Grupo de Energía de Bogotá fichó en Perú a investigada por Odebrecht

Grupo de Energía de Bogotá fichó en Perú a investigada por Odebrecht

La nombró gerente de Contugas, su poderosa filial. Dicen que evalúan su permanencia.

El expediente de chuzadas toca la joya de la corona de Bogotá

Sede del Grupo de Energía de Bogotá.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

Por: Unidad Investigativa
19 de julio 2019 , 02:46 p.m.

La Fiscalía del Perú realizó hace una semana un megaoperativo judicial, que incluyó el allanamiento a 26 inmuebles, dentro del rastreo de otro soborno que Odebrecht giró en ese país por 3 millones de dólares para quedarse con las obras del llamado Gasoducto Sur.

La operación la desarrolló el Equipo Especial Lava Jato, de la Fiscalía de Perú, que incluso llegó hasta una propiedad de la exprimera dama Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, por presuntamente haber participado en el giro de la coima de la multinacional brasileña. Ambos están siendo procesados.

Pero el tema resultó teniendo repercusión en Colombia. EL TIEMPO estableció que otro de los bienes allanados –en la operación que se ejecutó con 33 fiscales, 110 policías y 3 asistentes en función fiscal– fue la casa de una de las directivas de una poderosa filial que el Grupo de Energía de Bogotá (GEB), la joya de la corona del Distrito.

Se trata de la abogada Elda Patricia Díaz Gazzolo, quien figura como Gerente Legal de Asuntos Legales y Regulatorios en Contugas S.AC. Esta firma, según reportes conocidos por este diario, le pertenece en un 68,58 por ciento al GEB, y el restante 31,42 por ciento es de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), empresa de la cual la considerada joya de la corona de la capital posee un dominio del 99,9 por ciento.

Lo que se investiga en Perú sobre la abogada Díaz Gazzolo es si, siendo miembro del Directorio de Petroperú –a donde llegó en 2015 durante el mandato de Humala–, habría tenido conocimiento o participado en los procesos irregulares que ejecutó Odebrecht para pagar los 3 millones de dólares.

EL TIEMPO le preguntó el jueves al GEB sobre su ficha peruana, investigada penalmente por este escándalo, y voceros autorizados admitieron que desde el 9 de julio sus directivas fueron informadas del proceso.

“En ese momento se activaron los procedimientos de gobierno corporativo de la compañía y se convocó a una sesión extraordinaria del Comité de Auditoría y Riesgos del Directorio de CONTUGAS, (…) que le solicitaron a Diaz Gazzolo las explicaciones correspondientes así como la presentación de un informe sobre la investigación preliminar en su contra”, aseguró el vocero.

Y agregó que el 12 de julio fue entregado dicho informe y que, con base en el mismo, se determinó el jueves (el mismo día de la consulta de EL TIEMPO) terminar la vinculación con Diaz Gazzollo y en su lugar nombrar como gerente (E) de Contugas a Paulo Bacci.

Además, agregó que la peruana ingresó a la empresa en 2014. En ese momento, era otro el presidente del GEB, en donde se avalan las designaciones clave.

Y una fuente de Contugas agregó que la ejecutiva permanece en el cargo en la gerencia de asuntos legales. Además, que desde hace tres meses se conoció la notificación de la indagación en la que está vinculada, por ahora sin un resultado concluyente pero con el antecedente del allanamiento. 

El millonario laudo

Pero esta no es la primera vez que el GEB ha tenido que dar explicaciones sobre decisiones que tocan a Contugas. En efecto, EL TIEMPO reveló hace tres semanas que la Contraloría de Bogotá le abrió un expediente de responsabilidad fiscal por un millonario laudo que tuvo que pagar, luego de que su filial en Perú –la misma de Diaz Gazzolo– fuera condenada administrativamente en Perú.

El caso culminó en noviembre de 2017, cuando Contugas S.A.C. fue sancionada a pagar 41 millones de dólares al Consorcio GyM-Conciviles, por el incumplimiento de cronograma, retrasos en la obra, no pago oportuno de facturas y negación de la ampliación del plazo en un contrato que se había firmado para realizar obras en varios frentes en Perú.

La Contraloría decidió investigar la forma en que el GEB giró parte de los recursos usados para pagar esa deuda, unos 70.000 millones de pesos, porque posiblemente se habría podido incurrir en un detrimento patrimonial para Bogotá por usar dineros públicos para cancelar un pendiente derivado de un negocio entre privados.

Cuando EL TIEMPO le preguntó al GNB por el caso, sus voceros explicaron que “luego de agotar los recursos y las instancias legales, Contugas no tenía otra opción que pagar el laudo o se exponía a medidas y multas. Ninguna empresa puede desatender un fallo, así el motivo venga de administraciones anteriores, y menos una empresa que maneja recursos públicos porque la mora o la omisión de pagar sí afecta el patrimonio público”.


UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@UInvestigativaET

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