Gobierno revela las bases de la reforma de la justicia

Gobierno revela las bases de la reforma de la justicia

Reforma a la justicia se hará con una enmienda constitucional, dice Margarita Cabello, Minjusticia.

Margarita Cabello, ministra de Justicia

Con la reforma se va a elevar a 25 años la experiencia judicial para ser magistrado.

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César Melgarejo / EL TIEMPO

Por: Yamid Amat
29 de junio 2019 , 11:39 p.m.

El Ministerio de Justicia alista cambios estructurales que van desde el aumento, a 50 años, de la edad mínima de los magistrados hasta la elevación a 25 años de experiencia en la justicia; desde la extensión de 8 a 12 años del periodo de los magistrados de altas cortes hasta modificaciones al pénsum de estudio del derecho en la facultades universitarias; desde la eliminación efectiva del Consejo Superior de la Judicatura hasta el robustecimiento del acceso rápido a la justicia a través de consultorios jurídicos en las universidades.

 Las reformas las presentará la nueva ministra del ramo, Margarita Cabello Blanco, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Esa condición la conduce a buscar, como lo hace, un consenso para las reformas. La ministra anuncia que no presentará una gran reforma de la justicia, sino varias, a través de proyectos de reforma constitucionales, proyectos de reformas estatutarias y proyectos de leyes ordinarias. La ministra Cabello Blanco le anticipa a EL TIEMPO las medidas que prepara.

“Estamos trabajando con las instituciones que tienen que ver con la justicia en reformas específicas. Serán varias. Se presentarán a través de proyectos de ley ordinarios, proyectos de ley estatutaria, proyectos de reforma constitucional”.

¿Qué es lo que se reformará?

En primer lugar, estamos estructurando con las altas cortes un proyecto de acto legislativo, que contendría dos puntos esenciales. Lo primero es aumentar la edad mínima de entrar a las cortes a 50 años. Actualmente es solo de 35 años.

¿Las cortes están de acuerdo con esa reforma?

Sí. A las cortes les gusta; en cuanto al requisito de años de experiencia, todos pensamos que mínimo 25 años es fundamental para una alta magistratura.

¿Pero entonces también se elevarían los años de experiencia?

Sí, señor. 25 años de experiencia en la rama Judicial, en la academia o en el ejercicio de la profesión. Hoy es tan solo de 15 años. Además se propone que exista un equilibrio en la conformación de las cortes, privilegiando en un 50 % aquellas personas con experiencia en la rama Judicial, tal como siempre lo ha manifestado el Presidente de la república, quien valora inmensamente el rol del juez en la sociedad y la necesidad de incentivar cada vez más la carrera judicial, y que los mejores abogados quieran pertenecer a ella. El 50 % restante debe conformarse por personas que provengan del ejercicio de la profesión y de la academia, experiencias que también resultan valiosas para la administración de justicia. Ya hay una especie de consenso con las cortes.

¿Esas serán las únicas reformas para la magistratura?

No. También estamos pensando en extender de 8 años a 12 años el periodo de los magistrados. Solo para los nuevos magistrados. Esto con el objeto de lograr mayor estabilidad en la jurisprudencia. Es que hay una preocupación por la seguridad jurídica; cuando cambian los magistrados tan rápidamente, con ello se da posibilidad de cambios de jurisprudencia, con la inestabilidad que pueda eso generar. 12 años dan más de tranquilidad y seguridad jurídica.

¿Y se mantiene el sistema de elección de los magistrados?

En el estudio que estamos realizando hay dos propuestas. Una, mantener igual el sistema: el Consejo Superior de la Judicatura entrega la lista de 10 candidatos al Consejo de Estado y a la Corte Suprema para su posterior elección dentro de las corporaciones. Y otra propuesta proveniente de las cortes que consiste en que se reemplace la lista conformada por el Consejo Superior por una convocatoria pública que las propias cortes realicen según las reglas de transparencia y equidad de género previstas en el artículo 126 de la Constitución.

Pero el Consejo Superior de la Judicatura fue eliminado por una reforma y reemplazado por una comisión administrativa. Sin embargo, sigue funcionando…

Sí. Las funciones disciplinarias para jueces y abogados están hoy previstas para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que, sin embargo, está en un limbo: no ha entrado a funcionar por un vacío legal en la forma de elección de sus miembros.

¿Usted la va a reglamentar?

La solución pasa por presentar un proyecto de ley que regule el procedimiento de convocatoria pública para la elección de los miembros de la comisión.

¿Y qué va a pasar con las funciones electorales de las altas cortes?

Hoy, las tres altas cortes intervienen en la elección del procurador general de la nación, del auditor general de la república y del registrador nacional del servicio civil. Además, la Corte Suprema de Justicia elige al fiscal general de la nación de una terna enviada por el presidente de la república. Las cortes quieren renunciar a algunas de esas funciones. ¿Qué es lo que les preocupa? Les preocupa a quién se le entregarán esas funciones para no sacrificar la armonía que para esas elecciones trajo la Constitución del 91 en el sentido de equilibrar las ramas del poder público y materializar el sistema de pesos y contrapesos que toda democracia supone. Pero por muchas razones se han generado problemas en esos nombramientos. Yo pienso que el sistema no ha sido malo, ha sido bueno, pero hoy le ha hecho daño al prestigio de las cortes.

¿Usted es partidaria de que se mantenga el actual sistema?

La ciudadanía, que es a la que nosotros nos debemos, reclama cambios. ¿Por qué lo reclama? Yo tengo que decir que son valederas sus reclamaciones, tengo que respetar la voz de la ciudadanía, de los medios de comunicación. Las cortes han sido muy criticadas en muchos momentos por esas elecciones.

¿No cree que esas facultades electorales politizan las cortes?

Ese es el punto: indudablemente podríamos decir que el peligro es la politización, que es peligrosa para las cortes, como es peligrosa una judicialización de la política.

¿Qué quiere decir eso?

Cuando las decisiones judiciales llevan envueltas concepciones políticas, se desnaturaliza la razón de ser del juez y se pierde la concepción de justicia. Y, cuando con la política se quiere incidir en la función del juez y sus pronunciamientos, se le resta la independencia y se afecta la democracia.

Uno de los líderes del país como es el expresidente Uribe habla de manera permanente de reformas de las cortes.

Sí, y está en todo el derecho de hablar desde su visión política.

¿Pero eso no es lo que usted critica?

Lo que yo critico es que la política afecte el funcionamiento de la rama Judicial.

¿Cuando usted era miembro de la Corte Suprema sentía ese efecto?

Claro, a veces, en muchas decisiones trascendentales o en algunos aspectos de ellas, se escuchaban versiones de cómo debía ser una decisión o se presumía que un magistrado iba a decidir por amistad o por intereses particulares. Hay que respetar la dignidad del juez, de la rama Judicial.

Dentro de las reformas, ¿cómo piensa acelerar la aplicación de justicia?

Ese es el objetivo más importante, y que no se agota con una reforma constitucional de la justicia. Lo que se quiere es que el acceso sea rápido, que haya más conflictos por solucionar amistosamente o sin necesidad de juez y que sea más cercana la manera como el ciudadano esté encontrando solución a su conflicto sin necesidad de ir a los juzgados o de pagar un abogado. El proyecto de acto legislativo tiene con ese objeto dos puntos importantes: medidas de seguridad jurídica en las decisiones judiciales y medidas de descongestión judicial. En cuanto a leyes ordinarias, estamos trabajando, entre otras, en una reforma del Código de Procedimiento Administrativo, en conjunto con el Consejo de Estado, para agilizar los procesos de litigios contra el Estado. Un proyecto de ley que ajusta el Estatuto de Arbitraje y la presentación de un Estatuto de Conciliación; un proyecto que actualiza y potencializa el rol de los consultorios jurídicos de las universidades como esenciales para el acceso a la justicia y la asesoría legal gratuita.

¿Únicamente ese proyecto de reforma estatutaria?

No. Otra es el tema de carrera judicial, que implica concursos, ascensos, calificaciones, verificación de los jueces. Es un tema grueso y esencial para la mejora de la administración e impartición de justicia. Hay un tercer tema, que es el relacionado con las prestaciones y beneficios sociales de los funcionarios y trabajadores de la rama Judicial. Y, finalmente, otro tema, la sala disciplinaria, los cambios, cómo lo vamos a manejar. Serán cuatro proyectos de ley estatutaria.

¿Y por qué 4 proyectos de reforma estatutaria?

Si lo planteamos tan grueso, en un solo proyecto, cualquier error nos tumba todo. Ahora bien, en materia estatutaria también trabajamos en conjunto con las cortes en la posible inclusión de la especialidad agraria no solo en cumplimiento del acuerdo de paz sino también por la importancia de la resolución de los conflictos alrededor de la tierra. Es una deuda histórica en nuestro país para los campesinos.

Indudablemente podríamos decir que el peligro es la politización, que es peligrosa para las cortes, como es peligrosa una judicialización de la política

¿Y qué llama usted gobierno judicial?

Uno: la formulación de planes estratégicos para la adecuada administración de justicia y su ejecución; por ejemplo, toda la estrategia de digitalización de la rama Judicial o la definición de cargas de procesos a despachos judiciales, medidas de transparencia y rendición de cuentas. Dos: carrera judicial, todo lo que tiene que ver con concursos, ingresos, ascensos, el fortalecimiento de la Escuela Judicial. Tres: beneficios sociales para la rama, movilidad de jueces. Cuarto: la disciplina de los jueces y abogados.

¿Y en proyectos de ley ordinarios?

Además de reformas procesales para agilizar los trámites, estamos trabajando en materia reglamentaria en una resolución que establezca los requisitos de alta calidad para los programas de derecho de las universidades.

¿En qué sentido?

Hay que formar mejores abogados. Hay que mejorar la calidad y el número de los abogados; somos de los países que tienen más abogados por habitante. Además, debe promoverse de nuevo la importancia de la función social de la abogacía. Las universidades son conscientes de eso, y estamos trabajando de la mano con ellas.

¿Cuál es su posición sobre justicia especial para la paz, JEP?

Está cumpliendo bien su papel. El proceso de paz, como lo ha dicho el Gobierno, hay que apoyarlo, hay que seguirlo. Ahora bien: no hay una norma, y lo digo por experiencia, que sea perfecta; todas las leyes tienen espacios oscuros y espacios grises. Con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, manejamos muy buenas relaciones, y estoy segura de que conversaremos sobre qué normas deben ser modificadas para perfeccionarlas y seguir adelante.

¿Usted no es partidaria por ninguna razón de acabar la JEP?

El Gobierno no es partidario de acabar la JEP, y estoy hablando como ministra. He hablado de ajustes porque lo que se propone es paz con justicia.

¿Y usted cree que la JEP es indispensable para el posconflicto?

El proceso transicional de la JEP es necesario y lo están haciendo bien; por eso aclaro, los ajustes que haya que hacerse se conversan con ellos a través de la colaboración armónica, y haré todo lo que sea necesario para que, por el bien del país, esa colaboración funcione y lo inconveniente pueda mejorarse.

La Corte Constitucional reafirmó en una sentencia el derecho a desarrollo de la libre personalidad, lo que originó una gran polémica nacional, ¿cuál es su posición?

La protección de la familia, los niños y adolescentes es prioridad del Gobierno. La sentencia aún no ha salido, solo conocemos el comunicado emitido por la Corte Constitucional. Lo que se declaró inconstitucional, creemos, de acuerdo con el comunicado, fue la prohibición amplia y general del consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol en espacios públicos bajo el criterio de que existen otros medios para alcanzar ese fin, contenidos en las dos normas acusadas: artículos 33 y 140-7 del Código de Policía.

No obstante ello, vemos que hay muchas otras normas en el propio Código de Policía y aun en la Constitución que sirven para prohibir la distribución y consumo de drogas como serían los artículos 44 de la Carta, 38, 39, 59, 92, 93, 159 y 162 del Código de Policía, entre otros, que podrían servir de soporte a las autoridades para ejercer dicho control y aplicar la reglamentación existente.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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