Al menos 150 solicitudes para acceder a Ley de Amnistía 1820 del 2016 han llegado al Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá. Aunque un 80 por ciento son de guerrilleros de las Farc, también han llegado casos de desmovilizados del Eln y hasta de ‘exparas’.
En el caso de los exparamilitares, que tras su desmovilización se sometieron a la ley de Justicia y Paz, argumentaron que debían ser beneficiados por el artículo 63 de la Ley 975 del 2005, que indica que si se “expiden leyes que concedan a miembros de grupos armados al margen de la ley beneficios más favorables, las personas podrán acogerse a las condiciones que establezcan en esas leyes posteriores”.
Algunos de los que han pedido cupo en esa ley son Armando Bernate Bonilla, del bloque Tolima; José Alexis Quevedo Gamboa, del bloque Héroes del Llano y Guaviare; y José Crecencio Arias, del bloque Tolima de las Auc.
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Aunque en teoría algunos ya cumplieron más de los 8 años de pena máxima, aún tienen casos en la justicia ordinaria y por eso están pidiendo libertades bajo las nuevas normas.
Uno que sorprendió con su solicitud fue José Eberto López Montero, ‘Caracho’, ‘expara’ que montó su propia banda y que se entregó en el 2011. A pesar de que su delito es concierto para delinquir y que tiene otros procesos en contra, pretendía amnistía y libertad inmediata. Esa solicitud ya fue negada.
Entre los guerrilleros del Eln que han pedido cupo en la JEP están Marlén Olarte y José Félix Jiménez Jiménez. La ley es clara en que esa jurisdicción solo rige para miembros de grupos guerrilleros que firmaron un proceso de paz, caso que no ha ocurrido con el Eln.
Hasta ahora, los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz han negado todos los requerimientos que han estudiado por ‘improcedentes’, lo que ha hecho que otros que intentan ‘colarse’ en este proceso cancelen las audiencias.
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En este mes, en cuatro sentencias proferidas por ese tribunal, se ha negado la libertad de 15 miembros de las Farc que están presos, al considerar que no están en los listados oficiales de la guerrilla y que no pueden postularse a la Jurisdicción Especial para la Paz por estarlo en la Ley 975 del 2005 de Justicia y Paz. En las decisiones, el Tribunal sostiene que la finalidad de las dos jurisdicciones es “la terminación del conflicto que ha azotado al país durante décadas y la búsqueda de una paz estable y duradera” y que no se puede decir que una es más o menos favorable.
Los guerrilleros que piden su libertad completan más de 10 años de prisión. Ese es el caso de Fabio Gil Forero, quien hizo parte del bloque Oriental de las Farc y lleva 15 años detenido. También se han negado los beneficios a Hernardo Buitrago Marta, Heriberto Reina, Wilmar Betancourt, Jorge Mayorga Rodríguez, entre otros. Las decisiones fueron apeladas y pasaron a la Corte Suprema de Justicia.
En el caso de Justicia y Paz, los postulados pueden pedir la libertad luego de cumplir con 8 años de prisión y tras haber cumplido los requisitos de verdad, justicia y reparación.
La situación de los ex-Farc en Justicia y Paz es una ‘papa caliente’, pues muchos juristas creen que sí deben ser acogidos por la nueva ley.
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