Aunque apenas esta semana estalló el escándalo por irregularidades en el manejo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Gobierno sabía desde hacía varias semanas lo que estaba sucediendo.
Así queda en evidencia en la carta que le llegó tanto al ministro de Justicia, Enrique Gil, como a la recién destituida directora de esa entidad María Cristina Palau, en septiembre pasado.
En la misiva, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y su vicepresidente, Jorge Marín, advertían de anomalías en millonarias licitaciones para la construcción de cárceles en San Gil (Santander) y Fundación (Magdalena), por más de 368.000 millones de pesos.
¿Contrato dirigido?Sustentados en declaraciones de reputados ingenieros y constructores del país, Caicedo y Marín aseguraron que los pliegos de las licitaciones fueron elaborados con el claro propósito de restringir “sustancialmente la participación del mercado”.
En efecto, al leer las condiciones contractuales se verifica que se acortaron los cronogramas de entrega de propuestas y se limitó el acceso a los documentos técnicos, lo que dejaba por fuera a muchos de los interesados en esas mega-obras.
Tampoco se daban precios unitarios de los insumos requeridos, creando así incertidumbre entre los potenciales proponentes. Además, les exigían de entrada tener una liquidez del cien por ciento del contrato, lo que fue calificado de exorbitante e innecesario. De hecho, Caicedo y Marín pidieron de manera urgente que se ajustaran los pliegos, con anomalías técnicas y contractuales.
“Conscientes de la importancia de la Uspec en el desarrollo de la infraestructura carcelaria del país es nuestro deber como gremio hacer un llamado a la entidad para que considere en su totalidad las observaciones aquí realizadas. Los requisitos solicitados en el proyecto de pliegos restringen y desincentivan la participación de oferentes idóneos interesados en participar en el proceso”, le advirtió Jorge Marín a la directora de la Uspec.
Al respecto, el ministro Enrique Gil aseguró que su cartera puso en conocimiento de las autoridades todas las denuncias que habían llegado en torno a la Uspec, una joven entidad con autonomía administrativa y presupuestal.
Cuando la directora de la Uspec recibió la carta de la Cámara de la Infraestructura, la Fiscalía ya tenía en sus manos otra denuncia que indicaba que para la adjudicación del contrato de obras de la cárcel de Cómbita, Boyacá, se habían pagado al menos 600 millones de pesos de una coima de más de 3.000 millones.
Lo que llama la atención de los investigadores es que la Uspec dice haber pagado millonarios estudios antes de las licitaciones de las obras. De hecho, ahora se indaga si dichos estudios fueron hechos en su totalidad y a quién se le pagó para que los elaborara.
El rastro que se sigue es el círculo cercano de Palau –señalada cuota del senador Luis Fernando Velasco–, quien se quemó en sus aspiraciones al Senado en el 2010.
Al respecto, Velasco negó ser el jefe político de Palau y haberla ubicado en ese cargo. También desestimó los anónimos y correos en donde se denuncian presuntas exigencias de soborno y su nombre aparece mencionado.
Por ahora, se indaga si las anomalías detectadas por gremios y denunciantes se deben a un problema administrativo de una entidad recién creada o a conductas del resorte de la justicia penal.
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