Gobierno entuteló a juez de caso clave para el regreso del glifosato

"La conducta desplegada por el despacho de la doctora de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto ha impedido continuar la actuación administrativa que debe adelantar la Policía para continuar la lucha contra las drogas, a través de la erradicación o fumigación de cultivos ilícitos"

Esta afirmación hace parte de una tutela de 38 páginas que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) interpuso en la Corte Suprema contra una magistrada de Pasto, a la que señalan de tener una conducta omisiva y estar retrasando el regreso de las fumigaciones con glifosato.

En el recurso, la Agencia dice que con su actuación, la magistrada violó su derecho al debido proceso y la administración de justicia.

La tutela se interpuso contra la magistrada porque a comienzos de enero la togada, en una medida cautelar por otra tutela de comunidades de Nariño, suspendió una resolución del Ministerio del Interior que dice que para aprobar las aspersiones no se requieren consultas previas. 

La suspensión de esa resolución ha frenado que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de su concepto sobre si aprueba el plan de manejo ambiental de las fumigaciones con el herbicida, el cual es necesario para la reactivación del programa de erradicación de cultivos ilícitos a través de la aspersión aérea con glifosato (Pecig).

Por otra parte, la magistrada consideró que otro juez de Nariño ya había fallado una tutela similar por lo cual envió a ese despacho el nuevo caso, pero el juez dijo que no podía asumirlo, por lo que ella consideró que había un conflicto de competencias que ahora debe resolver la Corte Constitucional.

Esto significa que el proceso está suspendido mientras se define cuál es el juez competente para decidirlo de fondo.

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Para la Adnje, persistir en el trámite de conflicto de competencias, que consideran inexistente, haría que la tutela de las comunidades de Nariño tenga una larga duración y señalan que el Gobierno ha seguido todos los parámetros para asperjar con glifosato pero que las actuaciones de la magistrada ponen en riesgo la seguridad nacional, causarán violencia y muertes y desestabilizan el Estado Social de Derecho.

"Para mantener la seguridad nacional es necesario desarrollar el Pecig y para implementar el Pecig es menester adelantar un procedimiento administrativo; luego entonces, si no se adelanta el procedimiento administrativo -el cual está dilatando la magistrada- no se puede mantener la seguridad nacional, lo cual genera un problema estructural en nuestro país que causará violencia, muertes y aumento del narcotráfico, perjuicios estos que no se pueden remediar", dice la tutela.

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Así mismo señalan que la medida provisional decretada por la magistrada era injustificada porque la vigencia de la Resolución 0001 del 10 de marzo de 2020 "no tiene la virtualidad de causar un perjuicio irremediable, puesto que para la eventual reanudación del Pecig hace falta no solo que la Anla decida de fondo sobre la modificación del Plan de Manejo Ambiental sino que también que se adopte una decisión por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes".

Al respecto dicen que a ese Consejo no han llegado los conceptos previos en mitigación de riesgos en salud y medioambiente que hacen parte de las condiciones que impuso, en 2017, la Corte Constitucional para volver a fumigar con el herbicida.

"Quiere decir ello que hace falta recorrer todavía un largo camino, materias por estudiar, requisitos por cumplir y decisiones por adoptar, como para pensar en la puesta en marcha del Pecig, el cual sería el único escenario en el que sería posible inferir que podría existir una amenaza del derecho a la consulta previa de las comunidades étnicas", se lee en la tutela.

Con esa argumentación, la Agencia pidió a la Corte Suprema ordenarle a la togada reasumir el conocimiento de la tutela, fallarla en 48 horas y levantar la medida cautelar que suspendió la resolución de Minterior que tiene frenada la decisión en la Anla.

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Frente a la tutela de la Agencia de Defensa Jurídica contra la magistrada de Pasto el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (Redhpana) dijeron que hay un hostigamiento a la justicia por parte del Ejecutivo. Estas organizaciones fueron quienes pusieron la tutela para proteger los derechos de comunidades étnicas en la cual se dictó la medida cautelar de la magistrada. 

Manifestaron que la suspensión decretada por la magistrada "es el principal obstáculo que actualmente tiene el Gobierno Nacional dentro de su carrera desmedida por esparcir glifosato en más de 9 millones de hectáreas" y que por ello "voceros del Ejecutivo atacan la labor de la magistrada al interior del proceso judicial, desde los
medios de comunicación y ahora con una nueva estrategia de intimidación que pretende conseguir el levantamiento de la medida provisional en un proceso de tutela paralelo que desconoce los principios de separación de poderes e independencia judicial, pilares del Estado Social y Democrático de Derecho".

Señalan que la tutela de la Andje incluye falacias como que la decisión de la magistrada "es la responsable del avance del narcotráfico en el país y de todos los hechos de violencia que se presentan en las cinco regiones que se afectarían con las aspersiones".

Y culminan diciendo que la medida provisional decretada por la togada no es un perjuicio irremediable frente a los intereses de la Nación y que "el único que ha actuado de mala fe ha sido el Gobierno Nacional al perseguir de forma incesante el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato y al incumplir los Acuerdos de Sustitución Voluntaria que las comunidades étnicas".

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