Gobernador de Nariño será llamado a declarar en caso de chuzadas

Gobernador de Nariño será llamado a declarar en caso de chuzadas

Fiscalía citó a interrogatorio al general (r) Humberto Guatibonza, que aparece como supuesto cliente

Audiencia chuzadas Cali

El coronel (r) Jorge Humberto Salinas Muñoz (espalda de camisa azul) y a su lado el coronel (r) Carlos Andrés Pérez, durante la audiencia de imputación de cargos ante un juez de Cali.

Foto:

Juan Bautista Díaz.

06 de agosto 2018 , 09:37 p.m.

El general en retiro Humberto Guatibonza no será el único que tendrá que dar explicaciones en la Fiscalía sobre sus señalados nexos con la red de militares en retiro, desmantelada el fin de semana por la Fiscalía en Ipiales, Nariño, y que está acusada de espiar comunicaciones privadas.

Ayer, el oficial fue citado a interrogatorio para que en compañía de su abogado explique sus negocios con los capturados y las supuestas peticiones de servicios ilegales que, según pruebas en el expediente, realizó en varias oportunidades, lo cual lo enreda como señalado determinador de muchas de esas chuzadas.

Ayer, el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira indicó que, tal como lo publicó este diario, se trabaja en una segunda fase para judicializar a todos los clientes de la red.

Hay ciudadanos, hay empresarios, hay políticos, hay agentes del Estado interesados en tener información privada de las personas. Eso crea un mercado ilegal y a esos determinadores, a esos clientes de esos centros ilegales los vamos a judicializar con la misma determinación”, señaló. Dijo además que esta red no es la única que funciona en el país y vende sus servicios al mejor postor.

EL TIEMPO estableció que ante las conversaciones interceptadas a los miembros de la red, en las que se hace referencia a Camilo Romero, se compulsarán copias a la Fiscalía delegada ante la Corte para que se investigue al gobernador de Nariño. Como lo reveló EL TIEMPO, la investigación arrancó ante el descubrimiento de que el fiscal que lleva el caso del gobernador por supuestas irregularidades en contratación estaba siendo interceptado ilegalmente.

“Le pregunta ‘si tiene algo de los de acá’, se refiere a los Romero, alcalde y gobernador; Map (María Alicia Pinzón, la ‘hacker’ capturada por el caso) contesta que sí y él le pide que le envíe, porque Camilo está en eso”, señaló el fiscal del caso refiriéndose a una conversación de noviembre del 2017. En otra, de enero del año pasado, también hablaron del tema: “Le dice que apresure con la información, ya que en la plaza del 20 de Julio hay protesta por lo de Camilo”.

El padre del gobernador, el actual alcalde de Ipiales, Ricardo Romero, ha sido mencionado en el escándalo porque su alcaldía contrató como asesor al coronel Carlos Andrés Pérez Cardona, capturado y señalado de formar parte de la red.

Eso crea un mercado ilegal y a esos determinadores, a esos clientes de esos centros ilegales los vamos a judicializar con la misma determinación

Seguirán presos

En varias de las conversaciones hay evidencia de seguimientos a los movimientos de oficiales de la Fuerza Pública. El objetivo de esa información es una de las puntas que están halando los fiscales e investigadores asignados al caso.

Ayer, un juez de Cali consideró que hay suficientes elementos para considerar que los oficiales en retiro Pérez Cardona, Jorge Humberto Salinas Muñoz y Luis Mesías Quiroga Cubillos, así como la ‘hacker’ María Alicia Pinzón Montenegro, pudieron cometer los seis delitos imputados por la Fiscalía. Dijo que las evidencias presentadas por la Fiscalía demuestran que la libertad de los capturados podría afectar el proceso y que ellos podrían destruir información e incluso intentar afectar a testigos.

Estas personas son bastante preparadas en inteligencia militar, toda su experiencia se acopla con sus conocimientos técnicos que podrían derruir el trabajo investigativo y de judicialización que se pretende”, sostuvo el juez.

Por eso ordenó recluir en centro carcelario a los exmilitares y concedió el beneficio de casa por cárcel a Pinzón Montenegro, quien ofreció colaboración a la Fiscalía y pidió al ente acusador medidas de protección ante la gravedad de la información que iba a dar. La mujer se comprometió a entregar el listado completo de sus clientes y revelar los detalles del software que creó para realizar las interceptaciones ilegales.

JUSTICIA
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