oferta fue frenar el proceso indefinidamente. De hecho, aunque la Fiscalía estaba lista para la captura, las audiencias del caso llevan un mes y medio embolatadas, y Lyons aprovechó para salir del país.
En las interceptaciones telefónicas se escucha al abogado Pinilla Gómez diciéndole al fiscal Moreno Rivera que para cerrar el negocio tenía que ir personalmente a Estados Unidos, a reunirse con el exgobernador.
Con esa información, la Fiscalía de Colombia alertó a las autoridades de los Estados Unidos. Moreno aprovechó una comisión de trabajo a la Florida para concretar la reunión, que fue documentada paso a paso por autoridades federales.
En Miami, Lyons le entregó al ahora exjefe Anticorrupción 10.000 dólares como
anticipo del soborno. Ese momento quedó grabado en un video que hoy es prueba en la Corte del Distrito Sur de la Florida, que ahora pide a Moreno y a Pinilla en extradición por lavado de activos.
En la conversación, el fiscal asegura que podía “llenar de trabajo a los investigadores para que no se pudieran concentrar en el caso” contra Lyons. La negociación bajó de un millón de dólares a 400 millones de pesos, con un monto adicional de 30.000 dólares que debía ser pagado antes de que Moreno saliera de Estados Unidos.
Las fuentes consultadas por este diario señalaron que el pago de los 10.000 dólares se hizo en billetes de 100 que fueron encontrados en poder del ahora exfiscal y de miembros de su entorno. Moreno también es indagado por presuntas negociaciones que habría adelantado para beneficiar en procesos judiciales al delfín de una familia política de la Costa.
El fiscal adjunto de los Estados Unidos Keneth Blanco estará esta semana en Colombia para seguir afianzando los procesos de colaboración entre los dos países.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que Lyons será testigo en el caso, pero advirtieron que tendrá que seguir enfrentando a la justicia colombiana. El ente investigador tiene listo el documento de imputación en el que describe la presunta participación de Lyons en 20 delitos relacionados con un desfalco superior a los 60.000 millones de pesos a las regalías de Córdoba que se perdieron principalmente a través de proyectos de ciencia y tecnología. La diligencia, sin embargo, ha sido aplazada en tres oportunidades porque Lyons no ha regresado al país desde el 23 de abril, cuando salió rumbo a Washington.
La Fiscalía asegura que detrás de la asignación de contratos de ciencia y tecnología había una mafia de cobro de comisiones de entre el 25 y 35 por ciento del valor total de los contratos.
Abogado del exgobernador Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema. Catedrático de las facultades de derecho más destacadas del país. Autor de varios libros. Aspirante a la Contraloría de Bogotá en el 2016. Jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía.
Todas esas anotaciones forman parte de la hasta el martes brillante hoja de vida del abogado Gustavo Moreno, capturado por orden de una corte federal en EE. UU.
Pese a su juventud –36 años–, el ahora exfiscal había logrado destacar como una prominente figura del mundo judicial, de la mano del reconocido abogado Dagoberto Charry, a quien él se ha referido en eventos públicos como “su maestro”.
Su llegada a la Fiscalía se atribuyó, en su momento, a su cercanía con la administración de Eduardo Montealegre, con la que tuvo una asesoría por 139 millones “para acompañar recursos de casación y acciones de revisión ante la Corte Suprema”. Es ese tribunal se movía con propiedad, por su amistad con magistrados como Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaute.
En el 2014 lanzó un libro sobre los falsos testigos que fue presentado en Cartagena ante decenas de magistrados de las altas cortes, de personajes procesados y luego absueltos por la justicia como el exdiputado Sigifredo López y el almirante Gabriel Arango Bacci, y de periodistas de Bogotá que fueron llevados con gastos pagos por su oficina de prensa. Su interlocutor en el evento fue el reconocido expresidente de la Corte Constitucional Humberto Sierra.
Tras asesorar a Ramos (en cuya defensa también colaboraba el abogado Leonardo Pinilla, el otro capturado por el caso), Moreno decidió tomarse unos meses de retiro. Por esa época, empezó a sonar su nombre para la Contraloría de Bogotá, apoyado por concejales del liberalismo, Cambio Radical y el Centro Democrático.
Finalmente, esa aspiración no prosperó y Gustavo Moreno Rivera terminó al frente de la Unidad Anticorrupción, investigando conductas como las que ahora podrían darle 20 años de prisión.
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