Aunque hasta ahora se conocen los nombres de ocho congresistas señalados de hacer parte de ‘los ‘Buldócer’, que habrían recibido coimas de Odebrecht, el testigo estrella de la Fiscalía señala que ese grupo habría estado conformado por al menos diez legisladores.
El ingeniero Federico Gaviria Velásquez, en una extensa declaración entregada a la Fiscalía el 27 de octubre y revelada este domingo por EL TIEMPO, dio cuenta de la supuesta participación de esos congresistas en el desarrollo de irregularidades para el contrato de estabilidad jurídica para la Concesionaria Ruta del Sol y para el otrosí de la ruta Ocaña-Gamarra.
“El señor (Otto) Bula dice que convenció a un grupo de senadores, que tuvo que subirlo del grupo original de estabilidad jurídica, que de cuatro congresistas tuvo que subirlo a 10 u 11 congresistas”, sostuvo Gaviria Velásquez a la Fiscalía.
Hasta ahora aparecen mencionados Armando Benedetti, Musa Besaile, Bernardo Miguel Elías, Antonio Guerra de la Espriella, Álvaro Ashton, Sandra Villadiego, Martín Morales y Alfredo Ape Cuello Baute contra quienes la Fiscalía ya compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia, pero el testigo no ha dado cuenta de los otros dos o tres congresistas que también habrían hecho parte de ‘los Buldócer’.
El testimonio del exsenador Otto Nicolás Bula, que negoció con la Fiscalía y está a la espera de que quede en firme un preacuerdo con el ente acusador será clave para identificar a los demás integrantes del grupo.
En su declaración, Gaviria Velásquez dio cuenta de todos los factores que jugaban en contra de la adición y que fueron superados por cuenta de la gestión de ‘los Buldócer’: “La vía no era de la ANI, era del Fondo de Adaptación y no estaba en la órbita del Ministerio de Transportes (...); Invías había contratado la firma española Ayesa para hacer el diseño geométrico y presupuesto de la vía (...); el departamento del Cesar se oponía a que le quitaran esa vía que era de ellos (...); el señor Luis Fernando Andrade había dicho que nunca en su gestión iba a hacer una adición de un contrato de concesión”.
Y añadió: “Con esa fotografía el señor Bula y su grupo dice que empezó a trabajar y se quejaron de encontrar tantas dificultades en la mesa”.
Señaló el testigo que uno de los primeros escollos fue ponerse de acuerdo sobre el monto de las coimas, pues los congresistas pedían que su comisión fuera sobre 1,6 billones de pesos y no sobre 1,2 como fue aprobado el valor de la obra, lo que representaba una diferencia de 27.000 millones de pesos.
Igualmente sostuvo que los congresistas que hacían parte del grupo de Bula no solo habrían presionado al Gobierno para favorecer a Odebrecht sino que estarían relacionadas con empresas que participaron en el proceso.
“Vino entonces un concepto favorable de la interventora de la concesionaria Ruta del Sol que aparentemente era chilena, pero realmente era operada por los señores Alfredo Betin y Mafioli, que casualmente eran de Montería (...). ¿Quiénes son los interventores Betin y Mafioli y qué relación tienen con el grupo de senadores relacionados aquí?”, les dijo Gaviria a los investigadores quien como parte del proceso de colaboración se comprometió a entregar nueva información del caso.
Gaviria Velásquez señaló también: “Bula con su grupo de senadores buscó cuáles empresas podrían ayudarle” a recibir el pago de las coimas, que como lo reveló este diario se habrían hecho a través de Panamá usando una empresa de telefonía celular y una cuenta de Álvaro Peláez, que hace parte de la familia de los dueños de la empresa Jabones La Jirafa.
Un juez especializado de Bogotá anunciará este lunes si avala el preacuerdo entre Otto Bula y la Fiscalía con el que el exsenador pagará una pena de cinco años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el escándalo y devolverá 6.600 millones de pesos.
La Procuraduría y la Contraloría se opusieron a esa negociación.
En Paloquemao otro juez definirá si envía a prisión al expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade, a quien la Fiscalía le imputó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y ocultamiento y destrucción de material probatorio.
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