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Investigación

Anla levanta suspensión de trámite clave para regreso del glifosato

Así se desarrollaba la aspersión aérea de glifosato.

Así se desarrollaba la aspersión aérea de glifosato.

Foto:EL TIEMPO

El trámite estaba suspendido por una tutela, pero tras decreto del gobierno, se levantó el freno.

redacción justicia
Luego de que este lunes el gobierno firmó el decreto con la regulación para el funcionamiento de la aspersión aérea con glifosato contra los cultivos ilícitos, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) levantó la suspensión que desde enero tenía en un trámite clave necesario para regreso del herbicida.
Se trata del trámite de la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (Pecig), que este martes acaba de aprobar la Anla. Esa modificación cumple con uno de los requisitos que en 2017 impuso la Corte Constitucional para volver a fumigar, que es tener un concepto previo que evalúe los riesgos ambientales.
La presentación de la modificación propuesta al PMA la hizo la Policía en una audiencia de diciembre pasado, el concepto de la Anla que se dio este miércoles, avalando el plan de aspersiones, se había retrasado debido a una tutela de comunidades de Nariño.
Esa tutela de las comunidades de Nariño es contra una resolución del Ministerio del Interior que decía que para las aspersiones no se necesitaba hacer consultas previas en las comunidades. Aunque el recurso no se ha resuelto, en el trámite la magistrada del caso concedió medidas cautelares y suspendió provisionalmente la resolución, lo que había dejado en vilo la audiencia de la Anla y la decisión sobre la modificación del PMA.
En un auto del 13 de abril, la Agencia cita que tras ser notificados de las medidas cautelares en la tutela de Nariño, "esta Autoridad Nacional a través del Auto 49 del 14 de enero de 2021, dispuso suspender la actuación administrativa iniciada mediante Auto 12009 del 30 de diciembre de 2019, correspondiente a la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental".
Pero prosigue el auto, firmado por la subdirectora de Evaluación de Licencias Ambientales, que se levanta esa suspensión con base en el Decreto 380 de 2021, expedido esta semana por el Gobierno.
El decreto establece que la Anla debe analizar un Plan de Manejo Ambiental General y si el Consejo Nacional de Estupefaciente autoriza el regreso de la aspersión, la Anla deberá hacer seguimiento a Planes de Manejo Ambiental Específicos que se deben radicar antes de asperjar cada polígono específico. Y señala que el momento oportuno para estudiar la procedibilidad de una consulta previa ese ese.
"Con el fin de proteger el derecho fundamental a la consulta previa, el momento procesal oportuno para allegar el requisito de acto administrativo de determinación de procedencia y oportunidad de dicho mecanismo consultivo será la radicación del Plan de Manejo Ambiental Específico respectivo", dice el decreto del Gobierno.
Citando esa parte del decreto, la Anla dice en le auto 02134 del 13 de abril del 2021:
"Esta Autoridad Nacional considera que en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, adicionado por el Decreto 380 de 2021, es procedente levantar la suspensión de los términos de la actuación administrativa iniciada mediante Auto 12009 del 30 de diciembre de 2019, correspondiente a la solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental impuesto mediante Resolución 1065 del 26 de noviembre de 2001, para la actividad 'Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato – Pecig' con fin de dar continuidad a la evaluación del Plan de Manejo Ambiental presentado por la Policía Nacional".
Así las cosas, esta determinación allanaría más el camino para el Ejecutivo, que ha insistido en el regreso del herbicida, y en una resolución de este 14 de abril, la Anla aprobó la modificación del PMA del Pecig, valorando la información que recibió en la audiencia pública de diciembre.
Sobre el trámite de la Anla hay otra tutela, que fue seleccionada para revisión en la Corte Constitucional. Es una tutela de Dejusticia en la que se pide proteger los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes a la participación, acceso a la información, transparencia, consulta previa, consentimiento previo libre e informado, debido proceso y acceso a la justicia ambiental.  Para la entidad, esos derechos se vulneraron con la audiencia de diciembre de la Anla.
Fichero

¿Qué falta para el regreso del glifosato?

El trámite en la Anla es clave pues en la aprobación del Plan de Manejo Ambiental del plan de aspersión está el concepto previo ambiental que, por ley, esa entidad debe dar antes de que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) pueda reunirse a decidir si le da vía libre al regreso de las aspersiones. 
Estas fumigaciones están suspendidas desde 2015 por decisión del CNE, ante la clasificación del herbicida como “probablemente carcerígeno para humanos”; y desde 2017 la Corte Constitucional impuso varios requisitos para volver a las aspersiones.
Uno de esos es cumplir con el concepto previo de riesgos ambientales de la Anla, que este miércoles 14 de abril se dio.
Otro de los requisitos es un concepto previo en riesgos sobre la salud, que debe hacer el Instituto Nacional de Salud (INS). Ese concepto, según confirmó la entidad, ya está listo y se entregó al Ministerio de Salud
Además, la Corte exigió una regulación del programa de erradicación hecha por una entidad distinta a la ejecutora del programa, que es la Policía. El decreto firmado el 12 de abril es esa  regulación. La normativa fue hecha por el Ministerio de Justicia, por lo que cumple con ser una entidad independiente a la Policía.
El decreto, además, cumple con otro de los requisitos de la Corte Constitucional, que es establecer un mecanismo para recibir las quejas de los ciudadanos por posibles afectaciones derivadas de la aspersión.
Otro de los requisitos es que debe priorizarse la sustitución voluntaria de cultivos y la erradicación manual sobre la aspersión aérea, que, expuso la Corte, debe ser la última opción. Es decir, el gobierno deberá probar que todo lo demás falló, y por eso, como última ratio, se requiere la aspersión.
Únicamente cuando el Gobierno cumpla todos los pasos puede citar al CNE, único encargado de dar luz verde para la reanudación de las fumigaciones aéreas. En ese Consejo se da por descontado que se apruebe la aspersión, pues la mayoría de integrantes son parte del Gobierno, los únicos externos son la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía.
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

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