A juicio ganaderos que se habrían quedado con pueblo atacado por Auc

A juicio ganaderos que se habrían quedado con pueblo atacado por Auc

La Fiscalía consideró que los dos empresarios se beneficiaron de la "barbarie" de los paramilitares.

Casas pintadas por las Auc

Paramilitares declararon en el proceso contra los dos ganaderos.

Foto:

Cortesía de la comunidad

Por: Justicia
07 de marzo 2019 , 08:55 a.m.

La Fiscalía llamó a juicio a dos ganaderos que, según la investigación, tendrían a su nombre los lotes de al menos 65 familias que fueron desplazadas de sus hogares tras una violenta incursión paramilitar en el municipio de Pivijay (Magdalena).

El 7 de junio de 1999 paramilitares ingresaron al corregimiento de Salamina, reunieron a todos sus habitantes para notificarles de su llegada. Luego fue asesinada la inspectora de policía y otros dos jóvenes. Con maquinaria pesada tumbaron las casas, la escuela La Esperanza y el puesto de salud. Los paramilitares arrasaron con el pueblo hasta el punto de que según la misma investigación el corregimiento desapareció hasta de los mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Los predios de los desplazados terminaron a nombre de José Vicente Rueda Guarín y Adolfo Díaz Quintero, investigados por la Fiscalía por el delito de desplazamiento forzado. Aunque en primera instancia se cerró la investigación a Díaz Quintero el caso llegó a un fiscal delegado de tribunal que los llamó a juicio los dos por ese delito.

Uno de los testigos, ‘Cara de Niña’, sostuvo que los dos ganaderos “tenían fincas pegadas a Salamina y hoy en día son dueños de todo eso. Ellos buscaban que se les vendieran las tierras y si no lo hacían los amenazaban con las AUC y buscaban comprar sus tierras a bajo precio”.

Y Dany Daniel Velásquez Madera sostuvo que los dos ganaderos asistían a reuniones con paramilitares “y eran colaboradores del grupo”

En el expediente está el testimonio de Alfonso de León Hernández, quien tuvo que abandonar el caserío y que el predio familiar fue vendido a Vicente Rueda “porque el que no vendiera de todos modos iban a cerrar”. Dijo que a su padre le dieron cien mil pesos por la parcela y la plata se la dieron tres meses después de abandonarla.

Otro de los desplazados del corregimiento Pedro Antonio Valencia dijo que no le pusieron un revólver en la cabeza para vender su predio pero que “todo el que se quedó ahí y no quiso vender lo mataron”.

En su decisión, la Fiscalía ha señalado que los dos investigados “sacaron provecho” de actos de barbarie de los paramilitares que tomaron “como botín algunos enseres y pertenencias de las víctimas y ante la indefensión, el temor y la amenaza que padecían los residentes, no tuvieron otra alternativa sino la de abandonar sus queridas parcelas”.

Añade el ente acusador, y ante un recurso interpuesto por el Colectivo de Abogados en representación de las víctimas, que el día anterior a la incursión paramilitar, los ganaderos se reunieron con ese grupo ilegal.

La Fiscalía indica en la decisión, expedida el año pasado, pero notificada hasta ahora a las partes, que quedó demostrado que Díaz Quintero “fue adquiriendo tierras a las personas que tuvieron que desplazarse” y que si estas personas no vendían igual sus lotes eran cercados.

Cuestiona el ente acusador que el ganadero era un hombre acaudalado y que incrementó “sus propiedades a expensas de la triste realidad de los desplazados a quienes les pagó sumas mínimas frente al valor real, lo que hacía que su fortuna se incrementara visiblemente”.

Durante la investigación, la defensa de los ganaderos ha señalado que ellos son compradores de buena fe y que realizaron los negocios sin ningún tipo de presión. Igualmente han cuestionado que varios de los testigos se han retractado de sus declaraciones iniciales.

JUSTICIA

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